Bolivia: nueva denuncia oficialista contra Repsol

La Paz. - Una diputada del partido del presidente boliviano, Evo Morales, presentó una denuncia ante la Justicia de su país contra la petrolera Repsol YPF, a la que acusó de recibir subsidios ilegales por 37 millones de dólares. La denuncia fue presentada por la diputada boliviana Milena Aracely Hinojosa, del oficialista Movimiento Al Socialismo (MAS), ante la Fiscalía General de Bolivia.

Hinojosa acusó a Repsol Gas, subsidiaria de la petrolera hispano-argentina, de recibir -sin estar habilitada- entre 2002 y 2004 una subvención que se da a empresas que distribuyen gas licuado de petróleo, de uso doméstico, a precio subsidiado a los bolivianos. La ofensiva legal parece destinada a constituir un nuevo foco de conflicto entre Repsol, España y el gobierno de Morales, tras los cortocircuitos generados entre ambas partes por la decisión del mandatario socialista de nacionalizar los hidrocarburos, en mayo pasado.

La diputada, que ya había adelantado hace dos meses que presentaría la denuncia, pretende que se se investigue a los "autores materiales e intelectuales de los presuntos pagos y subsidios otorgados de manera irregular" a Repsol.

La diputada explicó que según un decreto de junio de 2000 sólo pueden beneficiarse de esos subsidios las empresas con licencia para comercializar el gas licuado de petróleo (GLP) antes de un decreto de 1999, mientras que Repsol Gas de Bolivia obtuvo su licencia de operación en septiembre de 2002.

Según la denunciante, el pago a Repsol Gas Bolivia empezó en 2002 y continuó hasta mayo de 2004. En mayo de 2004, el ex presidente Carlos Mesa emitió un decreto por el cual otorgó ese subsidio a todas las empresas engarrafadoras sin excepción, cumplan o no con los requisitos de ley.

La denuncia abarca por lo tanto el período 2002-2004. "Lo que se quiere lograr es recuperar los 37 millones de dólares y devolverlos al Tesoro, porque el Estado necesita de ese dinero para programas en Salud y Educación", dijo la parlamentaria. La denuncia se refiere a los subsidios que otorga el Tesoro General de la Nación (TGN) a las empresas para que la garrafa de gas de 10 kilos no cueste más de 22,50 bolivianos.

El Estado boliviano, mediante notas de crédito fiscal, compensa a estas empresas distribuidoras la diferencia entre el precio de venta y el costo, lo que representa un monto de entre 25 a 30 millones de dólares. Repsol ya tuvo que afrontar otra denuncia en Bolivia, cuando en marzo pasado fue acusada de contrabando de petróleo. En esa ocasión se llegó incluso a encarcelar a directivos de Repsol.