Anuario 2006. La lucha antiinflacionaria marcó la economía

El crecimiento y las cuentas pendientes

La Argentina saldó deudas con el Fondo Monetario. El desempleo, duro de bajar

Sandra Cicaré

El 10 de diciembre del año que hoy arranca la Argentina tendrá que estar tocando la puerta del Purgatorio, después de haber vivido en el Infierno si se cumplen las previsiones que el 9 de julio pasado anticipó el presidente Néstor Kirchner en un discurso independentista -aprovechando la fecha- en el que resaltó como un antes y un después en la vida económica del país el pago de la deuda al Fondo Monetario Internacional (FMI).

¿Serán ese día más independientes los argentinos, como se vaticinó el 2 de enero de este año cuando el gobierno desembolsaba 9.500 millones de dólares al Fondo? ¿O para avanzar en ese sentido habrá que demostrar mucho más que las cifras de crecimiento del consumo -que para Navidad subió un 17% respecto de 2005 y se duplicó respecto de 2002- superávits gemelos o un Producto Interno Bruto que cerró en el tercer trimestre de este año un 7,9% por encima del mismo período del ciclo pasado?

Este póker de nueves que el gobierno ya festeja por anticipado, con cuatro años consecutivos de crecimiento a ese nivel, marca el rebote de una Argentina que este año logró avanzar en el desendeudamiento externo y se libró de hacer los deberes ante los organismos multilaterales de crédito, pero abre el interrogante sobre la continuidad de un modelo que por primera vez después de tres años empieza a presentar síntomas de resentimiento en la medida en que el cuchillo no llegue al hueso y no se resuelvan problemas clave como el desempleo, el trabajo en negro, el acceso al financiamiento para las empresas y los cuellos de botella del sector productivo por la escasez de inversiones, especialmente en infraestructura y energía.

El 2006 cierra con un nivel de desocupación del 10,2% que está muy cerca de romper con la histórica marca de los dos dígitos, pero el trabajo no registrado alcanza a casi la mitad de los trabajadores del país, aquellos rezagados a la hora de la discusión salarial y en el reparto de los beneficios sociales.

Son parte de ese universo de argentinos que no podrán gozar del seguro de desempleo que en marzo de este año el gobierno elevó de 250 a 400 pesos y los que tampoco recibirán los beneficios del aumento del 20% en las asignaciones familiares dispuesto el 19 de diciembre pasado.

Para la región, la pelea planteada por los operarios de la química ICI de San Lorenzo en defensa de sus condiciones de trabajo marcó este año una señal de hasta los límites del sector empresario a la hora de avanzar en las prácticas de flexibilización laboral reinantes en los 90. De hecho, el conflicto que incluyó una toma prolongada de la planta y que en mayo se zanjó necesitó no sólo de la negociación entre las partes sino además la gestión de los gobiernos provincial e incluso nacional en el tema.

A lo largo de este año, hubo sobrados indicios de hasta dónde es capaz de avanzar la administración de Kirchner en la discusión sobre la real distribución de los ingresos, quizás el debate que se presenta como ineludible en una economía que no desacelera.

La batalla se dio en varios frentes, pero la más clara fue la planteada contra la inflación, donde la solución pasó por los acuerdos de precios por sectores -que abundaron en enero de este año y se repitieron durante el resto de los meses- pero que nunca avanzó sobre el reparto de las ganancias, salvo el intento discursivo planteado a fines de año por la ministra de Economía Felisa Miceli, quien aseguró que "no hay política de control de precios sino de control de ganancias".

Por caso, los números difundidos por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) para el último trimestre de 2006 indican que la brecha que separa a los sectores de menores ingresos de los de mayores ingresos en el país es de 35 veces, aunque con un retroceso de 16% menos que en el mismo período del año anterior.


Salir del laberinto
Así como en la leyenda cretense Teseo logró superar el laberinto y vencer al indomable Minotauro gracias a la alianza con Ariadna, el gobierno pudo en todo 2006 consensuar, a veces bajo presión, con los distintos sectores formadores de precios para controlar la inflación, pero aún no se vislumbra cuál será la "espada mágica" (parafraseando la historia) que le permita matar a un rival tan poderoso como los sectores formadores de precios que empujan la inflación, aquella que pulveriza cualquier recomposición salarial y salir así de este sendero sinuoso.

