El caso Pérez Blanco: La inteligencia en la universidad

La polémica por la decisión de la UNR de indemnizar a un ex agente del Ejército reabre una oscura etapa en el pasado reciente y plantea un nuevo desafío para la memoria

Osvaldo Aguirre / La Capital

Entre la 1.30 y las 4 del 8 de octubre de 1984 un grupo de aproximadamente quince personas tomó por asalto los Tribunales de Rosario y vació el Juzgado de Instrucción de la 10ª Nominación. Unos 150 sumarios, registros que acreditaban el seguimiento y la persecución de militantes políticos, estudiantes, obreros y profesionales, ficheros y archivos de la represión durante la dictadura militar en Rosario se perdieron entonces sin que existiera una investigación judicial acorde con la magnitud del suceso. El material había sido secuestrado días antes en los domicilios de tres agentes civiles de los servicios de inteligencia del Ejército. Uno de ellos era Jorge Walter Pérez Blanco, el mismo al que las autoridades de la Universidad Nacional de Rosario podrían indemnizar en 30 mil pesos, por el tiempo que lleva fuera de su cátedra, en la Facultad de Medicina.

   Pérez Blanco ingresó en Medicina en 1978, como auxiliar en Medicina Legal. Era la época de mayor actividad de los servicios de inteligencia del Ejército, de acuerdo al extenso relato de Gustavo Francisco Bueno, alias Germán Benegas, ex agente que declaró ante la Conadep. Una tarea minuciosa y persistente, que tuvo como blanco principal las aulas de las distintas facultades de la Universidad Nacional de Rosario, Allí también se encontraba Ana Christeler, “miembro con trabajo real en el departamento de extensión universitaria de la UNR y la obra social de la universidad”, que “empieza a reclutar otras mujeres y las va pasando a consideración de (el teniente coronel) Guerrieri”.

   Bueno definió a Pérez Blanco como “el súper espía, él espiaba a todo el mundo”, aclaró que servía al Ejército y que fue el hombre de confianza de Oscar Pascual Guerrieri, el militar que habría planificado el centro de exterminio que funcionó en La Calamita. Alrededor de cien militantes fueron llevados a esa quinta de Granadero Baigorria; y hasta el momento se conocen sólo dos sobrevivientes.

   Estudiante del Colegio Militar de la Nación, donde dijo haber conocido a Andrés Rebecchi, hermano de Eduardo Rebecchi, otro agente civil del Ejército que ya en 1974 pasaba por estudiante de abogacía en la UNR, Pérez Blanco desarrolló otras actividades. Fue pastor de una iglesia de la zona sur de Rosario, tuvo un programa de radio, integró la Asociación Internacional de Policía y creó organizaciones ligadas a la colectividad rumana. “Tenía unos archivos terribles con gente de Rumania”, dijo Bueno.

Denuncias

   Los organismos de derechos humanos denunciaron desde el primer momento a Pérez Blanco ante las autoridades universitarias. El 28 de noviembre de 1984 el presidente de la Delegación Santa Fe de la Conadep, Manuel Blando, informó al rector Artemio Luis Melo sobre los antecedentes del ex agente y las “denuncias recibidas incluso desde la comisión central de la Conadep” que lo involucraban, junto a Eduardo Rebecchi, “con grupos paramilitares y/o parapoliciales que habían tenido intervención en actividades represivas en esta ciudad”.

   Pero el agente de inteligencia continuó en funciones en la cátedra de Medicina Legal. También dio clases de posgrado en Criminología. Recién fue suspendido en 1998, cuando los organismos de derechos humanos volvieron a exhumar sus antecedentes. Pérez Blanco no pudo ser investigado por su actuación en la represión, ya que su nombre apareció entre los beneficiados por la aplicación de la ley del Punto Final. Pero pudo recurrir a la justicia para accionar contra la universidad. La Corte Suprema de Justicia resolvió el pleito en su favor.

   El 1º de noviembre las autoridades de la UNR firmaron el decreto que dispone la indemnización y alegaron que no tenían otra alternativa que acatar el fallo de la justicia. Pero veinte días después el Consejo Superior aprobó por unanimidad la medida de no innovar. Dirigentes de Coad dijeron que el año pasado la entonces fiscal Griselda Tessio pidió la indagatoria de Pérez Blanco. De concretarse, no sería la primera declaración en esa situación del ex agente, ya que el 9 de noviembre de 1984 prestó declaración indagatoria ante el Juzgado de Instrucción de la 10ª Nominación, en la causa donde se investigaba el hallazgo de los archivos de la represión y donde contaba con pedido de captura, junto a Rebecchi y a Teresa Gaona de Cobe.

