Los senadores del PJ respaldaron la idea del Ejecutivo. Condicionamiento radical

El gobierno dio un paso clave para derogar la polémica ley laboral

Kirchner firmaría hoy el proyecto que presentaron en el Congreso los ministros Fernández y Tomada

El gobierno aceleró ayer en el Senado los tiempos para avanzar en la derogación de la controvertida ley de reforma laboral, sospechada de haber sido sancionada mediante sobornos durante la gestión del radical Fernando de la Rúa, y para ello el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, y el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, se reunieron con las bancadas del Parlamento, a las que presentó el proyecto elaborado por la Casa Rosada y que tiene el aval de las centrales sindicales y -más disimuladamente- de los representantes del empresariado.

El Ejecutivo nacional pretende que la norma tenga media sanción de la Cámara alta el jueves de la semana próxima y que siete días después sea aprobada en Diputados. La presencia de los dos ministros puede leerse como todo un gesto de parte del gobierno, ya que es la primera vez que los funcionarios se reúnen con las bancadas.

A las 18, Fernández y Tomada se encontraron con casi una treintena de senadores justicialistas, entre los que estuvieron el vicepresidente Daniel Scioli, el jefe del bloque, Miguel Angel Pichetto, el pampeano Rubén Marín, y los riojanos Jorge Yoma y Eduardo Menem, entre otros.

Tras poco más de dos horas de reunión, Fernández destacó la "predisposición" de los justicialistas y manifestó su confianza en un rápido tratamiento del proyecto de ley, que hoy estará a la firma del presidente Néstor Kirchner, aseguró.

En ese sentido, dijo que la norma propuesta tiene "una visión más equilibrada" del mercado de trabajo y que busca resolver "los puntos ríspidos" que la legislación vigente tuvo en su momento.

Ambos ministros se reunieron luego con la oposición: el bloque radical, que a través del santacruceño Carlos Prades preside la comisión de Trabajo y Previsión, y los partidos provinciales, durante poco más de una hora.

Al finalizar el encuentro, el presidente del bloque radical, Mario Losada, señaló que el radicalismo no le aseguró a los funcionarios que se pueda votar la ley el 19 como quiere el gobierno.

"La UCR ya se expresó por la derogación, pero también merecemos los tiempos para consultarlo con distintos sectores", dijo Losada, quien además remarcó que "mejorar la calidad institucional es que el Parlamento también tenga sus tiempos".

En la reunión con los justicialistas, los ministros explicaron que el nuevo proyecto devuelve el poder de policía a la cartera laboral, situación que generó la reacción del pampeano Rubén Marín, confió uno de los legisladores presentes en el encuentro.

"El tema es que el control de policía, que está en manos de las provincias desde el gobierno de Raúl Alfonsín, es una herramienta de poder de las provincias y no quieren perderla", contó la fuente.

No obstante, Tomada zanjó la discusión al diferenciar entre el manejo de los conflictos, que quedarán en manos de las provincias, y la realización de inspecciones y control, que volverán a la órbita del Estado nacional.

Si bien todo pareció quedar resuelto, fue la justicialista pampeana Silvia Gallego, quien pidió tiempo para conocer el proyecto y puso como argumento que la comisión de Trabajo, que el jueves realizará su primera reunión oficial con las tres centrales sindicales y la Unión Industrial Argentina (UIA).

La comisión se conformó recién, con la presidencia de Prades, la vice en manos del tucumano Julio Miranda, y justicialista puntano Raúl Ochoa, como secretario.

Previamente, a las 16, el bloque del PJ recibió una delegación de la CGT disidente, encabezada por el camionero Hugo Moyano, el colectivero Juan Manuel Palacios, el taxista Jorge Viviani, el judicial Julio Piumato y el abogado laboralista Héctor Recalde.

Para Moyano, el proyecto es "una ley posible" y remarcó que la ley laboral no influye en la generación de empleo sino que es "el modelo", al tiempo que expresó su acuerdo al sostener que "es el primer paso para salir de la vergonzosa y bochornosa reforma laboral".

No obstante, los gremialista reclamaron la inclusión del concepto de "solidaridad empresarial", para evitar que los empresarios se desliguen la responsabilidad de pagar las deudas con los trabajadores en caso de quiebra, pero consignaron que el proyecto oficial reduce el "período de prueba" y restablece los principios de "los convenios de ultraactividad" y de "el de la aplicación de la ley más beneficiosa para los trabajadores", comentó Piumato.

Por su parte, el jefe del bloque peronista, Miguel Pichetto calificó la reunión como "altamente positiva" y destacó la actitud gremial de acompañar la iniciativa, a la vez que afirmó que la intención del oficialismo es sacar "una ley con amplio consenso".

En ese sentido, recordó que hoy, a las 17, el bloque recibirá a la Central de Trabajadores Argentinos (CTA), del estatal Víctor De Gennaro, y a las 19, a la CGT oficial, que encabeza Rodolfo Daer.

El ministro Tomada y Fernández al llegar al Congreso.