Desaparecidos. Los próximos pasos

Después de la feria, la Justicia se prepara para avanzar en las causas

El martes declara el concejal Rivero, mientras el represor Amelong está bajo sospecha por una extraña panfleteada

Javier Felcaro / La Capital

Concluido el receso invernal, la Justicia federal de Rosario se apresta a avanzar en las causas que instruye por graves violaciones a los derechos humanos perpetrados en el sur santafesino durante la última dictadura militar.

El martes próximo, a las 8.30, el concejal del Frente Progresista Juan Rivero declarará ante el juez federal Nº4, Germán Sutter Schneider, en el marco del expediente que investiga el funcionamiento de una cárcel clandestina en la ex Fábrica Militar Domingo Matheu.

La citación obedece a declaraciones realizadas por el detenido represor Walter Pagano (alias Sergio Paz o Wenceslao ), que le adjudica al edil falso testimonio. En 1978, Rivero estuvo preso durante dos meses en el predio ubicado en Ovidio Lagos al 5000, tras lo cual fue llevado a la cárcel de Coronda. Quedó libre en 1982.

Pagano, ex agente de Inteligencia del Ejército, fue arrestado el 28 de abril pasado luego de que los hijos de otro represor, Eduardo Tucu Constanzo, lo sorprendieran saliendo de una iglesia.

Sutter Schneider lo procesó por su participación en crímenes de lesa humanidad en el centro clandestino de detención Quinta de Funes. Y, antes del comienzo de la feria judicial, fue reconocido por otros dos testigos.

Pero en los Tribunales de bulevar Oroño al 900 también evaluarían un nuevo lugar de detención para el ex teniente coronel Juan Daniel Amelong. Es que, días atrás, manos anónimas panfletearon unidades castrenses en Rosario. Los volantes -de color amarillo- atacaban a la ministra de Defensa, Nilda Garré, y al jefe del Ejército, teniente general Roberto Bendini.

Informes de Inteligencia apuntan a Amelong como uno de los ideólogos de la movida, contando con respaldo externo. Hace más de un año la Justicia había trasladado al represor al Batallón de Arsenales 121 (Fray Luis Beltrán), acusado por organismos de derechos humanos de "organizar eventos familiares" en el Batallón 121 de Rosario.

No obstante, el ex teniente coronel intentó resistir la medida con una huelga de hambre. También difundió una carta en la que tildó de "montonero" al presidente Néstor Kirchner.

Quien podría volver a desfilar por los pasillos de los Tribunales para una ampliación de indagatoria -en la causa Feced- es el ex policía José Carlos Scortecchini (alias Archi), instancia pendiente por su estado de salud.

En su momento la defensa había solicitado la revocatoria del trámite, que fue denegada. Luego reclamó la suspensión vía certificado médico. Más allá del comprobante, Carlos Vera Barros (por entonces juez subrogate) convocó a un forense para constatar el estado del represor.

El profesional revisó a Scortecchini y determinó que no estaba en condiciones psiquiátricas de declarar. De todos modos, se pidió la intervención de una junta médica.

Los profesionales concluyeron que el ex policía luce un cuadro depresivo, aunque destacan que "está ubicado en tiempo y espacio". Un diagnóstico que, según pudo saber La Capital, no impediría su citación.

Scortecchini se había entregado en septiembre de 2004 y, casi dos meses después, Vera Barros le endilgó delitos de privación ilegítima de la libertad y tormentos. Sin embargo, la Cámara de Apelaciones los excarceló en diciembre de ese año.

Otro dato clave a futuro son los 14.000 negativos fotográficos hallados años atrás en la sección Fotografía de la ex Jefatura de Policía. Datan del período 1976/83 y están siendo analizado por la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia. Aunque la lupa también promete posarse sobre la larga lista de prófugos.

En manos del juez Sutter Schneider se encuentran las causas sobre la represión ilegal.