El índice de precios al consumidor (IPC) acumuló hasta noviembre una suba del 8,8% respecto de diciembre 2005, aunque fue amortiguada por los controles de precios.

El gobierno buscó además inyectar liquidez al mercado y no desalentar un consumo que venía retrasado. Para eso, alentó las discusiones salariales por sectores que se fueron sucediendo a lo largo del año. "Los trabajadores no generan inflación", dijo Kirchner en abril de 2006 para conformar al sector camionero que pujaba por un aumento. Pero por las dudas puso un techo infranqueable del 19%, una cifra que marcó las paritarias de este año.

En tanto, en marzo se elevó el piso del impuesto a las ganancias para los trabajadores, un tributo que pagarán sólo aquellos en relación de dependencia cuyos salarios superen los 3.200 pesos si están casados y 2.400 si son solteros.

La medida quedó perimida casi a fin de año y nuevamente el sector de los empleados petroleros salió a reclamar un piso más elevado. Si bien ellos resultaron beneficiados, el gobierno rechazó a principios de diciembre la posibilidad de extender la medida al universo de los trabajadores.


Dos caras de una moneda
En paralelo a aquellos intentos de recomposición de los ingresos aparecía la contracara del modelo. Así, mientras desde Economía y Comercio Interior se controlaba que la canasta básica no se disparara, se seguían haciendo concesiones a los sectores dominantes de la economía. Por caso, el 12 de octubre de este año -y aquí la fecha es pura coincidencia- el Senado aprobó la ley de hidrocarburos mediante la cual el gobierno fijó un régimen de incentivos a la exploración y explotación de hidrocarburos y convalidó así buena parte de las reglas de juego que había establecido el menemismo para el sector petrolero.

De ese modo, para garantizarse la producción y reservas de petróleo y gas en medio de una crisis energética que amenaza el crecimiento, el gobierno le garantizó a las empresas -que vale recordar no habían invertido nada en la década pasada- por 15 años la devolución anticipada del IVA, amortización acelerada de ganancias, exención del impuesto a la ganancia mínima presunta y la libre importación de maquinarias y equipos.

Al mismo tiempo, empezaba en el país a manifestarse el malestar de los empresarios de estaciones de servicios, que dura hasta estos días, quienes encararon sucesivos paros o lock out patronales en reclamo de reducciones de cargas impositivas y para que las petroleras cedan parte de su renta. A la misma disputa, pero en este caso por el salario, se subieron los empleados del sector.

Por otra parte, la administración kirchnerista adjudicó los primeros días de octubre de este año a la alemana Siemens la licitación para construir las centrales térmicas de ciclo combinado en Timbúes y Campana, que tendrán un costo final cercano a los 1.000 millones de dólares y permitirán incrementar la oferta energética del país.

En tanto, Kirchner selló un acuerdo con Bolivia para garantizarse por 20 años la provisión de gas cuatro veces superior al actual, sólo que un 50 por ciento más caro.


El crédito tan ansiado
En este péndulo de medidas, el gobierno logró suspender por ley los remates de deudas hipotecarias y a principios de agosto tomó el guante de un reclamo recurrente: una solución para el mercado de alquileres que amenazaba el contenido índice inflacionario.

Sin embargo, la respuesta al déficit habitacional de los argentinos plasmada en la oferta de créditos para inquilinos anunciada el 15 de septiembre último resultó como el dicho "mucho ruido y pocas nueces". De hecho, el gobierno tuvo que acordar con un sistema financiero que demostró estar muy recuperado de aquellos tiempos en los cuales debía acorazarse para evitar la descarga de la bronca de los ahorristas.

Aunque a poco de terminar el año la Corte Suprema de Justicia avaló la pesificación y las entidades deberán devolver a quienes hicieron juicios los depósitos atrapados en pesos equivalentes a $1,40 más CER y una tasa compensatoria del 4% anual, el impacto sobre el sistema financiero será prácticamente neutro, ya que los bancos tendrán casi dos años para amortizar sentencias y la mayoría ya asumió buena parte de estos costos a lo largo de estos años.