Del mismo palo

   Gustavo Francisco Bueno fue un oficial de la policía provincial que integró el destacamento 121 de Inteligencia del Ejército. Participó en operativos de la represión: familiares de María Sol Pérez, militante de la Juventud Peronista desaparecida en 1977 en la Jefatura de Policía, lo reconocieron como miembro de un grupo de tareas que intentó intimidarlos para que desistieran de la búsqueda. Pero posteriormente abandonó sus funciones y terminó por declarar ante la Conadep.

   En su relato, Bueno describió en detalle personalidades y acciones de los agentes de inteligencia del Ejército. Así, señaló que Francisco Scilabra —también integrante de la policía provincial— y “un señor que se llama Pérez Blanco” eran los principales responsables de lo que denominaban “operaciones psicológicas”. Apodado W, Walter West o Jorge West, el segundo “pertenecía al Ejército, o sea, estaba en actividad, era un personal civil de inteligencia”.

   Las “operaciones psicológicas” consistían en “la atribución de determinados hechos, (los cuales) se los achacaban a la subversión”. Bueno dio como ejemplo el caso de dos jóvenes militantes del Ejército Revolucionario del Pueblo que aparecieron acribilladas en San Juan y España, en 1975. “La acción se la cargan como que era un ajuste de cuentas entre dos organizaciones políticas”, dijo.

   El vínculo de Guerrieri y Pérez Blanco apareció en varios tramos del relato de Bueno. “Era la quinta columna que tenía Guerrieri entre los AEI, la Agrupación Actividad Especial de Inteligencia o reclutamiento de información; le llamaban «el hombre de las intrigas palaciegas»: es una persona inteligente, pero lamentablemente la inteligencia la utilizaba para todo tipo de cosas extrañas”.

   Esas “cosas extrañas” consistían en la “inclusión de fichas falsas en Jefatura (de Policía), creación de prontuarios, creación de antecedentes: ese tipo de actividades a las que llamaban desinformación”.

   Pérez Blanco estaba preocupado por la formación de los agentes de inteligencia y por la eficacia con que cumplían sus tareas. “Había sido en una época instructor en la escuela de preparación de agentes de inteligencia en Buenos Aires y lo echaron. Entonces él le propuso a Guerrieri dar formación teórica, todas las veces que se pudiera durante la semana, sobre la metodología a utilizar para determinar fehacientemente la actividad informativa”, dijo Bueno.

   El agente impartía esos cursos en las oficinas que por entonces tenía en el pasaje Pan. “Creó un compendio, cuestionarios, preguntas y técnicas para llegar a la determinación más o menos aproximada sobre la vida de una persona —recordó Bueno—. Los cursos eran muy mediocres, lo que él quería realmente era medir la capacidad de cada uno, porque un prurito de él era que estaba en mejor nivel que cualquiera de nosotros, entonces hacía sus calificaciones y realmente era un sondeo, ya que después se encerraba horas con Guerrieri”.

   Pérez Blanco “era el súper espía, espiaba a todo el mundo, y le hace al bocho a Guerrieri diciéndole que nosotros no dábamos pelota a nada, que lo único que nos interesaba era cobrar el sueldo”. El conflicto se desató cuando un agente desoyó la orden de hacer una vigilancia en la Facultad de Medicina. “Nunca pisé la universidad, me van a decir botón”, argumentó el espía.

   Cuando se descubrió el incidente, “Guerrieri dice: «aquí se acaban los intelectuales» (llamaba así a los que recopilaban información)”. Bueno fue asignado a la custodia de la casa de Pérez Blanco. “Teníamos que hacer turnos de ocho horas de guardia, sentados dentro de un auto, porque él decía que los subversivos lo querían matar. Estaba súper perseguido”, relató.

   El fin de la dictadura no interrumpió el trabajo de Pérez Blanco. Al allanar su casa en 1984, el juez Francisco Martínez Fermoselle descubrió un recibo de sueldo a su nombre, firmado por el entonces ministro del Interior Antonio Tróccoli.

Historia presente

   En 1999 se descubrió en la Facultad de Medicina una placa que conmemoraba a veinte estudiantes de esa casa de estudios desaparecidos durante la dictadura. Uno de ellos, Ariel Morandi, trabajaba como enfermero en el sanatorio Plaza. Fue secuestrado por la patota del Servicio de Informaciones, que luego lo entregó al Ejército.

   Ariel Morandi fue visto con vida por última vez en el centro clandestino de la Fábrica de Armas, que administraron los organismos de inteligencia del Ejército. Precisamente cuando Jorge Walter Pérez Blanco ingresaba como docente en la Universidad Nacional de Rosario.