Cerró la etapa de instrucción

El pago de las coimas en el Senado será aclarado en juicio oral

Hay nueve acusados, entre ellos Santibañes, Alasino, Flamarique, Branda, Tell, Costanzo y Cantarero

A seis años de la apertura de la causa en la que se investiga el presunto pago de sobornos a senadores para aprobar la ley de reforma laboral, el juez federal Daniel Rafecas cerró ayer la instrucción del expediente al considerar "suficiente" la prueba reunida y pidió a la fiscalía que solicite su elevación a juicio oral.

Según fuentes judiciales, el magistrado entendió que los elementos recogidos permiten que los nueve procesados sean juzgados por cohecho (pagar o recibir coimas), que prevé una pena de hasta seis años de cárcel.

Rafecas ya le giró el expediente al fiscal Federico Delgado, quien probablemente hoy pida formalmente que el caso se eleve a juicio oral y que sean juzgados el ex jefe de la Side Fernando de Santibañes, el ex ministro de Trabajo Alberto Flamarique, el ex secretario parlamentario Mario Pontaquarto, los ex senadores del PJ Augusto Alasino, Remo Costanzo, Alberto Tell, Ricardo Branda y Emilio Cantarero y el radical José Genoud, ex presidente provisional de la Cámara.

Para cerrar esta etapa el juez valoró especialmente la confesión de Pontaquarto, quien reveló que por orden del gobierno de Fernando de la Rúa repartió 5 millones de dólares en sobornos a los senadores a fin de que votaran la reforma laboral. A esto le sumó el relato de Sandra Montero, ex empleada de Costanzo, quien el jueves pasado brindó una declaración que confirmó los dichos de Pontaquarto y que -según las fuentes- fue el "broche final" para clausurar la instrucción.

Según Pontaquarto, el dinero surgió de las arcas de la Side, por entonces a cargo de De Santibañes, y recibieron fondos ilegales los senadores hoy procesados y Flamarique.

Para dar por acreditados los hechos, el magistrado tuvo en cuenta el minucioso relato del "arrepentido", el registro de sus ingresos a la Side y los rastreos telefónicos efectuados en los celulares y líneas fijas de todos los encausados, especialmente el 26 de abril de 2000, cuando se habrían pagado los sobornos.

Los rastreos ubicaron esa noche a los senadores Alasino, Costanzo, Tell y Branda en la zona del departamento de Cantarero, en la avenida Callao de esta capital, donde según Pontaquarto él llevó el dinero para que luego fuera repartido entre los legisladores.

El juez también valoró las reconstrucciones que se hicieron de los hechos, así como la confesión por parte de Cantarero a la periodista Fernanda Villosio, ante quien admitió haber recibido las coimas y luego se desdijo.

El juez Rafecas consideró suficientes la prueba reunida en la causa.