Cuentas públicas. La centralización del manejo de recursos en el Estado nacional tensa la relación con las provincias

La coparticipación atiende en Buenos Aires

Mientras la Nación muestra un creciente superávit, el consolidado de las provincias encontró un techo

Marcos Cicchirillo / La Capital

El ciclo de bonanza económica para las arcas de los Estados provinciales iniciado luego de la crisis de 2001, está llegando a su techo. Producto de la licuación del gasto (principalmente salarios y la renegociación de sus deudas), exhibieron en los últimos años fuertes superávit fiscales que hoy están empezando a declinar. Además, la creciente discrecionalidad de la Nación en el reparto de fondos por fuera la coparticipación -que viene perdiendo peso respecto al reparto arbitrario-, coloca a las provincias en una situación de mayor debilidad frente al poder central, que expone sucesivos récords de recaudación y superávit, en proporción inversa a las jurisdicciones subnacionales.

Casi como una fotografía traída de la década pasada, Buenos Aires -a la cabeza- y otros seis distritos (Chaco, Formosa, San Juan, Jujuy, Río Negro y Tucumán), vuelven a ser las provincias más comprometidas en sus cuentas públicas. Al punto que algunos analistas consideran, con números en la mano, que podrían tener en el corto plazo problemas para hacer frente al creciente peso de sus deudas. Incluso llegar a tener problemas de default.

Como resultado de esta situación, el Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal, encabezado por la ministra de Economía, Felisa Miceli, les planteó a esas jurisdicciones-salvo a Buenos Aires- que deben presentar un plan quinquenal en el que expongan cómo planean reducir el peso de sus pasivos.

Desde la cartera de Hacienda ya venían advirtiendo desde el año pasado sobre la preocupación en torno de la evolución de las erogaciones y los pasivos de los gobiernos subnacionales. Pero la profundización de la tendencia decreciente de los superávit en las provincias prendió las luces de alarma, en un contexto en el que la recaudación en los distritos entró este año en una etapa de amesetamiento, más en sintonía con el ritmo del producto bruto interno (PBI).

La ley de responsabilidad fiscal establece que los servicios de la deuda pública respecto de los ingresos corrientes netos de coparticipación a municipios no pueden superar el 15%. Esta relación en Jujuy es del 26,4%, en Río Negro del 20%, en Tucumán del 18,8%, en Formosa del 19,6%, en Chaco del 18,3% y en San Juan del 15,2%. Con el adicional en los últimos tres casos de que todavía se encuentran en proceso de renegociación de sus pasivos.


El caso Santa Fe
La relación en Santa Fe es del 9,6%, con un stock de deuda estimado al 31 de diciembre de 2005 por el Ministerio de Economía en 1.724 millones de pesos, sin incluir la deuda flotante. La provincia cuenta a su favor con un superávit primario de 641 millones de pesos el año pasado, el mayor a nivel país.

La cartera económica nacional alertó en el informe del Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal que durante el primer semestre de 2006 se produjo un deterioro del saldo fiscal en varios distritos (ver página 6). Se destaca Buenos Aires, que a fin de año cerraría el ejercicio con un déficit de 500 millones de pesos. Por eso desde hace algunos meses el gobierno de Felipe Solá viene reclamando un readecuación del reparto de la coparticipación, en parte para hacer frente a los pagos de deuda y del incremento en el gasto.

También tiene que ver con lograr una mayor autonomía. Un ejemplo del rigor que imprime la Nación a través de la creciente centralización de fondos se vio durante las dos últimas semanas, en las sesiones del Congreso. En los debates sobre los superpoderes fiscales y la reglamentación de los DNU, la senadora Cristina Fernández de Kirchner le enrostró a su par socialista, Rubén Giustiniani, la cantidad de recursos que se enviaron a Santa Fe y, en particular, a Rosario.

Por eso, aunque la provincia figura dentro del pelotón de distritos con números saneados, desde el Ejecutivo santafesino no quieren saber nada con abrir la discusión sobre una readecuación de la coparticipación.


Se achica el margen
Un trabajo elaborado por la consultora Economía & Regiones, conducida por Rogelio Frigerio, destaca que desde que las provincias obtuvieron en 2004 el récord histórico de ahorro fiscal (más de 8.000 millones de pesos), este excedente no paró de descender. En el primer trimestre de 2006 el ahorro fiscal fue de 1.935 millones de pesos, un 33% menos que igual período del año pasado.

"Si tomamos en cuenta que durante el primer trimestre de cada año se ejecuta una porción del presupuesto inferior a la de los trimestres subsiguientes, puede preverse una caída para todo el 2006 aún más pronunciada", advierte el informe.

Los argumentos que esgrime la consultora son que "los recursos convergen a su tasa natural de crecimiento", a diferencia de lo que ocurrió desde 2002, cuando en el primer trimestre el PBI creció 38,1% y la recaudación 55,9%.

Otro punto importante que señalan es el gasto, que "lejos de moderar su expansión, sigue en continuo crecimiento, en particular el de personal". En el conjunto de provincias, el gasto se incrementó 34,8% en el primer trimestre.

