En Foco. La prórroga de las retenciones

El presidente Néstor Kirchner redobló en la semana que pasó la apuesta de confrontación con el sector agropecuario, al vetar una resolución que reducía las retenciones a las exportaciones lácteas y reemplazarla por una que las prorrogó por 90 días.

El caso de los derechos de exportación a los quesos y la leche, elevados hace un año por el ex ministro de Economía Roberto Lavagna en el marco de la lucha antiinflacionaria, es bastante representativo de lo que aparece como el reclamo más fuerte de los dirigentes ruralistas que impulsan el paro que comenzó ayer.

Los dirigentes de CRA, enfrascados durante meses en una pelea con el gobierno que incluía una buena dosis de posicionamiento ideológico, fueron precisando con el correr del tiempo sus reclamos. Y entre ellos aparece la fuerte transferencia de fondos al sector agroindustrial que opera a partir de las medidas presentadas como herramientas para controlar la inflación, caso retenciones o restricciones a la exportación.

En ese aspecto, el caso lácteo es sintomático puesto que los tamberos denunciaron en reiteradas ocasiones que los promotores de la suba de los derechos de exportación se encontraban más en el sector industrial que en el gobierno. Lo mismo señalaron en su momento empresarios dedicados a la exportación de leche en polvo, apuntando al favoritismo oficial hacia determinadas empresas.

Las retenciones a los productos lácteos se decidieron en un momento de feroz puja entre las industrias para hacerse de la materia prima, y su efecto se sintió más profundamente en el precio que reciben los tamberos que en el que se refleja en las góndolas de los supermercados. Esta semana, la conducción de Carsfe realizó la misma reflexión sobre el sector frigorífico.

El cambio de ciclo económico que se abrió tras la devaluación puso al sector agropecuario frente a la tarea de entender que la búsqueda de la rentabilidad no estará exenta de tensiones si se toma como un absoluto, desconociendo las necesidades de los consumidores. Pero también debería poner al gobierno ante la obligación de justificar la compleja trama de transferencias y subsidios que dejan hijos y entenados tanto a nivel sectorial, como geográfico y salarial.