Trabajo. Las aseguradoras prevén una crisis, abogados quieren que los privados cubran los riesgos y los empresarios temen una reedición de la industria del juicio

El sistema de ART cambia de ropa

Tras los fallos de la Corte, el gobierno busca alternativas para encontrar una fórmula viable a la legislación

Sandra Cicaré / La Capital

Tres fallos de la Corte Suprema de Justicia modificaron los alcances de la actual Ley de Riesgos del Trabajo (LRT) que rige en el país desde el año 96 y dejaron perplejos a empresarios y aseguradoras que ven en esto una reedición de lo que se supo denominar como la industria del juicio y una amenaza contra el sistema en su conjunto.

Esta bisagra que abrió el Tribunal superior en la legislación laboral también dispara una serie de interrogantes. ¿Quién se hace cargo del daño, el trabajador, el empresario, la Aseguradora de Riesgo del Trabajo (ART)? ¿Quién debe pagar el costo de habilitar una vía civil además de la administrativa? ¿Cómo impacta esto en la producción?. En definitiva, además de cuestionar la ley vigente (24.557), las disposiciones de la Corte no hacen más que disparar un debate sobre temas mucho más de fondo como el valor de la vida humana, las normas de seguridad laboral en la Argentina y el impacto que todo esto tiene sobre una economía que está creciendo de la mano del segmento pyme.

Ante un escenario de semejante incertidumbre, el gobierno debió agendar el tema en la lista de prioridades, y aunque por ahora no hay nada definido sobre qué camino tomará, las versiones más creíbles hablan de la posibilidad de que desde el Ministerio de Trabajo se impulse elevar el nivel de prestaciones para el pago de indemnizaciones, y así evitar que los trabajadores acudan a la justicia civil para reclamar por los daños que las ART no cubren.

Quizás ese atajo le permitiría a la administración de Néstor Kirchner evitar confrontar con el sector productivo, ya que un aumento de un punto porcentual en la cuota mensual promedio que pagan los empresarios a las ART en base a los salarios estaba dentro de los costos previstos para el sistema.

El ministro de Trabajo, Carlos Tomada, tuvo una semana movida y se reunión con todos los sectores en pugna para agendar propuestas y buscar una salida al tema.

Los tres fallos de la Corte modificaron tres puntos que, en síntesis, pueden resumirse así: habilitaron la competencia de la justicia provincial (antes sólo se podía hacer vía la justicia federal) para cualquier apelación; subió los topes indemnizatorios para los sueldos más altos; y habilitó la vía civil para reclamar "reparación integral" de los daños causados por un accidente laboral (ver aparte).

Tanto empresarios como aseguradoras están trabajando a destajo para encontrar una solución a este tema que por estas horas los desvela. En líneas generales se muestran partidarios de discutir modificaciones que permitan perfeccionar la ley, aunque bajo la estricta consigna que se siga bajo este sistema "para no volver al pasado", dicen.

Esta posición deja en claro también el reconocimiento, fundamentalmente por parte de los empresarios pymes, de que existen algunos puntos de la ley que deben perfeccionarse.

"Proponemos sentarnos en una mesa de discusión empresarios, ART, trabajadores, gobierno para analizar el tema. Si hay que mejorar los montos de indemnización habrá que analizarlo, también si hay que reveer el listado de enfermedades laborales, pero lograr resolver este tema en la vía administrativa y evitar ir a los Tribunales", sintetizó Carlos Capisano, vicepresidente pyme de la Unión Industrial Argentina y secretario de la Federación Industrial de Santa Fe (Fisfe).

A su juicio, mantener vivo el sistema de ART permitirá darle "previsibilidad" a la actividad productiva de la Argentina y "acompañar un proyecto que hoy impulsa el presidente (Néstor) Kirchner", dijo.

Aunque no con menos preocupación, la situación de las empresas más grandes, dista mucho de la realidad que viven las pymes. "En todo caso una gran compañía si esto la perjudica impulsará sus inversiones a Brasil u otro destino, o indemnizará al trabajador porque tiene la capacidad económica suficiente", dijo Capisano.

Su percepción se refleja en la opinión que tienen las grandes. Por caso, el gerente general de Sulfacid, Luis Fussi, explicó que estos fallos "agregan un items más a la incertidumbre que de por sí tiene cualquier empresa cuando encara una inversión".

