Intimación al director del Servicio Penitenciario

Tres ex jefes de Coronda que tienen pedido de cesantía se dicen injuriados y le exigen una reparación económica

Tres jefes carcelarios santafesinos puestos en disponibilidad intimaron al director del Servicio Penitenciario, Jorge Bortolozzi, a que se retracte públicamente sobre las acusaciones formuladas sobre la masacre en la cárcel de Coronda. El alcaide mayor Oscar Mansilla, el alcaide Manuel Ferreyra y el subprefecto Manuel Benegas le enviaron al Bortolozzi una carta documento de cuatro carillas en la que lo intiman no sólo a desdecirse sino que, además, le solicitan una indemnización por calumnias e injurias. Los penitenciarios sostienen que el funcionario provincial "faltó a la verdad" en la resolución Nº 1157/06 en la que requirió la cesantía de los cargos de los mencionados al considerar que hubo "participación, facilitación y hasta complicidad en la llamada masacre de Coronda".

Mansilla, Ferreyra y Benegas, son tres de los cinco jefes penitenciarios a los que Bortolozzi les pidió "una de las máximas sanciones del régimen disciplinario que es la cesantía", según explicó a fines de septiembre el funcionario provincial. En el momento en el que se desató la carería humana el 11 de abril de 2005 en el que murieron 14 presos en la cárcel de Coronda, Mansilla era director de la unidad; Ferreyra era jefe del ala norte del penal (de donde salieron los internos agresores) y Benegas era jefe correccional.

Según lo publicado por el diario Uno de Santa Fe, los tres jefes penitenciarios presentaron fotocopias de la carta documentos (de cuatro carillas) que le enviaron al director del SP. En ella intiman a Bortolozzi a retractarse de sus dichos en un plazo de 48 horas y le piden una indemnización de 35 mil pesos per cápita por el daño moral que les generó a los tres funcionarios los dichos del ex interventor de la mayor cárcel de la provincia.

De acuerdo a lo publicado, los penitenciarios argumentan que Bortolozzi "únicamente fundó el pedido por supuestas faltas de índole administrativa", resultando sus declaraciones públicas además "una extralimitación de sus funciones, dado que dicha evaluación sólo corresponde ser resuelta por la Justicia". Destacan al respecto que en dicha esfera, en la causa en trámite, "no se encuentra personal imputado".

Además destacan que "la resolución del sumario administrativo no ha adquirido firmeza ya que la medida fue apelada, al considerar que por distintos motivos las actuaciones además de resultar tendenciosas, con disponibilidades antirreglamentarias del personal después de un año y dos meses de investigación, se encuentran plagadas de vicios procedimentales que corresponde evaluar al superior gobierno". Por último, los involucrados señalan que de no mediar las reparaciones que corresponden, se dará intervención a la Justicia civil y penal competente.