El menemista Caserta, otra vez al banquillo, ahora por estafa

El ex funcionario menemista Mario Caserta, el único condenado que tuvo el famoso caso Yomagate, afrontará a partir de hoy un juicio oral y público por el supuesto delito de administración infiel de fondos de particulares en una mesa de dinero.

El proceso estará a cargo del Tribunal Oral Nº10, integrado por los jueces Jorge Bustelo, Silvia Mora y Alfredo Becerra, y se prevé que dure cuatro días: 23, 24, 25 y 29 de agosto, cuando estaría listo el veredicto.

Junto a ocho imputados más, Caserta será enjuiciado por "administración infiel de sumas de dinero que les entregaran distintas personas a cambio de la percepción de un interés mensual de un 3%, incumpliendo el pago de los intereses y la devolución del capital en perjuicio de los inversores", se explicó.

La denuncia del caso fue realizada hace unos ocho años por uno de los presuntos damnificados, Juan Francisco Podestá. Caserta y su hija Yanina están imputados de por haber participado a partir de 1998 de la maniobra presuntamente defraudatoria.

En la causa figuran 41 damnificados, por montos que van de los 1.000 a los 160.000 dólares, según consta en la documentación. La causa fue elevada a juicio oral y público en diciembre del año pasado.

La figura delictiva "administración infiel" es similar a la que pesa sobre los imputados por el affaire IBM-Banco Nación, también a punto de pasar a juicio oral, y contempla penas de hasta seis años de prisión.

Caserta fue vicepresidente del PJ de Buenos Aires y director del Consejo Federal de Agua Potable y Saneamiento durante los primeros tiempos del gobierno de Carlos Menem, pero se convirtió en el primer funcionario de esa gestión que estuvo tras las rejas: resultó ser único condenado por el Yomagate, la causa por supuesto lavado de dinero proveniente del narcotráfico en la que también se vieron involucrados Amira Yoma, ex cuñada de Menem, y su entonces marido Ibrahim al Ibrahim.

Caserta fue responsabilizado de ser el "organizador" de una asociación ilícita que llevó adelante la maniobra y fue sentenciado en el 2003 a cinco años de prisión, pero como había estado preso tres años no debió volver a la cárcel. Además, recibió un año de prisión en suspenso por calumnias contra un comerciante que habría dicho haber sido estafado por el ex funcionario.