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domingo,
02 de
diciembre de
2007 |
Editorial
Un piquete, dos debates
La instalación de un piquete en pleno centro de la ciudad como método de protesta social permite poner la mirada una vez más sobre las necesidades insatisfechas de un sector todavía considerable de la sociedad, pero también actualiza el debate sobre dónde comienza y dónde termina el derecho de un grupo de personas a manifestarse cuando el resultado que logra no es más que restringir los derechos de otros ciudadanos.
En el primer aspecto, está claro que más allá de las motivaciones de cualquier tipo que puedan movilizar a una agrupación como la que organiza el piquete de Mendoza al 900, el reclamo de muchos de los manifestantes allí apostados es legítimo y debería ser atendido por las autoridades a las que está dirigido. Su presencia en ese sitio revela además que los datos positivos de la macroeconomía siguen excluyendo de sus beneficios a millones de argentinos, que continúan clamando por cuestiones tan elementales como trabajo digno, salud y vivienda.
Sin embargo, no parece justo que el derecho a manifestarse de estos sectores desfavorecidos termine perjudicando a personas que no tienen ninguna posibilidad de solucionar sus problemas y quienes, además, ven afectado su propio derecho a circular libremente y a trabajar.
Tal como ya ocurrió en otras oportunidades, lo que se pone en cuestión entonces no es la legitimidad de la protesta sino la invasión en la vida de otros ciudadanos, algo que por otra parte no parece ayudar a alcanzar los objetivos de quienes cortan la calle e instalan carpas frente a comercios o viviendas particulares. Por eso, urge que las autoridades consigan articular políticas de estado que contemplen reclamos y derechos.
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