Quieren prohibir prostíbulos en Entre Ríos

Victoria.— Diputados de Entre Ríos que quieren evitar la trata de personas ingresaron en la Cámara un proyecto de ley que establece prohibir la instalación de casas de tolerancia, prostíbulos y cabarets en el territorio provincial para perseguir la trata, el tráfico y la explotación sexual de adultos y menores.

   La diputada Lucy Grimalt, autora de la iniciativa, dijo que el proyecto “no tiene que ver con las trabajadoras sexuales sino con lo que está penado en el país, para perseguir mejor a los proxenetas y que no exista en la provincia la explotación sexual”.

   “Sabemos que estas mujeres y las que están agremiadas en la Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina (Ammar), son adultas y ellas mismas trabajan bajo cuenta propia. Aquí lo que queremos perseguir es a los denominados cafishos”, agregó la legisladora.

   Grimalt explicó que la autoridad de aplicación sería la policía, que detectaría los lugares, porque se sabe que hay negocios habilitados para funcionar como confitería bailable o whisquería y sin embargo allí se ejerce la prostitución.

   “La sanción prevista para las casas de tolerancia, prostíbulos o todo otro local donde los propietarios tengan un lucro, ganancia, comisión o beneficio por el trabajo sexual de terceros, será de un equivalente a 5000 litros de nafta”, comentó la diputada paranaense.



Disidencias. Claudia Carranza, secretaria general de la seccional Paraná de Ammar, planteó disidencias con el proyecto: “No hay que sacar los boliches sino reglamentarlos, porque no hay una ley nacional que contemple la figura del prostíbulo”, opinó y aclaró que la organización que lidera no participó en la elaboración del proyecto de ley. Para Carranza hay un vacío legal. “Estos lugares no pueden enmarcarse en ninguna figura porque esta no existe. Están habilitados como algo que no terminan de ser. Figuran como whiskerías u otras denominaciones”, sostuvo.

   En Ammar consideran que para controlar la actividad de los prostítulos es necesario que intervengan la Justicia, la policía y la Dirección General de Impuestos.