El dilema de los Tribunales o el Congreso

Graciela López de Filoñuk, fiscal federal de Córdoba y una de las funcionarias pioneras a la hora de embestir contra los responsables del terrorismo de Estado, consideró ayer adecuado que la Justicia sea la que declare inconstitucional los indultos.

"Actualmente toda la Justicia federal se orienta en ese sentido", estimó López de Filoñuk, quien afirmó estar "muy de acuerdo con lo que dijo el presidente Néstor Kirchner".

El jefe del Estado había pedido el viernes pasado que "la Justicia determine prontamente la validez, la constitucionalidad o lo que yo pienso, la inconstitucionalidad", de los indultos que beneficiaron a los jerarcas de la última dictadura militar y a dirigentes de los grupos guerrilleros.

En su discurso en el acto de conmemoración de los 30 años del golpe de Estado del 1976, Kirchner, al aludir al dictador Jorge Rafael Videla, aseguró que la Justicia "debe ser acelerada y encontrada".

Al respecto, López de Filoñuk hizo hincapié en que "en Córdoba obtuvimos lo que buscábamos desde hace mucho tiempo". Aunque recordó que la Justicia "demoró y demoró".

Por su parte, el dirigente socialista y ex diputado nacional Héctor Polino señaló que la Justicia y el Congreso deben debatir la decisión de declarar inconstitucionales los indultos del ex presidente Carlos Menem.

"El Congreso puede declararlos nulos de nulidad absoluta y manifiesta y la Justicia, a su vez, determinar su inconstitucionalidad", advirtió el ex legislador.

En ese sentido, indicó que, "lejos de excluirse, ambas decisiones se complementarían adecuadamente". Y sentenció: "Se cerraría, de este modo, un capítulo nefasto de nuestra historia política sin ninguna posibilidad de cuestionamientos futuros".

Días atrás, especialistas en derecho habían disentido sobre los mecanismos más apropiados para arribar a la anulación de los indultos decretados en 1991 por Menem.

El primero en sentar posición fue el ex ministro radical Ricardo Gil Lavedra, quien afirmó que "la nulidad debe ser declarada por los Tribunales, porque se trata de delitos de lesa humanidad perpetrados por el Estado".

En cambio, el constitucionalista Eduardo Barcesat opinó que la iniciativa debe partir del Ejecutivo porque "el poder que tiene capacidad para crear una norma, también la posee para anularla".