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domingo,
22 de
octubre de
2006 |
"Erradicar el delito es un imposible"
Para Mariano Ciafardini, el proceso de exclusión de los 90 afianzó una criminalidad rudimentaria y violenta
Hernán Lascano / La Capital
La violencia del delito que se manifiesta hoy se vincula, en buena medida, a un afianzamiento de la marginalidad, que privó de perspectiva de futuro a la gente que vive afuera de la sociedad o en sus bordes. El planteo es del criminólogo Mariano Ciafardini, director nacional de Política Criminal, quien atribuye a la exclusión social la gestación de una delincuencia joven, no organizada, tanto más cruenta cuanto menos profesional.
-En los planteos de un reciente paro de taxistas en Rosario subyacía la idea de que el delito es algo erradicable siempre y cuando haya una eficaz función de la policía. ¿Cuán ajustada es esa noción?
-Erradicar es una palabra muy exagerada frente a un problema que tiene que ver con la la complejidad de una sociedad que está en tensión por las desigualdades, por la marginalidad. Erradicar el delito es un imposible hoy por hoy. Sí se pueden disminuir determinados delitos en determinados lugares. La policía es un instrumento muy importante en la reducción del delito, pero la estrategia tiene que provenir del gobierno político, que a su vez tiene mando sobre la policía. En el caso de los taxistas hay una serie de medidas que puede tomarse en forma más o menos inmediata. Es obvio que una mayor presencia policial ayuda. Pero los recursos policiales son limitados y no están exclusivamente para proteger a los taxistas. Todas las fuerzas vivas de Rosario, creo, deberían discutir acerca de cómo se administran los recursos policiales. Blanquear cuántos policías están en actividad administrativa y cuántos en la calle. Todo esto tiene que quedar claro. Y la gente participar de un debate ordenado de las grandes líneas de la administración de los recursos policiales.
-Mencioné el caso de los taxistas sólo para analizar cómo operan estas representaciones tan usuales: que el delito es una cosa controlable y que si se reproduce es por una falla de la policía.
-Por eso digo que hay que discutir sobre cómo trabajar los recursos policiales. Hay medidas de las que se llaman situacionales que pueden ayudar mucho: la forma de separar al taxista del pasajero, una reglamentación de cómo deberían ser los taxis, la factibilidad de una red satelital o de alarmas. Pero no todo es control en la calle. Hay que entender que el tipo de delincuente que asalta un taxista no es organizado. Son en general jóvenes que proceden de sectores marginales. Contenerlos implica diseñar estrategias fuertes sobre franjas juveniles que están sin escolaridad o sin trabajo formal. Estos sectores son identificables. Si se hicieran modificaciones en los regímenes de espera de quienes salen de los institutos de menores y de las cárceles por cumplimiento de las condenas, si hubiera algún tipo de beca para quienes egresan del sistema penal, se evitaría que mucha gente reincidiera en el delito. Estos delitos son marginales pero tienen un gran nivel de alarma y de peligro porque, por la poca profesionalidad de sus autores, se llega a veces a hechos de sangre. Esto va más allá de qué hace la policía.
-En los 14 años que lleva en su puesto, ¿qué cambios advierte en el delito?
-En los años 90, particularmente entre el 94 y 97, se quintuplicó el delito contra la propiedad en Argentina. La coincidencia más clara que yo advierto es el de ese aumento con la expansión de la brecha de ricos y pobres y la redistribución negativa del ingreso. Paralelamente hay una baja tenue en los hechos delictivos en el período que va del 2003 al 2005, que coincide con el descenso de la desocupación.
-En los 90 también aumentó la violencia empleada en los delitos.
