Reflexiones

Doctores de derecho torcido

Carlos Duclós

En una vieja y descascarada pensión del viejo París, Balzac le hace decir al señor Bianchon: "Aquí tenemos a su excelencia al marqués de Rastignac, doctor en derecho torcido...". Si el escritor caminara por las calles argentinas se asombraría de ver cántas personas son verdaderos "doctores en derecho torcido". Claro que cuando se habla aquí del derecho argentino, no se circunscribe la cuestión a la rama del derecho que tiene en sus manos la orientación y conducción en el país del Poder Judicial, sino al que conduce o debería conducir a la justicia social, que se ha quedado sin doctores derechos. Por otra parte, el doctor en derecho torcido de Balzac no es aquel que necesariamente es un alcornoque en materia jurídica, sino el que siendo un genio de la filosofía del derecho no acierta a aplicarla en el tiempo y en el espacio apropiado, o aquel que obnubilado por su posición ideológica o su soberano personalismo está impedido de ver las necesidades y el clamor popular y actuar en consecuencia.

El escenario que el ciudadano debe observar, cotidianamente, en este país y que está vinculado con el derecho y el Poder Judicial es patético y es muy cierto lo que dicen algunos abogados: patéticas las respuestas que da el poder político y el Poder Judicial, a veces; pero no son menos patéticas aquellas actitudes de letrados que, al amparo de un sistema obsoleto o ineficaz, también a veces hacen de la justicia una denegación de justicia alargando juicios mediante perspicaces, odiosos e inequitativos ardides procesales.

Hace unos días, quien esto escribe escuchó decir de un profesional, que su colega, abogado de la contraparte, le había manifestado que "este juicio me lo llevo a la tumba". Huelgan las palabras, y el mencionado es apenas un mero ejemplo de cómo los auxiliares de justicia suelen en ocasiones convertirse en verdaderos auxiliares de denegación de justicia aprovechándose de las vetas oscuras del derecho y de los sistemas procesales vigentes. Procesos largos en todos los fueros son una verdadera lanza atravesada en el corazón social, un corazón exhausto por tantas desventuras, injusticias sociales y violencia que aquellos que deberían evitarlas no lo hacen. Todas las expectivas entonces se ponen en manos de un Poder Judicial que muy lejos está de solucionar en tiempo y forma los múltiples casos que a diario se presentan.

Esto ya ha trascendido las posibilidades del derecho en todas sus ramas. En el caso del derecho penal, por ejemplo, es imposible pedir que garantistas o no garantistas resuelvan una problemática que ha dejado de ser exclusiva del derecho para transformarse en una cuestión social.

Es cierto que más penas no remediarán la ola delictiva en auge y que algunos filósofos del derecho progresistas, equivocadamente, diagnosticaron como "una sensación" hace años; pero también es cierto que enviar señales al bajo mundo de que las penas serán morigeradas no hará más que incitar al delito con la esperanza de la impunidad. La despenalización del comercio de drogas, por ejemplo, es un disparate absoluto. También supone un error aplicar doctrinas que funcionan en sociedades desarrolladas y afianzadas intelectual y culturamente, en una sociedad resquebrajada por donde se la mire como la argentina. No puede haber garantistas y no garantistas, progresistas o conservadores a la hora de colaborar para un sistema mejor entre aquellos profesionales del derecho que estén interesados en el bien común. No puede haber egoísmos signados por factores ideológicos. Y mucho menos los intelectuales del derecho pueden permitirse cegueras políticas.

Poco, en estas circunstancias, es lo que pueden hacer jueces, funcionarios, abogados, trabajadores y docentes que giran en torno del derecho. Poco porque su tarea no es prevenir y la mar de causas no puede ser desagotada por más estructura que se tenga; pero si es poco, que se haga al menos sin egoísmos, pensando en los seres humanos. Si es poco, que sea teniendo en cuenta la realidad argentina y santafesina, este aquí y ahora que no es el presente sueco, ni holandés. Este tramo debe finalizarse con el copete de una noticia que marca esta realidad argentina: "Un estudiante de 17 años amenazó con un arma de fuego a la vicedirectora de una escuela a la que concurre, y luego baleó su automóvil, tras recibir una nueva suspensión por mala conducta".

Hace poco tiempo, el gobierno de la provincia de Santa Fe lanzó lo que se conoce como Plan Estratégico y que comprende la reforma de una serie de estructuras jurídicas. En estas mismas columnas se expresó que el plan era y es una oportunidad para mejorar la estructura judicial santafesina. Se dijo entonces: "No puede haber Justicia sin orden jurídico, un orden al que nuestros gobernantes y políticos prestan poca atención, porque aun pudiendo hacerse sobre él una gran obra, esa obra no se observa a simple vista y en consecuencia no produce votos. El propósito del Estado provincial y de todos los auxiliares de justicia de remodelar drásticamente el orden jurídico santafesino es plausible".

Participarán en la eleboración de este megaproyecto no sólo representantes del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial sino de las universidades, de los trabajadores judiciales, los colegios de abogados de la provincia y hubiera sido conveniente que la convocatoria se extendiera a otros sectores de la ciudadanía.

Sin embargo, a pocos días de iniciarse la reunión una asamblea de abogados ha pedido, y es mandato de asamblea, que el Colegio que los nuclea participe de la reunión sólo si se respetan ciertas condiciones. Una de ellas es que la Corte no actúe en la elaboración de este plan, pues sostienen que el Poder Judicial no puede dictar ni hacer reformas a las leyes, por lo cual no debería tener influencia en la elaboración de las normas que en definitiva reformarán el sistema judicial.

En principio, no parece lógico que quienes deben impartir justicia no puedan opinar sobre el tema que deberán tratar. Sería un disparate tratar de separar a los abogados, a los docentes y filósofos del derecho, a los trabajadores del Poder Judicial y es una pena que, como se dijo antes, la convocatoria no se amplíe. Pero por otro lado, el separar a los jueces del tratamiento del tema sería también inconstitucional. Algunos magistrados han comenzado a recordar que el artículo 92 de la Constitución provincial establece en su inciso 7 que la Corte Suprema de Justicia "propone en cualquier tiempo reformas de organización o procedimiento encaminadas a mejorar la administración de Justicia".

Pero hay más, el artículo 87 de la Carta Magna ordena a los magistrados y funcionarios de la administración de justicia desempeñar sus cargos "conforme a la Constitución y a las leyes". De modo que aun cuando los mismos jueces se autoexcluyeran de la participación, estarían violando también el espíritu de este artículo por el no cumplimiento del anterior. Pero incluso están quienes sostienen entre los magistrados que el artículo 89 de la Constitución provincial indica que los jueces "no pueden ejercer profesión o empleo alguno, salvo la docencia en materia jurídica, las comisiones de carácter honorario, técnico y transitorio que les encomienden la Nación, la provincia o los municipios...". ¿Qué se entiende por comisión? Es, según la lengua española, la acción de un conjunto de personas encargadas por la ley, o por una corporación o autoridad, de ejercer unas determinadas competencias permanentes o entender en algún asunto específico como es el caso del Plan Estratégico. La cuestión parece clara.

En fin, es de esperar que al fin todos, absolutamente todos, se unan en torno de un proyecto que puede aportar al menos algo para una situación cuyo remedio total no está en manos ya del derecho.