El sinuoso camino en procura de justicia

A comienzos de la semana pasada Luis Quiroz, un cabo de la policía santafesina acusado de matar en Villa Gobernador Gálvez a la militante Graciela Acosta durante la convulsión social de diciembre de 2001, fue absuelto por la Justicia provincial de culpa y cargo "ante el cúmulo de pruebas contradictorias" insuficiente para condenarlo.

La resolución sorprendió a la Comisión Investigadora no Gubernamental (Cing), desde donde destacaron el valor como prueba de la pericia de la bala y el arma, que imputó en forma directa a Quiroz.

En Santa Fe la violencia que enmarcó el fin del gobierno aliancista causó siete muertes: Acosta, Walter Campos, Juan Delgado, Yanina García, Rubén Pereyra, Ricardo Villalba y Claudio Pocho Lepratti.

La Cing, que prepara una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh), exigirá en la marcha del martes próximo "la renuncia de los miembros de la Suprema Corte por haber sido garantes de la impunidad".

Recuerda, además, que salvo la causa por la muerte de Lepratti, en la que el policía Esteban Velázquez fue condenado a 14 años de prisión, las otras recién llegaron a la Justicia en marzo o abril de 2002, dándole margen a la policía para "conservar la impunidad".

En tanto, dos fiscales federales porteños acaban de pedir que se juzgue por homicidio culposo a Enrique Mathov, el otrora secretario de Seguridad de la Nación, y al ex jefe de la Policía Federal Rubén Santos por la muerte de cinco manifestantes.

Si bien al expediente se lo dividió en partes para hacer más expeditiva la investigación, en los hechos quedó fragmentado y sólo hay cuatro policías detenidos. Fueron liberados los acusados del homicidio de Gustavo Benedetto y las responsabilidades políticas recién ahora se encaminan a juicio.

Los fiscales Patricio Evers y Horacio Comparatore pidieron a la jueza federal María Servini de Cubría que envíe a proceso oral a Mathov, Santos y los ex jefes policiales Norberto Gaudiero y Raúl Andreozzi por el homicidio culposo de cinco personas y las lesiones sufridas por otras 116 en una convulsionada Capital Federal.

Previamente, la querella había solicitado la elevación a esa misma instancia de la parte del expediente que se centra en las responsabilidades políticas de los asesinatos.

Ya fueron enviados a juicio oral, aunque sin fecha de realización, otros jefes policiales y subalternos, en tanto que Servini dictó la falta de mérito para De la Rúa.