Ecos de un cambio. Tras los anuncios del Ministerio del Interior sobre la reforma de la política antidrogas

Piden que cese la persecución a los adictos y se investigue a los narcos

El reclamo lo formularon una defensora oficial y una jueza de los Tribunales Federales. Sostienen que los consumidores son rehenes de un sistema que sólo los penaliza

“A la Justicia jamás llegan los verdaderos responsables de las redes de tráfico de droga”, sostuvieron la defensora pública oficial Matilde Bruera y la integrante del Tribunal Oral Federal Nº2, Beatriz Caballero de Barabani. Ambas coincidieron en “la necesidad de dejar de perseguir a los adictos y desbaratar las bandas de narcotraficantes”, en consonancia con el anuncio realizado hace un mes por el ministro del Interior de la Nación, Aníbal Fernández (ver aparte).

   Los cambios en la política antidrogas que impulsa el gobierno nacional, y que fueron dados a conocer públicamente por Fernández, ya habían sido informados a los ministros de las distintas provincias en una reunión del Consejo de Seguridad Interior. Jueces, fiscales y legisladores de todo el país fueron puestos al tanto de la idea de incentivar las investigaciones para dar con los traficantes. Bruera y Barabani participaron de aquel cónclave en el que el ministro informó la decisión de virar el timón de la política antinarcóticos.



Estigmas. “Si bien los consumidores no suelen quedar en prisión porque se sustituye la pena por una medida de seguridad educativa o curativa, esta causa genera un estigma muy grande” afirmó Barabani. La magistrada indicó que normalmente son jóvenes los que terminan detenidos por tenencia de estupefacientes, y quedan con una causa penal abierta. Eso luego les juega en contra a la hora de intentar conseguir un empleo.

   “En una sociedad donde hay tanta necesidad de trabajo y son tantos los aspirantes a lograr un puesto, por qué van a contratar a alguien que tiene este estigma” se preguntó la integrante del tribunal oral antes de subrayar que “lejos de lograr una reinserción de estos chicos, lo que se hace es ahondar el problema”.

   En el mismo sentido se pronunció Bruera. “Cuando se condena a una persona por tenencia para consumo se le arruina la vida porque ingresa al sistema penal”. Y consideró que las medidas curativas “son ineficientes porque no puede haber medida de salud compulsiva”.



Fuera de lo penal. Ambas funcionarias coincidieron en resaltar que el consumidor “no tiene nada que ver con el derecho penal, sino que debe ser protegido y tratado en el ámbito de la salud”.

   Bruera ratificó que es “inconstitucional perseguir o penalizar a una persona que tiene una sustancia para consumo personal, porque es parte de su vida privada y no incide sobre la salud pública”.

   Durante los últimos años se apuntó a los consumidores de drogas con el argumento de que ellos eran el último eslabón de la cadena de narcotráfico, y que persiguiendo a los adictos se podría llegar a los cabecillas de la banda. “La práctica demuestra que no es así”, coincidieron las letradas, antes de insistir una y otra vez en que en los tribunales federales no hay ninguna causa en la que se esté investigando una red de tráfico de drogas.

   “Los consumidores son los rehenes de este sistema y si bien se supone que tendría que investigarse la red hacia arriba, eso nunca ocurre”, dijo Barabani, para destacar que “difícilmente un adicto denuncie dónde compró la droga, ya que eso los pone en peligro”.

   La vocal federal no olvida su paso por la defensoría oficial. “Siempre recuerdo a los padres de los chicos que buscaban ayuda y pedían auxilio para rehabilitar a sus hijos. Y esas personas no tienen nada que ver con el derecho penal. Muchas veces necesitan internación o precisan rehabilitación, pero no existe y no es materia de la justicia penal”.

   Barabani insistió en que “estos chicos nunca podrían ser penalizados” y comentó que los consumidores “a veces compran más cantidad de droga para consumo propio para evitar tener que ir varias veces a buscar”. Claro que eso también complica su situación procesal cuando se le encuentra el estupefaciente.



Connivencia. “En 41 años que llevo en Tribunales, no recuerdo que se haya desbaratado una banda de narcos”, confesó Barabani. Y dijo estar esperanzada en las órdenes impartidas por el ministro Fernández. “Creo que habrá un cambio. Si está la decisión las cosas van a mejorar”.

   Bruera admitió en tanto que “jamás llega a la Justicia la cadena de tráfico” y señaló que “la corrupción policial no es una afirmación aislada sino un problema que los tribunales federales de Rosario han manifestado en sus fallos”.

   La defensora oficial indicó que “la policía debe comenzar a investigar seriamente y no debe basar sus procedimientos en denuncias anónimas que solo sirven para detener al consumidor”. Consideró que “se deben buscar las verdaderas rutas de la droga, que no tienen nada que ver con el adicto que detienen en la calle”. Claro que remarcó que “investigar no es pinchar teléfonos ilegalmente o los procedimientos irregulares que lleva adelante la policía”.

   Por eso, Barabani consideró que “cuando el procedimiento policial es ilegal, todo lo demás queda nulo” y agregó que “si la policía quisiera vendernos a los jueces pescado podrido, nosotros deberemos estar atentos para no permitir que eso ocurra y lograr que se haga justicia”.

“En 41 años de actividad nunca vi una banda detenida”, dijo la jueza Barabani.