Editorial

Educación sexual: la fuerza de los hechos

La obligatoriedad de su enseñanza en todas las escuelas del país, públicas y privadas, constituye un indudable acierto legislativo dados los contundentes parámetros de la realidad, que aluden a los numerosos embarazos adolescentes y el descenso de la edad de iniciación tanto en mujeres como en varones.

La aprobación por parte del Senado de la Nación, con el apoyo de una abrumadora mayoría, de la ley que establece la obligatoriedad de impartir en todas las escuelas de la Argentina un programa de educación sexual integral a partir del nivel inicial merece ser saludada como un acontecimiento tan valioso como memorable. El hecho que marca la importancia de la sanción es que la enseñanza se brindará a los alumnos de todas las escuelas del país -tanto laicas como religiosas, tanto estatales como privadas- a partir de los cinco años de edad y que es la primera vez que la Argentina dispone de una norma jurídica de este tipo. Y el indicio más concreto del acierto legislativo es el fuerte respaldo que la ley ya demuestra tener entre los interesados, es decir, los propios chicos.

Y es que pese a la resistencia exhibida por ciertos sectores, la realidad posee un peso específico sobre cuya fuerza no conviene dudar. Y son los hechos los que señalan, justamente, la necesidad que poseen los chicos y adolescentes de recibir información sobre las cuestiones sexuales. Con la responsabilidad y seriedad que el tema ciertamente merece, discutir a esta altura sobre la pertinencia de brindar educación sexual pareciera ser un tópico superado por la contundencia de los acontecimientos.

La apreciación sobre el asunto del ministro de Educación nacional, Daniel Filmus -quien estuvo presente en la histórica sesión de la Cámara alta donde se sancionó la ley por la apabullante cifra de cincuenta y cuatro votos contra uno-, pareciera aproximarse a la verdad de manera suficiente: "La sanción habla de una creciente madurez, dado que lo que la ley finalmente genera es igualdad de oportunidades para todos".

Si se tiene en cuenta la elevada la cantidad de embarazos adolescentes que se produce anualmente en el país se llegará con velocidad a la conclusión de que la ley debió haberse incluso sancionado con anterioridad. Es que son los mismos adolescentes quienes reclaman a gritos que se les impartan enseñanzas en torno del sexo, dado que las encuestas más recientes indican con claridad que la edad de iniciación ha descendido en el país durante los últimos tiempos. Lo que específicamente señalan los relevamientos realizados es que el comienzo promedio para las mujeres se produce a los quince años, y en los varones, a los catorce.

Ese es, entonces, el problemático contexto social en el cual se sanciona la ley, la cual fijará contenidos comunes para toda la Argentina que luego cada provincia, municipio o escuela estarán facultados para adaptar a su propia e intransferible realidad. Textualmente: "Cada comunidad educativa incluirá en el proceso de elaboración de su proyecto institucional la adaptación de las propuestas a su realidad sociocultural, en el marco del respeto a su ideario institucional y a las convicciones de sus miembros". Nítido reflejo del espíritu respetuoso y pluralista que anima a la norma, acerca de cuya implementación concreta subsisten todavía no pocas dudas.

La única y tranquilizadora certeza es que dentro de un plazo máximo de cuatro años todos los alumnos de la Nación podrán recibir educación sexual. Sin dudas, ya era hora.