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 miércoles, 27 de diciembre de 2006  
A limpiar. La demanda había sido iniciada por un vecino en junio de 2004 y ahora fue ratificada por la Justicia
Ordenaron a la Municipalidad que erradique más de 200 basurales
Deberá poner manos a la obra a partir de febrero y además tendrá que pagar una multa de 17 mil pesos

Claudio González / La Capital

La Municipalidad de Rosario sufrió un duro revés en la Justicia al quedar firme un fallo que la condena a erradicar los más de 200 basurales de la ciudad a partir de febrero, cuando el demandante pida la ejecución de la sentencia. Además, deberá pagar una multa de aproximadamente 17 mil pesos por incumplir con la resolución que al respecto ya había tenido dictamen de primera instancia. La demanda había sido promovida por un particular en junio de 2004, pero los abogados del Ejecutivo dejaron vencer distintos plazos procesales, por lo que la jueza Civil de la octava Nominación, Liliana Giorgetti, rechazó las apelaciones oficiales y dejó firme la sentencia que había dictado en noviembre del mismo año.

Ya pasaron más de dos años desde que la jueza Giorgetti le ordenó al Ejecutivo local eliminar los lugares donde se acumula basura en distintos puntos de la ciudad, luego de darle la razón a Guillermo Miguel, el vecino que presentó la denuncia.

Había iniciado un juicio contra el Estado municipal a principios de junio de 2004 bajo los alcances de la ley 25.675 de protección del medio ambiente. Se trató de un amparo colectivo por la afectación del bien común, en este caso el cuidado medioambiental y la proliferación de basurales.

La presentación se originó a raíz de un incendio que se desató en un basural ubicado a la vera de la autopista Rosario-Córdoba, a la altura de calle Wilde, y que afectó la visibilidad de los conductores, además de causar inconvenientes al medio ambiente.

En su demanda, Miguel también hizo referencia al depósito de basura a cielo abierto a la altura de Sorrento y Provincias Unidas.

En la tramitación de la causa, el demandante ingresó además un petitorio para que la jueza imponga una multa diaria de 30,27 pesos a las autoridades si no cumplían con lo requerido, plazo que comenzó a correr desde el 13 de junio de 2005, y que al 31 de diciembre próximo acumularía 566 días, lo que daría una suma de 17.132,82 pesos.

La jueza hizo lugar al reclamo de Miguel y en noviembre de 2004 ordenó a la administración rosarina erradicar más de 200 basurales fijos y móviles de la ciudad en un plazo de 50 días. Ese fallo fue apelado por los abogados oficiales, trámite al que la jueza hizo lugar, pero con efecto devolutivo, es decir, que mientras seguía el juicio el Ejecutivo debía cumplir con la orden de la Justicia.


Plazos vencidos
Los letrados del municipio habrían incurrido en errores al interpretar los plazos procesales, que dejaron vencer sin elevar el expediente a la Cámara de Apelaciones. Obviamente, los actores tomaron las fallas de la demandada en beneficio propio y se lo hicieron notar a la jueza en el marco de la causa.

Así fue que en la resolución 4.794 del 18 de diciembre pasado, la magistrada resolvió "declarar la perención de la instancia abierta con los recursos concedidos el 9 de febrero del año pasado, y del último acto válido para su impulso, el 13 del diciembre del mismo año". En ambos casos expiró el plazo legal de 60 días previsto en el artículo 14 de la ley 10.456.


Errores durante el proceso
Consultado acerca del fallo, el abogado Alejandro Resnik, especialista en temas ambientales y asesor de Miguel en el juicio, indicó que el cuerpo de abogados de la Municipalidad incurrió en algunos errores durante el proceso que derivó en la resolución final. "Tomaron el caso como si se tratara de una ley 10.000 de intereses difusos. Pero la ley 25.675 da más prerrogativas al amparista para actuar en el proceso", precisó el profesional. Y resaltó que "ahora el municipio tendrá no sólo que hacer frente a la tarea de erradicar los basurales, sino que deberá pagar la multa y hacer frente a las costas del juicio".

Para Resnik, la gestión actual "no instrumentó una política ambiental para tratar el tema de raíz. En definitiva, esto lo paga la sociedad", sentenció el profesional, quien ya adelantó que pedirá a la jueza la ejecución de la resolución a partir de febrero de 2007. Respecto al monto de la multa, el letrado solicitará que ese dinero sea destinado a una entidad civil sin fines de lucro que se dedique al estudio de los problemas ambientales de la ciudad.
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Uno de los cientos de basurales que tiene el ejido urbano rosarino.

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