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 viernes, 05 de octubre de 2007  
Exigen frenar la licitación del tren de alta velocidad a Buenos Aires
El ex ministro Lavagna fue a la Justicia para denunciar graves irregularidades. Considera que la Casa Rosada viola la ley de obra pública y causa un perjuicio a las arcas del Estado

Javier Felcaro / La Capital

Gerardo Morales, el compañero de fórmula del candidato a presidente de Una Nación Avanzada (UNA), Roberto Lavagna, presentó el miércoles pasado una medida cautelar ante la Justicia federal para frenar la licitación del tren de alta velocidad (corredor Buenos Aires-Rosario-Córdoba) por considerar que el proceso en marcha viola la ley de obra pública y perjudica las arcas del Estado.

   “El gobierno de Néstor Kirchner tiene que parar de hacer negocios”, dijo Morales a La Capital, para luego revelar que el llamado a licitación y la consiguiente preadjudicación del también denominado tren bala, piloteados por el secretario de Transporte de la Nación, Ricardo Jaime, “cuestan 3.600 millones de dólares y no cumplen los trámites legales necesarios”.

   El senador nacional, acompañado por el vicepresidente de la comisión de Transporte de Diputados, Alejandro Nieva, interpuso una medida cautelar que recayó en el Juzgado en lo Contencioso Administrativo Nº12, a cargo de Guillermo Rossi.



En pausa. Los legisladores solicitaron que la Casa Rosada suspenda la licitación, teniendo en cuenta el inicio del proceso de electrificación integral, obra civil, infraestructura de vías, señalamiento y comunicaciones y provisión de material rodante para el servicio de la línea del Ferrocarril Mitre, preadjudicada al consorcio Alstom Transport SA y otras empresas.

   Morales y Nieva (postulante a gobernador de Jujuy) reclamaron que la Nación “se abstenga de adjudicar y suscribir el contrato respectivo” por considerar que hay una “violación palmaria de la ley de obra pública, que implica una inconstitucionalidad tal que lesiona derechos y causa un gravamen irreparable a las arcas del Estado”.

   El proyecto de ley del presupuesto 2008, presentado a fines de septiembre en la Cámara baja por el ministro de Economía, Miguel Peirano, destina una partida de 4.000 millones de pesos para financiar las obras que demandará la puesta en marcha del moderno medio de transporte. Y fue interpretado como un empujón prioritario.

   “Las irregularidades tienen varias puntas: el llamado a licitación original en 2006 fue por 2.400 millones de dólares, con financiamiento en mitades entre la concesionaria y el Estado”, advirtió Morales, quien hoy estará en Rosario junto a los aspirantes a diputado nacional por Santa Fe de UNA.

   Fue entonces cuando el candidato a vicepresidente destacó: “Ahora nos encontramos con un incremento de 1.200 millones de dólares, todo a cargo del Estado, y sin condiciones técnicas suficientes. Kirchner no puede comprometer los presupuestos del futuro gobierno con semejantes cifras”.

   Tras asegurar que los puntos cuestionados por la vía judicial “se evidencian en la documentación correspondiente a esta faraónica obra”, el senador acusó a Jaime de “desmanejo”.

   El supuesto incumplimiento de los mínimos requisitos legales incluye la búsqueda de financiamiento sin considerar previsiones presupuestarias ni garantías.

   No queda claro cuánto pagaría la Nación por la obra, o cómo lo haría, y el gobierno terminaría asumiendo el costo total del proyecto y no el financiamiento del 50 por ciento, como se anunció originalmente. “Es un juguete muy caro para el presidente”, sentenció Morales.



Otros destinos. Como moneda de cambio, y al igual que Lavagna, el titular del comité nacional del radicalismo exigió a Balcarce 50 que utilice los 3.600 millones de dólares “para construir dos hospitales de alta complejidad, 450 escuelas y 87.000 viviendas sociales, de las cuales 40.000 serían para Rosario”.

   Pero Morales también aseveró que 800.000.000 “pueden ir al Ferrocarril Belgrano Cargas SA” y 750.000.000 “a los servicios de pasajeros del conurbano”. l
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El también denominado tren bala quedó bajo sospecha a partir de la denuncia judicial planteada por el radical Gerardo Morales, compañero de fórmula de Roberto Lavagna. Piden que la Nación “se abstenga de adjudicar y suscribir el contrato respectivo”.

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