En Brasil pueden lograr impunidad 2.900 políticos corruptos

Cometieron irregularidades, pero les bastará un recurso para ser habilitados otra vez como candidatos

Brasilia. - El Tribunal de Cuentas de la Unión de Brasil (TCU) comprobó irregularidades en las cuentas de 2.900 políticos, administradores públicos y magistrados, lo que los inhabilita para las elecciones nacionales, pero les bastará un recurso judicial para poder volver a ser candidatos. Y esto pese a que están probadas las irregularidades, ya que el tribunal realizó un proceso completo y no una mera recepción de denuncias.

Más de la mitad de la lista está compuesta por ex alcaldes que cometieron irregularidades, como recibir fondos del gobierno federal y no informar debidamente sobre su uso, además de nueve jueces y cinco ex gobernadores de Estado, según el diario Folha de Sao Paulo.

El informe entregado ayer por el presidente del TCU, Adylson Motta, al presidente del Tribunal Superior Electoral (TSE), Marco Aurelio de Mello, impide que los 2.900 mencionados se registren como candidatos a cargos públicos, pero en la práctica difícilmente repercutirá en las elecciones, ya que un simple recurso judicial anulará el impedimento.

El TSE enviará la lista a los tribunales regionales electorales para que eviten las candidaturas de los políticos incluidos en ella, pero la medida se anulará si los acusados interponen un recurso judicial.

"Vine a cumplir mi deber legal y entregar la lista de los inhabilitados al TSE. Todos los que están en la lista fueron investigados, tuvieron el más amplio derecho de defensa y de proceso legal, pero hay una falla terrible en la ley electoral que permite que un simple recurso suspenda los efectos de la decisión del TCU", afirmó Mello.

Reclamó además que la ley no prevea siquiera un fallo preliminar. "No estamos presumiendo el desvío (de dinero), sino que lo estamos constatando. Se está desconsiderando un trabajo muy serio hecho por el TCU", se lamentó. "Hubo tiempo suficiente para cambiar la ley pero no se hizo", concluyó.

Concordando con Mello, Motta afirmó que los políticos tuvieron derecho a una amplia defensa en el proceso administrativo y que por eso no deberían tener el derecho de suspender la condena mediante un simple recurso. "Es un premio a la mala gestión, al desvío de recursos y a la licitación viciada", resumió. Consideró que la lista, que fue publicada en el sitio oficial del CTU, puede servir para que los electores sepan qué candidatos han sido señalados por las irregularidades.