El Congreso venezolano otorgó a Chávez la reelección ilimitada

Lo hizo como parte de la reforma de la Constitución ordenada por el presidente

Caracas. — La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó uno de los más polémicos artículos de la reforma constitucional impulsada por el presidente Hugo Chávez, que extiende el período presidencial de seis a siete años y establece la reelección ilimitada e inmediata para un nuevo mandato. La medida ubica a Venezuela como el único país del continente con reelección presidencial por tiempo indefinido, un claro síntoma de la acumulación del poder público en manos de Chávez, según señalan opositores y constitucionalistas. Otro indicio de esta tendencia es que la reforma elimina de raíz la descentralización del poder y extiende sin límite de tiempo el estado de excepción.

   El Parlamento, controlado totalmente por los fieles seguidores de Chávez, inició el martes pasado la tercera y última discusión de la reforma, que la oposición denuncia sólo busca perpetuarlo en el poder al eliminar todo límite a la reelección presidencial.

Modelo socialista. Chávez asegura que la reforma constitucional que él mismo propuso busca construir un “modelo socialista” en la nación petrolera al “estilo venezolano”, distinto al cubano. Pero más allá de estas afirmaciones ideológicas, el hecho concreto es que Chávez ya tiene asegurada la reelección indefinida, poderes extraordinarios resignados hace pocos meses por el Congreso, que empero domina a voluntad, y un aplastante poder económico que surge de las rentas petroleras extraordinarias, y que administra con escasos o nulos controles.

   “El período presidencial es de siete años. El Presidente o Presidenta de la República puede ser reelegido o reelegida”, expresa el artículo 230 de la reforma constitucional que fue aprobado cerca de la medianoche del viernes.

   El mandatario presentó en agosto un proyecto de reforma de 33 artículos, pero una comisión parlamentaria decidió elevar la propuesta a 58 artículos para iniciar la tercera discusión del proyecto.

Sin debido proceso. Entre los artículos más polémicos que agregaron los legisladores a la propuesta del presidente, y que aún no han sido aprobados, figuran los que se refieren al estado de excepción, que elimina su límite de tiempo y suprimen los derechos al debido proceso y a la información.

   Pero además el Parlamento decidió sumar otros artículos nuevos, que elevarían la reforma a unos 61, entre los que destacan los referidos a la eliminación de la palabra “descentralización”, y uno que limita la competencia de los Estados con la lisa y llana “supresión” de sus constituciones. Hasta ahora, Venezuela es una nación federal. El proyecto que será sancionado en pocos días por el Parlamento será sometido a referendo en diciembre.

SIP “no grata”. Además de incorporar estos artículos, todos tendientes a concentrar el poder en el Ejecutivo, la Asamblea Nacional “pedirá” al presidente Chávez que declare a la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) “organización no grata” en el país, por emitir un informe en el que califica al gobierno venezolano de “dictatorial”. La SIP tiene planeado hacer su próxima asamblea anual en Caracas, en marzo próximo.

   La legisladora chavista Desirée Santos dijo que la declaración de la SIP, emitida la semana pasada, atenta contra la “soberanía, el presidente y el pueblo”. La diputada, sin embargo, no respondió a las críticas específicas de la SIP sobre las presiones del gobierno a los medios de comunicación, así como al cierre de la principal televisora privada en mayo pasado.

ONG amenazadas. Organizaciones no gubernamentales (ONG) de Venezuela advirtieron que la propuesta del presidente Chávez de prohibir el financiamiento extranjero a las “asociaciones políticas” como parte de la reforma constitucional, busca estrangular económicamente a los grupos en pro de la democracia y los derechos humanos.

   Varios jefes de ONG dijeron que temen que funcionarios públicos, que suelen tildar a las ONG como “golpistas, conspiradores e imperialistas”, tendrán como blanco a los grupos defensores de los derechos humanos si la prohibición es aprobada por la Asamblea Nacional, algo descontado. “En ese artículo podría haber la intención de cerrar la posibilidad de que la ONG de derechos humanos tengan acceso al financiamiento internacional”, dijo Liliana Ortega, presidente de Cofavic, una de los organismos e derechos humanos más respetadas del país. Añadió que si son etiquetados como “políticos”, grupos como el suyo perderán mucha o todas sus fuentes de financiamiento.

   Ortega destacó que todo el financiamiento de Cofavic viene de grupos y gobiernos foráneos, incluyendo la Unión Europea, Alemania y España. Más del “90% del financiamiento total de las organizaciones de derechos humanos viene del cooperación internacional”, acotó.

La reforma constitucional de Chávez no tiene antecedentes en las naciones democráticas.