Triple violación: anulan salidas de los policías

Aún no cumplen el requisito temporal que permite egresos a los condenados. Revocaron la medida

Las salidas para visita familiar que habían sido concedidas a tres policías condenados por violación fueron suspendidas ayer por orden del mismo camarista que las había otorgado. La decisión puso fin a una discrepancia judicial que se había iniciado cuando un juez de Ejecución y dos fiscales protestaron porque no habían sido notificados de la medida, a la que consideraban improcedente.

   Los ex policías Juan Manuel Morales, Ariel Canelo y Fabián Ibarra cumplen condenas de 12 y 10 años de prisión por violar a Erica Joana Córdoba, de 16 años, en el interior de la comisaría 1ª, de Juan Manuel de Rosas 1350, en julio de 2002. La sentencia quedó firme hace seis meses con un fallo de la Sala II de la Cámara Penal. Desde fines julio gozaban de salidas para visita familiar durante los domingos, medida que entabló una polémica institucional en Tribunales.



Diferencias. El juez de Ejecución de Sentencia de Rosario, Efraim Lurá, se opuso porque los tres involucrados no cumplieron con la mitad de la condena, requisito legal para obtener salidas transitorias. La fiscal Adriana Camporini adoptó el mismo criterio. El fiscal de Cámaras José María Peña analizaba pedir la nulidad de esas salidas por no haber sido consultado en su momento por el camarista Ramón Teodoro Ríos, quien las había otorgado mediante un decreto personal.

   El camarista había resuelto así un pedido presentado por el abogado de los condenados. Los permisos luego se extendieron en el tiempo. Ayer, luego de la discusión entablada, el camarista Ríos decidió suspender los permisos para visita domiciliaria porque la causa ya no se tramita en ese tribunal, sino que los detenidos están a cargo del juez de Ejecución de Rosario.

   Ríos había fundamentado en razones humanitarias, propias del objetivo de rehabilitación que procura la aplicación de condena, el haber avalado las salidas especiales a los policías condenados.

   Con esa decisión, el fiscal de Cámaras Peña suspendió los cuestionamientos que preveía formalizar contra la medida porque “la cuestión se volvió abstracta”. De todos modos, anticipó que les pedirá a los camaristas que determinen si los efectivos deben cumplir la pena en el penal policial o en otro lugar de detención. l