Maniobra fraudulenta. Pena e inhabilitación a un mueblero de Cañada de Gómez que se insolventó para eludir sus compromisos

Dos años de prisión por simular una quiebra para no pagar a acreedores

Transfirió bienes a su hija para no responder a sus proveedores. Los condenaron a ambos y deben pagar $ 40 mil

Unos 40 alumnos y cinco docentes de una escuela de la localidad bonaerense de Ezpeleta fueron asistidos ayer por presentar diversos cuadros de intoxicación, informaron fuentes de Defensa Civil.Un juez penal consideró demostrado que el hombre, dueño de una mueblería de esa localidad, transfirió sus bienes a nombre de su hija para insolventarse, en una maniobra urdida para perjudicar a los acreedores que le reclamaban el pago de bajomesadas. Padre e hija además fueron inhabilitados por cuatro años para ejercer como comerciantes, deberán realizar tareas comunitarias en beneficio de una entidad de bien público e indemnizar en 40 mil pesos a los defraudados en concepto de daño moral.

La condena cerró un largo ciclo de reclamos que comenzó en 1987. Entonces, dos carpinteros de Cañada de Gómez intimaron civilmente al mueblero Oscar Alberto Maiolini, de 55 años, a pagar una deuda por la compra de mercadería. Los hermanos Mario y Luis Mastri iniciaron la acción judicial planteando que le habían vendido a Maiolini unos muebles de madera que el comerciante no abonó. Y expusieron que esa deuda arrastró una serie de problemas económicos por los cuales tuvieron que cerrar la carpintería.

La demanda por pago de pesos obtuvo sentencia favorable en el juzgado Civil y Comercial de Cañada de Gómez, donde el comerciante fue apremiado a saldar su deuda. Como no cumplió, el 14 de agosto de 1998 le decretaron la quiebra. La disposición quedó sin efecto al ser convertida en un concurso preventivo del que también participaron otros acreedores. Pero esta medida tampoco prosperó y volvieron a declarar la quiebra de Maiolini en noviembre del año siguiente.

Tiempo después, el conflicto traspasó la barrera del fuero civil: los carpinteros denunciaron que el hombre se había insolventado transfiriendo sus bienes a nombre de terceros para no afrontar sus cuentas. Durante el proceso penal, el dueño de la mueblería fue acusado de registrar todos los vehículos de su empresa a nombre de su pareja y de colocar el fondo de comercio de la mueblería de calle Santa Fe 2704 a nombre de su hija Nerina, entonces de 21 años.

El comerciante, su pareja y su hija fueron acusados de insolvencia fraudulenta, pero esa imputación prescribió por el paso del tiempo y las "numerosas articulaciones instaladas por las partes civiles durante el proceso", según observó el juez de Sentencia Antonio Ramos al resolver la causa.


Actuaba como testaferro
Lo que sí prosperó fue el trámite penal por quiebra fraudulenta que se inició contra Maiolini, como autor, y su hija, como partícipe necesaria. La joven fue acusada de aparecer simuladamente como titular del negocio cuando en la práctica era dirigido por su padre, aunque ese rol no se reflejara en los papeles. Para probarlo, el juez tuvo en cuenta que el fondo de comercio "Maiolini, Oscar Alberto. Muebles de algarrobo, caño, living y colchones" fue transferido por el comerciante a su hija en 1998, es decir, cuando la empresa estaba concursada y faltaba un año para la quiebra definitiva.

En su descargo, Maiolini planteó que "en ningún momento simuló una enajenación para perjudicar a nadie". Su hija dijo que ella dirigía el negocio y que no veía a su padre desde hacía tiempo. Sin embargo, de acuerdo con el fallo, un familiar directo reveló que el contacto entre ambos era cotidiano. Como prueba de que Maiolini padre seguía al frente del local, el juez consideró que fue él quien contrató un equipo de arquitectos para realizar obras en el lugar a pesar de que había transferido la empresa a su hija. Esos profesionales, a la postre, terminaron convirtiéndose en acreedores verificados en la quiebra porque no les pagaron su trabajo.

Ramos también evaluó que las cuentas de la luz y teléfono del local tenían como titular al comerciante. Y que el negocio figuraba a su nombre en el aviso publicitario del local que apareció en la guía telefónica de 1999. "Es quien administra y dispone la comercialización de la producción y transporte, la única persona que toma decisiones, mientras que su hija no puede justificar el origen de los bienes o recursos para su adquisición", planteó Ramos en la sentencia, que aún no está firme.

Por último, como prueba de que Maiolini usufructuaba el negocio aunque estuviera formalmente insolventado, contempló que varios meses después de declarada la quiebra (en junio de 2000), el comerciante presentó una denuncia por un robo en la mueblería. Entonces dijo ante la policía que "posee un taller y fábrica de muebles" y que "uno de sus empleados lo llamó del otro taller para informarle que estaba el portón abierto".

Tras conocer el fallo, el abogado de Luis Mastri, Ernesto Seguí, planteó que los denunciantes "no accedieron a una reparación material en sede civil porque en teoría Maiolini no tenía patrimonio, a pesar de que seguía moviendo un capital importante. Por eso mi cliente denunció ese delito, que por el daño cometido hacer surgir una reparación moral. Después de tantos años, finalmente obtuvo un fallo beneficioso a sus intereses".

El juez Antonio Ramos impuso realizar tareas comunitarias a padre e hija.