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 sábado, 27 de diciembre de 2003

La confesión. El Congreso debatirá una nueva reforma
El oficialismo derogará la ley laboral en febrero próximo
El Ministerio de Trabajo acelera los pasos para elaborar el proyecto. Desacuerdo entre los bloques

El oficialismo del Congreso espera derogar la reforma laboral, aprobada bajo sospechas de pago de sobornos, en las sesiones extraordinarias de febrero, aunque aguarda con ansiedad conocer el proyecto que se encuentra en elaboración en el Ministerio de Trabajo para definir su estrategia.

Los principales referentes del gobierno en el Parlamento apuntan a febrero al momento de predecir una fecha de debate. Mientras el gobierno avanza con una ronda de consultas a sindicalistas y especialistas, en el Congreso comenzaron a dividirse las posiciones frente al final anunciado de la controvertida reforma laboral aprobada el 25 de abril de 2000.

Encolumnado con la postura del gobierno, los diputados y senadores del PJ rápidamente tomaron posición a favor de la derogación y el jefe de bloque de la Cámara baja, José María Díaz Bancalari, propuso incluso reemplazarla por una legislación que reconstruya parte de los derechos laborales perdidos por los trabajadores a través de las leyes de flexibilización.

Pero la oposición representada por el ARI, los socialistas y el resto de los partidos recostados en la izquierda del Parlamento propusieron avanzar hacia la nulidad lisa y llana de la ley.

Mientras la derogación sólo elimina los efectos de la reforma laboral hacia el futuro, la anulación permite que los convenios y los acuerdos sellados en el pasado bajo el paraguas de sus artículos puedan ser impugnados en la justicia.

De hecho, cuando Díaz Bancalari hizo oficial la decisión de derogarla se ocupó de aclarar que había que "tener cuidado de no espantar la incipiente reactivación", una salvedad que fue interpretada como una señal de tranquilidad dirigida a los empresarios.

En principio, el oficialismo se encargó de enfriar el debate en el Congreso y aprovechó la interrupción que provocan las fiestas navideñas y luego se extiende con el feriado de año nuevo para postergar una decisión. Sus operadores del Parlamento no moverán una ficha hasta tanto el gobierno no envíe un proyecto específico.

A su vez, la elaboración de la derogación es materia de consultas entre la CGT y los empresarios y, por lo tanto, es factible anticipar que el Poder Ejecutivo se demorará unas semanas hasta definir una propuesta.

Mientras tanto, el gobierno tendrá hasta marzo el manejo absoluto de los tiempos, ya que durante las sesiones extraordinarias de verano es el Poder Ejecutivo el único habilitado para fijar los temas de discusión del Parlamento.

Entre los puntos más cuestionados de la reforma aliancista se destaca la extensión del período de prueba, que permite a una empresa pequeña o mediana despedir a un empleado sin pagarle preaviso ni indemnización hasta un máximo de un año después del inicio de la relación laboral.

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Camaño y Bancalari, espadas peronistas.

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