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 miércoles, 27 de diciembre de 2006  
Derechos humanos. Instancia histórica para echar luz sobre una etapa polémica en la historia del peronismo
Los crímenes de la Triple A fueron tipificados como de lesa humanidad
El juez Oyarbide ordenó la captura internacional de un ex jefe de la organización que hoy vive en España

El juez federal Norberto Oyarbide declaró ayer delitos de lesa humanidad imprescriptibles a los crímenes cometidos por la Triple A durante el gobierno de Isabel Perón y ordenó la captura internacional de un ex jefe operativo de esa organización, Rodolfo Eduardo Almirón.

"La existencia de la Triple A y los distintos hechos cometidos por sus miembros obedecieron a circunstancias políticas enmarcadas en cuestiones ideológicas y montadas desde el aparato del Estado, bajo cuyo amparo y garantía de impunidad actuó la asociación", consideró Oyarbide en su resolución.

Por ello resolvió que los delitos son "imprescriptibles" y "es responsabilidad del Estado argentino juzgarlos como integrante de la comunidad internacional", al declarar de lesa humanidad la causa 1075/2006.

El magistrado libró también oficio a Interpol para que detenga con fines de extradición al ex comisario de la Policía Federal, ex jefe de la custodia de Isabel Perón y ex jefe operativo de la organización delictiva, Rodolfo Eduardo Almirón, quien estaría viviendo en España.

Almirón, de 70 años, está ya procesado en la causa por los delitos de asociación ilícita y homicidio doblemente agravado y reiterado, por haber sido acusado de liderar las células de la banda de extrema derecha creada por el entonces ministro de Bienestar Social, el ya fallecido José López Rega.

"Surge claramente que la organización denominada Triple A fue una organización criminal gestada desde el mismo Estado", argumentó el juez al justificar su decisión de enmarcar los hechos como crímenes imprescriptibles.

De hecho, el juez reconstruyó una supuesta reunión de gabinete realizada en la residencia de Olivos el 8 de agosto de 1974, "presidida por María Estela Martínez de Perón".


Algunas de las víctimas
Allí "previa proyección de diapositivas con la imagen de quienes serían asesinados por supuestas responsabilidades en actividades subversivas, se habría determinado la eliminación de Julio Troxler", detalló el juez en base a testimonios recogidos en la causa abierta desde el 11 de julio de 1975.

El hermano de Troxler declaró luego en la investigación que, paradójicamente, la familia recurrió entonces a "los generales Jorge Videla y Roberto Viola, quienes se negaron a brindarles ayuda debido a que en el país había un gobierno legalmente constituido y que bajo ningún concepto las Fuerzas Armadas podían intervenir".

Además de Troxler, Oyarbide detalló que entre los homicidios adjudicados a la "Alianza Anticomunista Argentina" están los de Rodolfo David Ortega Peña, asesinado el 31 de julio de 1974; Alfredo Curuchet, el 10 de septiembre del mismo año, y Luis Mendiburu y Silvio Frondizi, ese mismo mes, entre otros.

El 21 de noviembre de 1973, el senador nacional por el radicalismo Hipólito Solari Yrigoyen sobrevivió a un atentado cuando estalló una bomba en su automóvil, que le ocasionó graves heridas.


Tipificación del delito
"Tales hechos son constitutivos del delito de asociación ilícita en concurso real con el de homicidio -doblemente calificado por el número de personas intervinientes y por alevosía- al menos en 8 oportunidades y privación ilegal de la libertad y desaparición forzada al menos en tres oportunidades", enumeró el juez.

La causa judicial se abrió el 11 de julio de 1975 por la denuncia de Miguel Radrizzani Goñi contra López Rega, por entonces ministro de Bienestar Social y secretario privado de María Estela Martínez de Perón.

En su querella, Radrizzani Goñi incluyó a los entonces comisarios Almirón y a su suegro Ramón Morales, jefes de la custodia de Martínez de Perón y de López Rega, respectivamente.

La causa se basó en informes de inteligencia que se habían hecho públicos donde se advertía de la creación de la Triple A y se señalaba a López Rega como "supervisor político del comando general" y a los ex policías como sus responsables militares.
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La mayoría de los atentados de la Triple A se dio durante el gobierno de Isabel Perón.

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