Dentro de las erogaciones, se resalta el incremento del gasto en personal, donde los reclamos salariales de los estatales provinciales siguen los pasos de los empleados nacionales, pero con la diferencia de que la incidencia de los aumentos para las provincias (donde los sueldos representan el 50% de su presupuesto) es mucho mayor que para la Nación, que apenas representa el 10% de sus gasto primario.

Sin embargo, el mayor aumento que se registra en el gasto es en obra pública pero su peso en los presupuestos provinciales apenas representan el 11% de las erogaciones primaria. "El sostenimiento de tal nivel de inversión depende en buena parte de la decisión política de realizar transferencias discrecionales por parte del gobierno nacional", señalan los economistas de Economía & Regiones.

La consultora resalta que "la dinámica del gasto crece en forma más acelerada que los recursos, lo cual tarde o temprano, terminará generando déficit de las cuentas públicas" que, de prolongarse, "podrían complicar el frente fiscal".

Aunque la consultora prevé que el ahorro primario de las provincias continuará siendo positivo ($2.000 millones) el ahorro financiero será "nulo". Un resultado que hará que se registre a lo largo del año un faltante de 7.000 millones de pesos para atender las amortizaciones de deuda que tienen los gobiernos subnacionales que afrontar en 2005.

Frente a esta situación, las jurisdicciones más comprometidas ya cuentan con asistencia financiera del Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial (FFDP) a través del programa de asistencia financiera (PAF). Son $4.000 millones, que representan el 49% de las necesidades de financiamiento, de los cuales $2.000 serán para financiar el 75% amortizaciones que debe afrontar Buenos Aires.

Un entuerto que complica la posibilidad de las provincias de seguir reduciendo el peso de su stock de deudas ($77.800 millones, a diciembre de 2005).

El mayor problema de la deuda radica en que el 70% está indexado con el Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER), que debido al contexto inflacionario, sigue en ascenso.

La consultora de Frigerio considera que "se está ingresando en un escenario con tendencia al agotamiento de superávit financiero y aumento de las necesidades de financiamiento, lo que puede derivar en una crisis de deuda de las provincias".

Por otro lado, como casi la totalidad de la deuda provincial está en manos del gobierno nacional, "cualquier crisis de default subnacional trasladará los costos fiscales hacia el gobierno central, cuestión que puede terminar impactando en las cuentas fiscales de la Nación".

De allí que sea justamente el gobierno bonaerense, hoy prácticamente en soledad, quien reclame con mayor énfasis un cambio en el reparto de la coparticipación y así reducir su dependencia de la gestión "K". A pesar de que en la actualidad se vea beneficiada en la discrecionalidad en el reparto de fondos, como, por ejemplo, fue el caso del aumento de los subsidio al transporte que recibió en detrimento de obras previstas en fondos fiduciarios en otros distritos (entre ellos Santa Fe), como fue denunciado por legisladores de todos los colores políticos.
La coparticipación por el mango
Es que con el actual esquema fiscal quedan expuestas dos realidades bien diferentes a nivel de Estados en Argentina: un gobierno nacional que presenta solidez fiscal de la mano de ingresos no coparticipables (con un superávit en el primer semestre de 2006 con más de mil millones de pesos por encima de igual período del año pasado) y gobiernos provinciales que ven estancados el crecimiento de sus recursos y cada vez más dependiente de el reparto digitado de la Nación.

Los economistas de Abeceb.com resaltan que la participación de las transferencias discrecionales en el total de giros a las provincias, se elevó entre el 2002 y el 2006, del 17% al 24%, lo que "indica la mayor incidencia de las decisiones nacionales sobre las cuentas de los gobiernos subnacionales".

En el último año, los fondos girados de forma automática a las provincias crecieron un 23% ($4.962 millones), "muy por debajo del 53% alcanzado por los manejados por el gobierno central" durante el primer trimestre de 2006, señala un trabajo de la consultora bonaerense.

El aumento se explica en gran medida por las transferencias de capital ($1.135 millones) ,fundamentalmente dirigidas a obra pública, en segundo lugar se encuentran los subsidios al sector privado ($851 millones) y apenas más atrás le siguen jubilaciones y partida de salarios.

Según los economistas de Abeceb.com, "fijando un criterio de distribución automático al 45% de los recursos que maneja la Nación discrecionalmente, se solucionaría parte de la discusión en torno a la reforma del régimen de coparticipación".

Desde hace años políticos y economistas dicen que el mejor momento para una reforma de la coparticipación, en la que recupere espacio el federalismo en el reparto de los recursos frente a su creciente administración unitaria, debería realizarse en una etapa de crecimiento económico.

Sin embargo, con tasas de crecimiento nunca vistas en la Argentina, la fuerte licuación del gasto y pesificación de deudas, casi como sucede cíclicamente, hay provincias -entre las que Buenos Aires siempre destaca- que pueden caer en default mientras que el Estado central nada en recursos.

La ministra de Economía, Felisa Miceli.