OPINION

Sanción a la enfermedad y aceptación de la corrupción

S. es docente de educación física. Durante más de un año trabajó reemplazando en una escuela de EGB de Rosario. Sin embargo, y aunque la suplencia tenía todas las características de ser de larga duración, cada mes veía interrumpido su trabajo por la aparente vuelta de la titular del cargo.

El hecho no pasaría a mayores si no fuera porque influía decididamente en su salario. Nunca cobraba el mes completo y menos le permitía pensar en su tarea con continuidad. Además creaba incertidumbre en las clases y le impedía planificar a largo plazo, aunque se supiera que la licencia era de larga data.

Lo cierto es que la profesora se decidió a conocer en detalles a quién reemplazaba y qué dolencia o razón la habilitaba a contar con semejante licencia, con goce de sueldo. La verdad desnudó una cara triste de la profesión, ya que la persona en cuestión "conseguía mes a mes sus certificados médicos que justificaban su ausencia en la escuela, y mientras aparecía como enferma para el Estado, atendía un comercio particular".

El hecho no es ficticio. Sólo, y a pedido de la profesora reemplazante, se resguardan los datos que identificarían a los docentes y a la escuela implicadas. Por más que se enojó y pataleó ante cuanto funcionario pudo, no resultó sencillo dar vuelta la hoja de una historia plagada de irregularidades. Es más, la decisión de seguir el caso corrió por cuenta de la profesora reemplazante, que debió recorrer oficinas y pedir audiencias para ser escuchada en su pedido.

La anécdota sirve para mostrar que son muchas las complicidades que permitieron que se prolongara en el tiempo semejante abuso (y no es el único caso), que tiene consecuencias para el resto de los docentes que cumplen su tarea poniendo el cuerpo y el alma, más allá de las licencias admitidas.

Otro caso paradigmático y que bastante difusión tuvo en los mediosde comunicación -todavía no concluyó- es el de la profesora de lengua y bibliotecaria Marta Fhermann, que mientras demostraba con creces que padecía una enfermedad terminal se le descontaban días de trabajo y el presentismo cuando éste todavía regía en la provincia.

Finalmente, este año, Marta logró ser escuchada en sus reclamos y hasta que le devolvieran los días que le habían sido descontados. Pero, ahora, debe enfrentarse nuevamente con las trabas burocráticas que sólo ven números y expedientes y dejan de lado al ser humano titular de derechos.

A la docente se le practicó un transplante de médula y por lo tanto no puede trabajar en un lugar donde la higiene no está garantizada y atenta contra su precaria salud. Por eso pide que se le asigne una "tarea diferente" que pueda ejercer sin mayores riesgos.

La respuesta final por ahora se dirime entre abogados y papeles que van y vienen. Lo insólito del caso es que para uno de los cargos ya le fue asignada la nueva tarea, pero para el otro no, como si se tratara de personas diferentes las que reclaman el derecho.

Ni promoción de la salud, ni control real de ausentismo, ninguna de las dos funciones cumplió el Estado en estos casos. El de Marta y el de la docente de educación física son dos muestras elocuentes de cuánto hay que revisar y discutir a la hora de pensar cómo cuidar la salud de los docentes, pero sin hacer una defensa cerrada de la profesión.

Pero también sirven para ilustrar cómo funciona un sistema de salud laboral que aprueba la corrupción y sanciona la enfermedad.

M. I.