En el caso particular de su compañía, "los directores están muy preocupados por la imprevisiblidad", aclaró Fussi, para quien también la actual ley es perfectible. "Tiene puntos positivos y negativos que se pueden mejorar, por ejemplo los topes indemnizatorios, que aunque para las empresas significa un mayor costo es acotado", dijo.

En cambio "al poder recurrir a la vía civil para reclamar se abre como una especie de caja de Pandora y uno no sabe qué puede llegar a pasar", confió.


Quién asume el riesgo
Lo cierto es que más allá de la apreciación de los empresarios sobre los costos que pueden acarrear estas modificaciones, las ART aseguran que las compañías se verán seriamente afectadas por la ausencia de seguros.

"Estos dos fallos hirieron de muerte al sistema de riesgos de trabajo y dejaron sin cobertura de responsabilidad civil a los empresarios", dijo Ricardo Aide de la Segunda ART.

El ejecutivo aseguró que no hay cobertura prevista para estos casos, porque "el seguro sin reaseguro no funciona".

Esto es, los empresarios no encontrarán ninguna empresa de seguros que les cubra riesgos laborales ya que la vía civil abre un universo de reclamos que no tiene previsión.

Para el vicepresidente de la Asociación de Abogados Laboralistas de Rosario, Diego Boglioli, las empresas tienen que asumir el riesgo. "En cualquier sociedad civilizada el empresario, que es quien participa de las ganancias de la empresa y por eso asume el riesgo, tiene que hacerse cargo si algún trabajador se accidenta".

"Aquí la víctima es el trabajador y sería impune que deba asumir el riesgo", dijo Boglioli. "Como parte de su actividad, el empresario tiene que tener un seguro ante cualquier eventualidad, es parte de sus costos", agregó.

Y en este punto advirtió a los empresarios sobre la actitud de muchas compañías aseguradoras ligadas a bancos y ART que en los años 90 "salieron con una campaña de terror para asustar a los empresarios y lograr que éstos corran a contratar un seguro".

Para contrarrestar el temor en torno a la vuelta de la industria del juicio, Boglioli dijo que hay que pensar en dos cosas clave: por un lado el cumplimiento de las normas de seguridad e higiene laboral por parte de las empresas y por otro, una justicia laboral que tiene que mejorar en calidad y cantidad.

Boglioli aclaró que "con una Justicia sana, se van a evitar los mamarrachos de cualquier abogado inescrupuloso, ya que éste tendrá que probar que hubo daño moral para poder exigir una indemnización por la vía civil".

De todos modos, se preguntó ¿por qué nadie pensó en una industria del juicio cuando se dio la avalancha de reclamos por el corralito? Primero porque nadie dudó de que atrás había una injusticia muy grande como fue la confiscación de los ahorros de las personas. ¿Será entonces que la clase media puede reclamar, pero el trabajador no tiene el mismo derecho?", concluyó.


Las propuestas en danza
A la hora de arriesgar propuestas a futuro, las aseguradoras ya tienen la propia. "Estamos trabajando con los legisladores en una ley que si bien permita otorgar prestaciones como corresponde, cierre algunas vías para darle previsibilidad al sistema", dijo Aide.

Aunque todavía no tiene forma concreta, esto haría que un trabajador opte entre la vía administrativa o la judicial a la hora de reclamar una indemnización. Así, la prima que pagaría el empleador a las ART serían diferenciales, de acuerdo las prestaciones que ésta cubriría.

Actualmente las ART además de las indemnizaciones cubren prestaciones médicas y farmacéuticas, entre otras.

Para Capisano, la opción pasa por discutir entre todos los sectores fórmulas que permitan perfeccionar la Ley de Riesgos del Trabajo. Por eso, las cámaras empresarias e industriales que integra están estudiando el tema con rigurosidad. "El empresario en el pasado debía dejar la esencia de su actividad como era buscar nuevos mercados o mejoras en la producción para estar en los Tribunales, no queremos que eso vuelva a ocurrir", dijo el empresario pyme.

Pero también hizo un llamado a las aseguradoras. "Si se elevan los topes indemnizatorios las ART tendrán que hacer el esfuerzo para lograr el menor aumento posible, porque de lo contrario sería muy fácil cargar todos los costos a las empresas".

Si esto ocurre "muchas pymes verán afectada su productividad, su competitividad y la generación de puestos de trabajo", concluyó.

El cumplimiento de las normas de seguridad e higiene es clave para evitar una catarata de juicios laborales.