Por eso, los bancos siguieron consolidando su papel en la economía y los grupos nacionales su participación en ese mercado. Así en mayo de este año y tras un largo proceso piloteado por el Nación, el banco Macro Bansud se quedó finalmente con el Bisel, uno de las entidades que quedó a la deriva tras la retirada del francés Credit Agricole del país, por la abultada cifra de 800 millones de pesos.


Superávit y campo
A poco de dar una vuelta de página en el almanaque la ministra Miceli aseguró que el superávit fiscal permitió acumular 2.898 millones de pesos, una cifra que representa un 16,7% por encima de lo presupuestado, superior al 3% del PIB.

Y anticipó que no habrá modificaciones en materia impositiva, no sólo en los gravámenes vinculados con el consumo como el IVA sino tampoco en los que impactan en la producción, como las retenciones a las exportaciones.

En 2006 fue quizás el año en el que se consolidó el papel recaudatorio del Estado. A través de una Afip modernizada el gobierno trató de no dejar frente abierto y sumado al tema ganancias anunció avances sobre el impuesto a los bienes personales (riqueza). Un caso emblemático pero con poco resultado fue cuando el titular del organismo, Alberto Abad, anunció en enero pasado que saldría a la caza de los ricos de Rosario, investigando a propietarios de inmuebles en barrios caros y automóviles de alta gama.

El año que arranca con el pie derecho para los jubilados, ya que a partir de mañana empieza a regir el aumento de 90 pesos para los que cobran el haber mínimo y del 13% para el resto, anunciada en septiembre pasado, no trae demasiadas expectativas para el sector agropecuario, que arrancó mal y terminó peor en su relación con el gobierno.

En un contexto de precios inmejorable -la soja abrió el año a 520 pesos la tonelada y lo cerró por encima de los 640 pesos y el maíz superó esa performance- el sector agropecuario no pudo o no supo soportar la presión que ejerció el gobierno. Ni eligiendo el lugar de víctima de un modelo ni presionando para demostrar su peso en la economía argentina mediante dos paros de masiva adhesión, pudo contrarrestar la batería de acciones oficiales que lo involucraron como el cierre de las exportaciones de carnes, trigo y maíz o la suba de las retenciones a los lácteos (ver aparte).

A nivel internacional, mientras el conflicto con Uruguay por las papeleras sigue sin soluciones a la vista, la Argentina logró cerrar un beneficioso acuerdo automotriz con Brasil y pudo destrabar buena parte de las demandas ante el Ciadi por parte de las compañías privatizadas, la primera de ellas en febrero de este año por parte de Telefónica de Argentina.

Como contraparte, el gobierno se comprometió a revisar los contratos con las compañías prestadoras de servicios y sobre fin de año anunció que los primeros días de 2007 autorizaría los reajustes tarifarios para grandes consumidores de las distribuidoras de luz y gas que operan en Buenos Aires.

Quizás como un mal presagio, el 22 de septiembre pasado el interventor de la EPE, Luis el Halli Obeid, aseguró que "este verano habrá menos cortes de luz" y poco tiempo pasó para que los hechos echaran por tierra sus palabras y en diciembre se escuchó decir al funcionario "si el calor crece la situación se complica", dejando al descubierto problemas estructurales ligados con la falta de inversiones suficientes para atender una demanda en crecimiento.

Pensando atender una situación que arrastra más de una década de atraso en esa materia, el gobierno lanzó este año el Plan Energía Plus a través del cual obliga a los industriales a procurar su propia generación por la demanda que exceda lo consumido el año pasado y prioriza el abastecimiento a los usuarios residenciales y pymes.

Sin embargo, presiones y quejas mediante, finalmente termina el año sin que el plan se haya puesto en marcha aún, fundamentalmente porque a nivel oficial aún siguen poniendo en primer plano el control de la inflación y reclamarle el pago de una energía más cara a un empresario con el que se acordó congelar precios parece poco viable.

