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 domingo, 08 de octubre de 2006  
Políticas que escapen a la lógica de mercado

El gobierno puede mostrar con orgullo que la desocupación fue bajando en los últimos años, que la balanza comercial cada vez pinta mejor y que el superávit está en índices nunca vistos para la Argentina. Sin embargo, esa percepción de crecimiento que los indicadores se ocupan de plasmar no le alcanzan a esa golpeada clase media-trabajadora que aún espera una política habitacional como la gente, que parece aún ausente en un país que se ubica en top ten de los proveedores de alimentos del mundo.

El esfuerzo del gobierno de Néstor Kirchner por contener los índices de inflación mediante el acuerdo de precios permitió frenar una escalada que hubiese sido mortal para el bolsillo de los argentinos, pero no alcanzó para romper con un sistema en el que los ingresos nunca pueden ganarle a los costos de la economía.

Y el caso de la vivienda es un hecho emblemático en ese sentido. Las políticas oficiales siguen orientadas a cubrir las necesidades insatisfechas de miles de familias que no tienen no sólo techo, sino tampoco ingresos como para poder calificar ante cualquier crédito, pero quedan rengas cuando se trata de atender a los trabajadores, profesionales, cuentapropistas, esos que en otros tiempos formaban la orgullosa clase media argentina.

Los datos oficiales de la inflación de septiembre dejaron al descubierto la incidencia del precio de los alquileres en el costo de vida, por caso, el ítem figura en la lista de los que más subieron el mes pasado 1,2% respecto de agosto y 10,9% respecto de diciembre pasado.

Por eso, el intento de involucrar la sistema financiero -público y privado- para darle un cauce a este problema a través de ofertas crediticias para inquilinos sonó como una bocanada de aire fresco para aquellos que ven cómo sus ingresos se pulverizan cuando tienen que ir a pagar el alquiler (los datos de la Uade indican que en Buenos Aires una locación se lleva cerca del 38% de los ingresos de un trabajador formal), pero se fue esfumando a medida que se conocían las propuestas concretas.

Los bancos pueden aducir que es irresponsable -no reuniría los requisitos técnicos exigidos por la autoridad monetaria- lanzarse a otorgar préstamos sin un serio respaldo y a plazos tan largos, incluso que no pueden avalar con un financiamiento elevado la "burbuja" inmobiliaria que hoy llevó por las nubes el precio de las propiedades. El argumento puede considerarse válido aún cuando todavía muchos argentinos tienen en carne viva el recuerdo de la irresponsabilidad bancaria en la crisis de 2001.

Por eso tal vez haya que pensar en una lógica distinta a la del mercado y sea responsabilidad del Estado empezar a definir políticas orientadas hacia ese segmento, el que intenta seguir confiando en que la salud, la educación y la vivienda, no son privilegios, sino derechos.
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