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 domingo, 26 de marzo de 2006  
El perdón. La Casa Rosada salió a reforzar la posición del presidente sobre los indultos
Polémica por los indultos: el gobierno le pide a la Justicia un análisis "caso por caso"
El ministro del Interior aludió al beneficio que también recibieron montoneros: "No hay impunidad para nadie"

Desde distintos despachos de la Casa Rosada salieron ayer a defender y explicar aspectos de la posición del presidente Néstor Kirchner de que sea la Justicia la que defina la validez de los polémicos indultos a militares, los que -aclararon- deben ser analizados "caso por caso" porque "no hay pactos de impunidad para nadie", en referencia al perdón que también benefició a dirigentes de Montoneros.

Según el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, anular los controvertidos perdones a través de un decreto hubiese implicado "corregir una ilegalidad con otra ilegalidad".

A su vez, el ministro del Interior, Aníbal Fernández, consideró que "la Justicia forzosamente debe analizar caso por caso" porque "ningún indulto es igual a otro".

La posibilidad de apelar a un decreto quedó descartada el viernes pasado: el propio Kirchner, durante el acto por los 30 años del golpe de Estado realizado en el Colegio Militar, enfatizó que debe ser la Justicia la encargada de revisar los indultos.


Reclamo denegado
El jefe de Gabinete, al rechazar el reclamo de algunas fuerzas políticas respecto de los perdones, aseguró que "no le pueden pedir al presidente que saque otro decreto o una ley que los anule porque es absolutamente inconstitucional".

Asimismo, Fernández consideró "perversa y maniquea" la discusión sobre la nulidad de los controvertidos indultos que están proponiendo "algunos sectores oportunistas".

"Escuché a algunos dirigentes del ARI, que lidera (la diputada nacional) Elisa Carrió, decir que el gobierno, que propició la nulidad de las leyes de obediencia debida y punto final, le está escapando al tema. Eso es casi una desvergüenza", retrucó.

El funcionario también dejó en claro que, "para corregir o salvar las decisiones de otro tiempo no es bueno hacerlo violando las normas constitucionales".

"Bien valió la pena que el presidente les dijera a los argentinos lo que piensa, pero que les recordara que ahora estamos en un tiempo en donde la ley y la Constitución imperan y no pueden ser relegadas", advirtió.

Fernández explicó también que el indulto "es una facultad presidencial y, desde el primer día, está siendo cuestionado por Kirchner porque siempre lo consideró reñido con la ética republicana".

En esa línea, expresó: "El indulto es una potestad otorgada para perdonar lo juzgado, y a eso la única que lo puede resolver es la Justicia. Un decreto o una ley no suplen nada sino que violan nuevamente la Constitución".

A su turno, el titular de Interior también defendió la decisión de Kirchner de que sea la Justicia la que resuelva el tema porque -dijo- "ningún indulto es igual a otro".

Señaló que en el caso de la obediencia debida y el punto final, a diferencia de los indultos, se hablaba "de un hecho casi generalizado que, con la anulación de las normas por parte del Congreso, resolvía la situación".

Al recordársele que el ex presidente Carlos Menem firmó los perdones tanto a favor de los militares como de dirigentes montoneros, Fernández explicó: "Kirchner no habló de personas en particular sino que dijo que todos aquellos indultos deberán ser revisados por la Justicia".

"La Justicia tendrá una carpeta con cada caso, los revisará y, en función de lo que entienda, les dará valor o no. Se hará con la misma legislación e idéntica condición de imprescriptibilidad de cualquiera de los delitos para cualquier hijo de vecino", enfatizó.

Fue entonces cuando el jefe de la cartera política hizo hincapié: "Si estamos hablando de que en la Argentina no existen pactos de impunidad, entonces no los hay para nadie".

Fernández justificó la posición de la Casa Rosada para que sea la Corte Suprema de Justicia, en última instancia, la que declare inconstitucionales los indultos, en base a lo establecido por el Tratado Internacional de San José de Costa Rica, en un fallo similar al que aplicó en el 2005 para anular las leyes de impunidad.

El tratado, incorporado a la Constitución en 1994, considera que los delitos de tortura y violaciones perpetrados desde el Estado son de lesa humanidad y, por lo tanto, imperdonables e imprescriptibles.

Lo que no aclaró Fernández es cómo se considera a los delitos perpetrados por los guerrilleros que se enfrentaron en la década del 70 a la dictadura, como los integrantes de Montoneros.

El debate sobre la validez de los indultos se instaló fuertemente en el Congreso, donde la semana pasada se resolvió crear una subcomisión en el marco de Asuntos Constitucionales, que preside el diputado nacional Juan Manuel Urtubey, para analizar todos los proyectos que están en tratamiento.

Entre esos proyectos figura una iniciativa acordada en el 2005 por diferentes bloques parlamentarios de la Cámara baja, que no llegó al recinto, por la cual se habilita a la Justicia a expedirse sobre la validez de los indultos.

La posibilidad de derogación del perdón presidencial ya había comenzado a discutirse el año pasado, después de que la Corte declarara inconstitucionales las llamadas leyes de impunidad.

Los indultos de Menem recibieron su primer revés judicial el 1º de abril de 2005, cuando la Cámara Federal los declaró inconstitucionales y allanó el camino para someter a proceso oral a tres militares (Guillermo Suárez Mason, entre ellos) en la megacausa del Primer Cuerpo del Ejército.

Ahora la validez de los perdones terminará siendo analizada por la Corte, aunque primero deberá expedirse la Cámara de Casación penal.
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El gobierno salió a reafirmar la posición del presidente.

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