-Hay una relación clara entre este incremento y la autodefensa adoptada en forma individual, que implicaron un aumento del poder ofensivo del atacante. Primero yo ando con dinero y me lo arrebatan. Cuido el dinero y me asaltan con un arma. Después camino sin dinero y vienen con un arma y me llevan a un cajero a robar. Y como después no tengo plata ni encima ni en el cajero me llevan y le piden a un pariente que pague por mi rescate.Uno pone la valla más adelante y ellos van saltando más alto. Cuando no tenían tanta seguridad los levantaban en la calle. Cuando aparecen las alarmas y se cortaba el paso del combustible, comenzaron a asaltar al auto en marcha. Y en la resistencia, que torna más agresivos los delitos, se producen homicidios.
-¿Por qué pasó esto en los 90?
-Fundamentalmente por la aparición de la marginalidad, la extensión de un amplio sector ya no pobre sino excluido. Y sobre todo la cronicidad de la marginalidad, que les restó definitivamente a los sectores juveniles la perspectiva de futuro. Entonces un joven no sólo resultaba pobre sino que asumía que estaba condenado a la pobreza, porque sabía que su padre y aún su abuelo habían sido desocupados. Y su entorno, al estar más pauperizado, ninguna alternativa de contención le podía ofrecer. Fue algo muy profundo que agravó las nulas alternativas económicas, por un lado, y el resentimiento, por el otro. Ese es un cóctel violento. Combinado además con el bombardeo mediático que invita al consumo. Eso le llega a todo el mundo: pobres, marginados y excluidos tienen televisión.
-¿Cómo se puede perfilar la contención del delito pensando más allá de la acción disuasiva de la policía?
-El gobierno civil implica estrategias de políticas sociales, urbanas, de organización de la sociedad. Hoy no se puede controlar a la policía sin ayuda de la población civil. Si la tomamos como una empresa, la policía tiene todos sus agentes trabajando en todo el territorio geográfico las 24 horas. La única forma de auditar permanentemente una empresa con esas características es con la participación ciudadana. El gobierno tiene que organizar la participación ciudadana para monitorear cómo está funcionando la policía en cada lugar.
-En Rosario, por ejemplo, los jueces federales hacen reproches por sus acciones a los policías que deben combatir el narcotráfico. ¿Cómo se le puede pedir luego al ciudadano que participe?
-Si el sistema de participación y control ciudadano está bien implementado, en todo el territorio y no en ciertas áreas, se coopta esa información por parte del gobierno, se la analiza y se vuelve a evaluar qué es lo que pasó en cada caso. Con un sistema de ida y vuelta permanente se achica mucho el marco de chances de la policía de operar en negocios ilegales.
-Usted sostiene que existen tramas reticulares mafiosas entre políticos y policías. ¿Puede explicarlo?
-Este proceso de destrucción social pronunciado por las políticas neoliberales durante años ha sido paralelo a un proceso de destrucción institucional por la corrupción en estructuras de la política y la policía. Sobre todo a niveles locales se han entramado asociaciones espurias e ilícitas, entre algunos personajes políticos y algunos de la policía para explotar estas áreas degradadas, como son las villas, tierras de nadie donde no hay una presencia institucional permanente, con una población de muy pocos recursos y demasiado amedrentada para denunciar. Esto ha sido un campo fértil para fraccionar y distribuir droga, montar desarmaderos de autos, o de negocios de autopartes, o de circulación de armas ilegales. Más allá del regenteo de la prostitución y el juego con el cobro de cánones. Todo esto se transforma en cajas de recaudación multimillonarias que generan enriquecimiento de personas y un sistema de compra y venta de voluntades. El entramado de esto pervierte el funcionamiento político y policial.
-Una idea de cuán tutelados están estos negocios la da el rápido desmantelamiento de desarmaderos bonaerenses.
-En 2004 se tomó la decisión de identificar los desarmaderos y cerrarlos porque tenían que ver con el robo violento de autos. Y en 48 horas se allanaron 200 desarmaderos. ¿Por qué esa celeridad? Porque la policía sabía perfectamente en dónde estaba cada uno. Sólo bajó una orden política.
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Fotos
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Ciafardini, titular de la Dirección Nacional de Política Criminal.
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