En foco. Fallo de la Corte por la movilidad

El gobierno nacional durante estos cuatro años impulsó la recomposición de los ingresos de los trabajadores y de las jubilaciones mínimas por distintas vías, que incluyeron el paulatino desmantelamiento del andamiaje levantado en los 90 para pauperizar salarios y condiciones laborales.

Sin embargo, la gestión Kirchner fue dilatando el acatamiento de los fallos judiciales que ordenaban la movilidad de los haberes hasta la semana pasada cuando la Corte Suprema falló en el caso Badaro e instruyó al Ejecutivo (a través de Ansés) a aplicar la evolución del índice de salarios elaborado por el Indec para ajustar los haberes en esa causa.

Esta postergación le permitió al gobierno hacerse de recursos suficientes, en este caso mediante un superavitario Ansés que sale a auxiliar al Tesoro cada vez que hay problemas de caja y en un momento en que los mercados financieros internacionales están cerrados para la Argentina. El organismo le prestó $500 millones.

La Corte declaró inconstitucional el artículo 7 inc. 2 de la ley de solidaridad previsional que durante la gestión de Cavallo en Economía había borrado de un plumazo la actualización automática de las jubilaciones por la evolución del salario y dejaba al Congreso la fijación de los ajustes vía el presupuesto, lo que en la práctica provocó un congelamiento de los haberes jubilatorios durante casi dos años.

Con la presión de la Corte, el gobierno dijo que estudiará cómo actualizar las jubilaciones aunque el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, advirtió que había que ser cuidadosos en este tema “porque si no, todo se convierte en un juego casi de libertinaje en el manejo de los fondos públicos”. Mientras tanto defendió una nueva prórroga de la emergencia económica que le permite manejar discrecionalmente fondos y excedentes del presupuesto.