La cortina de 2006 se cierra y tras ella quedan una industria que creció al 8,3% y una construcción que le empardó. Una ley de riesgos del trabajo -innumerables veces retocada y cuestionada por la Unión Industrial Argentina- que espera consensos, la definición de un marco regulatorio para la medicina prepaga, un sector automotriz que empezó a despegar y cuya capacidad instalada ociosa le da resto para seguir creciendo. Una Argentina que a los ojos del mundo experimentó un rebote inédito, al punto tal que Brasil encaró una ola de inversiones especialmente en el sector alimenticio como la compra de los frigoríficos Cepa por parte Friboi/Swift o de AB&P a cargo de Marfrig, que si bien expresan las buenas perspectivas locales abren los ojos sobre la deuda en materia de financiamiento que hoy existe fronteras adentro.

Pero fundamentalmente quedan en el anuario un conjunto de argentinos que se animaron a consumir, se lanzaron nuevamente al mercado de trabajo y pudieron, al menos este año...transitar un diciembre tranquilo.

En tanto, a nivel local el gobierno de Lifschitz enfrentó serios cuestionamientos sobre el destino de los gastos del presupuesto fundamentalmente cuando se decidió encarar una nueva capitalización del Banco Municipal por 7 millones de pesos. El proceso, que incluyó dotarlo de un nuevo perfil con cambio de autoridades incluido, -hoy lo conduce el ex titular de Hacienda Carlos Fernández- también contempló la creación de fideicomisos y un régimen de asociación público-privada.

La región empezó a aparecer en la escena grande de la política nacional y fue receptora de obras o anuncios como el tren rápido que la unirá a Buenos Aires, la central térmica de Timbúes o el desembarco de emprendimientos privados de multinacionales como Accenture.

En tanto, desde el sector comercial se intentó responder con acciones a las necesidades puntuales planteadas por la inflación. Así surgieron los denominados Consenso Rosario I y II, a través de los cuales supermercadistas, almaceneros y organismos de defensa del consumidor se unieron para ofertar una canasta a la medida del bolsillo de los rosarinos.

En medio, el titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip), advirtió que saldría a cazar ricos en Rosario y anunció una campaña para investigar a los propietarios de inmuebles en barrios caros y automóviles de alta gama.


Tecnlogía a full
Como una fórmula para vender a la ciudad y sus atractivos, se creó sobre fin de este año un nucleamiento público privado para avanzar en la denominada Marca Rosario. Pero la intención no sólo es despuntar la veta turística sino presentarla como un escenario donde hacer negocios remarcando sus perfiles productivos.

En ese marco, la tecnología cobró protagonismo de la mano de las acciones del Polo Tecnológico Rosario que en 2006 buscó esencialmente diversificarse a través del desarrollo de productos de mayor valor y lanzó un nuevo plan estratégico.

Además se anunció la creación de un centro de genómica bovina en Rafaela y en diciembre se firmó el convenio para la construcción en Rosario del Centro Binacional de Genómica Vegetal con España.

A nivel local y provincial también se sintieron los impactos de hechos que marcaron al país, como la detección en febrero de un nuevo brote de aftosa. Se cerraron los mercados de exportación e inmediatamente los frigoríficos exportadores -esencia de la matriz productiva provincial- licenciaron a su personal.

En Rosario, el Swift dio vacaciones forzadas a su personal, pero luego el gobierno nacional decidió subsidiar el pago de los sueldos para las industrias afectadas.

En tanto, para paliar la crisis del sector lácteo, la provincia lanzó créditos para los tamberos por 200 millones de pesos.

En marzo, en sintonía con la decisión del gobierno de Kirchner de dar previsibilidad al suministro energético, se anunciaron inversiones por 45 millones para la EPE en Rosario, dentro de un plan más ambicioso por algo más de 500 millones.

Pero en una ciudad que sobre fines de año tiene 170 nuevos edificios con 2.400 departamentos, comenzaron a plantearse los inconvenientes que podría provocar semejante nivel de construcción. Así, el Concejo municipal convocó a directivos de las empresas de servicios (EPE, Aguas) para que informen sobre la calidad de la prestación ante la presencia de nuevas unidades habitacionales.

La región que rebotó más rápido que el resto de la economía, aún tiene deudas pendientes, por caso remontar el 42% de trabajo en negro e incluso recuperarse de los estragos de la pedrea que golpearon con furia las finanzas locales sobre fin de año.

La construcción creció más del 17 % en un año. Motorizó la actividad económica.