Los parques industriales, una prioridad

La futura titular de la cartera productiva señaló que hay desde el gobierno municipal una percepción de que “hay una fuerte tensión entre la industria local y lo urbano” y por eso una de las primeras áreas en la que comenzará a trabajar desde esta nueva función será en los parques industriales, bajo la premisa de que el Estado debe ser un actor que articule acciones con el sector privado. “No es competitivo para el pyme rosarino estar adentro de un lugar socialmente y urbanísticamente conflictivo, por tanto, tenemos que pensar también en la competitividad para ellos y será definiendo suelo industrial organizado por nosotros, buenas prácticas respaldadas desde lo público, capacitación o financiamiento”, dijo la funcionaria.

García reconoció que están pensando en nuevos terrenos para uso industrial. Por un lado, un predio de envergadura “que puede ser en el área metropolitana”, para armar un parque industrial y logístico y por otro lado, el Municipio continuará con la política de montar polígonos industriales para áreas específicas, de menores dimensiones “que no requieren tanto espacio o inversión dura o no tienen efecto conflictivo con el entorno”, dijo.

Para la puesta a punto del parque industrial, García aseguró que se barajan varias fórmulas. “A lo mejor lo compre el Estado o un fideicomiso que armemos con los potenciales usuarios, pero sin duda nosotros como Estado tenemos que intermediar en el acceso al suelo, en el acceso a la financiación, en un proyecto común”, sintetizó.

Otro de los proyectos a los que se impulsará en la nueva gestión será el desarrollo de los centros comerciales a cielo abierto. García aseguró que se está trabajando en ese tema con la Secretaría de Hacienda y el Banco Municipal a través empresa Representaciones y Mandatos SA con la idea de promover estas iniciativas.

“Esta sociedad nueva podría ser un buen actor” para estos proyectos, apuntó la funcionaria y aseguró que lo importante en este tipo de iniciativas es lograr el consenso de los vecinos en su conjunto. “Nuestra función como Estado es armar un registro de posición y si hay mayoría tomarlo como obligatorio”, dijo.

Con esta articulación estatal, el Estado cobraría un adicional en la tasa para las mejoras pensadas para el centro a cielo abierto y los fondos serían administrados por un fideicomiso que ejecute obras como veredas, iluminación, vigilancia o campañas publicitarias con un rasgo de identidad para cada barrio.