Desaparecidos. Revocan denegatoria de excarcelación

La Cámara Federal dejó en libertad al represor Sfulcini

El abogado había sido procesado por 12 secuestros agravados. Los organismos cuestionaron la decisión

Javier Felcaro / La Capital

La Cámara Federal de Apelaciones de Rosario dejó ayer en libertad al represor Carlos Sfulcini al revocar la denegatoria de excarcelación dictada por el juez Omar Digerónimo en el marco de la causa que investiga el funcionamiento del centro clandestino de detención Quinta de Funes durante la última dictadura militar.

La Cámara decidió en pleno y por unanimidad, con excepción de la jueza Liliana Arribillaga. El resto de los magistrados -Carlos Carrillo, Jaime Belfer, Hugo del Pozo y Edgardo Bello- basó su resolución en el Código Procesal y "pautas de tratados internacionales", según revelaron fuentes judiciales consultadas por La Capital.

También le fijaron al abogado que se desempeñó como agente del Destacamento de Inteligencia 121 una caución real (Digerónimo dispuso que sea de 50 mil pesos), a cumplimentarse en efectivo o con bienes embargables. Y le prohibieron la salida del país sin la autorización del juez.

Digerónimo había ordenado el arresto de Sfulcini (también conocido por el seudónimo de Carlos Bianchi) en mayo pasado, junto al de otros represores. Poco después, el 14 de junio, lo procesó por doce privaciones ilegítimas de la libertad agravadas en concurso real con el delito de tormentos y homicidio. Además, le trabó embargo por 3 millones de pesos.


Argumentos
No obstante, en los pasillos de los Tribunales de bulevar Oroño al 900 comentaron que la Cámara argumentó que el mínimo de la escala penal es de tres años de prisión y, según el criterio de sus integrantes, "se permitiría un pronóstico de condena en suspenso".

Distinta fue la evaluación realizada por los miembros del Equipo Jurídico de Derechos Humanos, quienes, recién enterados de la libertad de Sfulcini, enfatizaron que "a alguien imputado por delitos de lesa humanidad no puede corresponderle la excarcelación".

En esa línea crítica, los letrados hicieron hincapié en que "es imposible pensar en que (a Sfulcini) se le pueda atribuir la pena mínima de los delitos y una condena en suspenso".

Lo cierto es que la resolución de la Cámara no sólo conmovió a los denunciantes Cecilia Nazábal, Eduardo Toniolli y Alicia Gutiérrez (diputada provincial de ARI) sino que puso en alerta a otros querellantes.

La defensa de Manuel Casado y Carlos Avalos (denunciantes de violaciones a los derechos humanos en San Lorenzo) apuntó sus reproches a Carrillo, camarista que en su momento se excusó por haber actuado en primera instancia, pero sus pares argumentaron que no era procedente.

A fines de junio, la situación judicial de Sfulcini había movilizado a algunos integrantes del Colegio de Abogados de Rosario, quienes, poco antes de impulsar sanciones internas, constataron que la matrícula del sindicado represor no estaba vigente.

Previamente, el Ministerio de Educación de Santa Fe había separado al letrado de su cargo de director de la Escuela de Enseñanza Media para Adultos Nº1.284 por acumular faltas injustificadas.

La orden fue acompañada con la apertura de un sumario administrativo que dejó al filo de la cesantía al también profesor de Historia del Derecho en una universidad privada.

Sfulcini había sido detenido por el centro clandestino Quinta de Funes.