Violencia y miseria en pos del oro negro

A pesar de sus grandes exportaciones de crudo, frecuentemente Nigeria sufre de escasez de petróleo y gasoil porque depende de las importaciones de combustible refinado de Occidente.

Expertos calculan que alrededor del cinco por ciento de la producción de crudo del país es robada para ser exportada por grandes bandas que tienen contactos en el ejército y el gobierno. Pero el robo a pequeña escala también es común y muy peligroso.

En el país, con más de 130 millones de habitantes, según el programa de la ONU para el desarrollo (PNUD), cerca de tres cuartos de su población viven en la extrema pobreza, con menos de un dólar por día.

Nigeria es el mayor productor de petróleo de Africa, el sexto del mundo (2,6 millones de barriles por día) y uno de los mayores proveedores de Estados Unidos. Pero, en el delta del Níger, principal sede de la industria petrolífera, no hay electricidad ni agua potable en la mayoría de los pueblos.

El enriquecimiento de una minoría provocó reiterados hechos de violencia: en seis años unas 600 personas fueron asesinadas y 187 trabajadores petroleros fueron secuestrados por grupos separatistas).


Estado y multinacionales
El Estado es constitucionalmente propietario de las riquezas, pero las multinacionales como Shell, Chevron o Exxon-Mobil son las que explotan el combustible.

El Movimiento Militante para la Liberación del delta del Níger combate hace meses la presencia de consorcios petroleros extranjeros.

La organización clandestina secuestró empleados y atentó contra plantas del grupo petrolero francés Total en Obagi (sur), la compañía italiana Agip y la anglo-holandesa Shell en el delta del Níger.

Por su parte, la organización Amnistía Internacional presentó en 2005 un informe en el que sostenía que "en virtud del derecho internacional, el gobierno de Nigeria tiene la obligación de respetar, proteger y promover los derechos humanos, pero ha incumplido con frecuencia".

Dada la importancia del petróleo para la economía de Nigeria, en opinión de Amnistía, "el gobierno no ha protegido a las comunidades de las zonas productoras de petróleo, si bien ha proporcionado seguridad a la industria petrolera. La regulación nacional de las actividades de las empresas para garantizar la protección de los derechos humanos resulta claramente inadecuada".