En foco. El paro en el sector del gas

A pesar de los dibujos en el Indec, la inflación sigue siendo por estos días uno de los datos centrales a partir del cual se articula la política económica. Basta recorrer los últimos conflictos sindicales para entender que la suba de precios que niega el gobierno, moviliza en cambio a los trabajadores encuadrados gremialmente a reclamar una readecuación de los acuerdos salariales antes de que venzan.

El paro que desató la amenaza del desabastecimiento de garrafas tuvo su origen precisamente en el reclamo de actualización salarial, relacionado con la necesidad de amortiguar el efecto inflacionario. Fue el gremio de los mecánicos, Smata, el primero en pedir y negociar este plus pero al poco tiempo el planteo se extendió. El sindicato de la carne está pujando con los industriales del sector.

La carrera de precios y salarios está acicateada por el alto grado de concentración de la producción, un consumo que sigue en alza y los posicionamientos previos a la concertación social.

En los sectores que están sujetos a alguna regulación la política el gobierno viene autorizando formal o informalmente aumentos graduales, como el caso de combustible y prepagas. Para el inicio del próximo año, es probable que sea el turno de los ajustes en las tarifas de servicios, sobre todo de energía.

En un escenario de solapamiento de ajustes de los precios regulados, un nuevo tipo de puja aparece. Por ejemplo, en el Estado, donde la inflación golpea más a las administraciones locales. El gobierno municipal debió aplazar el aumento de la tasa frente a la necesidad de impulsar una suba del boleto antes de fin de año. Abrir la válvula de los precios implica articulaciones políticas en las que no todos tienen el mismo poder de negociación.