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 domingo, 08 de octubre de 2006  
En Santa Fe todavía no se consiguen

A treinta años de la última dictadura, la existencia de archivos de inteligencia policial constituyen todavía un interrogante abierto en la provincia de Santa Fe. No hay dudas de que existieron, dados los pormenorizados informes que aportó por ejemplo el Servicio de Informaciones de la Unidad Regional II en los orígenes del expediente Feced y los hallazgos de la sección local de la Conadep en los domicilios de miembros civiles del Ejército. La incógnita es dónde están.

El robo a los Tribunales provinciales, en la madrugada del 8 de octubre de 1984, fue decisivo para mantener en sombras la existencia de tales archivos. Un grupo de tareas se apoderó entonces de la documentación recopilada por la Conadep en el curso de quince allanamientos. El material incluía cinco mil metros cúbicos de papelería, fotografías, fichas personales e informes sobre instituciones intermedias y militantes políticos, gremiales y estudiantiles.

Los archivos hallados delataban la existencia de un aparato de Inteligencia que continuaba en actividad. "Había información sobre los abogados de la Conadep y de los organismos de derechos humanos", según recuerda la abogada Matilde Bruera. Por otra parte, la Conadep había comprobado previamente que algunos procedimientos se conocían antes de su realización.

En 1994 el gobierno provincial reveló la existencia de un "archivo ideológico" en la Secretaría de Informaciones. El registro había sido elaborado entre 1969 y 1983. Seis años más tarde, el Archivo Histórico Provincial reveló que apenas contenía datos sobre empleados públicos.

Después de ese fiasco, el fantasma de los archivos de la represión volvió a presentarse en noviembre de 1999, cuando el jefe de policía de Rosario, Oscar Partal, dijo que había encontrado documentos sobre la represión en los años 70 en una oficina de la Brigada de Explosivos, en la vieja Jefatura de Policía.

Partal hizo público el hallazgo después de ser relevado de su puesto. Su anuncio parecía ligado a internas políticas coyunturales, pero en definitiva, y aunque todavía no se ha determinado exhaustivamente su carácter, se trataba de documentación con valor. Entre los más importante se cuentan libros de ingreso y egreso de detenidos en la Jefatura, con mención de detenidos que luego desaparecieron, y un archivo de negativos fotográficos de la División Criminalística. El material, secuestrado por la Justicia Federal, se encuentra bajo investigación del Museo de la Memoria.

En tanto, el destino de los expedientes robados en los Tribunales sigue siendo un enigma. Al respecto sólo hay una certeza difusa: "Esos archivos están en algún lugar", dice la abogada Matilde Bruera.
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