Contra la ley, en Rosario 126 presos cumplen su condena en comisarías

En seis departamentos del sur, los penados son 225. Algunos están por delitos graves y llevan largo tiempo enpenales inseguros. El informe lo motivó la salida irregular de un violador sentenciado de la seccional de Fisherton

Jorge Salum / La Capital

En las comisarías de Rosario hay 126 convictos que están cumpliendo allí su condena, algo que viola abiertamente las disposiciones legales en esa materia. Varios de esos reclusos están sentenciados a prisión perpetua y otros fueron condenados por delitos tan graves como el robo a mano armada o la violación. "Esto indica su alto grado de peligrosidad", escribió el fiscal de segunda instancia José María Peña en un informe que elevó a la Cámara Penal. Entre esos detenidos hay varios policías condenados por homicidio y todos están alojados en penales que no reúnen condiciones de seguridad ni están preparados para albergar a tanta gente. En su estadística no entra José Adolfo Salías, el preso condenado a 12 años por abuso sexual que estaba recluido en la comisaría de Fisherton e intentó un nuevo ataque cuando lo dejaron salir sin autorización judicial, el primer día del año: la semana pasada, después del escándalo que se desató por sus privilegios y la presunta nueva agresión, lo trasladaron a la cárcel de Coronda.

En las comisarías y subcomisarías de Rosario y las localidades que dependen de la Unidad Regional II hay más de 1.200 detenidos. Según el informe que Peña mandó a la Cámara el 28 de enero, y que ésta a su vez elevó a la Corte Suprema de Santa Fe, 126 son convictos con sentencia firme, lo que implica que sus casos están cerrados.

Entre esos 126 hay varios ex policías que purgan su condena en un penal exclusivo, algo que para Peña también constituye una situación irregular.

Algunos están condenados por delitos gravísimos. Es más: 17 de ellos fueron acusados y sentenciados por homicidio. A cuatro les dieron perpetua por homicidio calificado, lo cual significa que mataron a un familiar directo o cometieron un crimen alevoso. Además hay cinco sentenciados por abuso sexual, uno por corrupción de menores y 54 por robo con armas.

Entre los policías alojados en el denominado pabellón policial hay seis condenados. A uno lo sentenciaron por torturas seguidas de muerte, a dos por homicidio simple y a otro por abuso sexual. Todos delitos cometidos mientras eran miembros activos de la fuerza.

El informe del fiscal Peña incluye otros datos preocupantes. Dice que en el Departamento General López hay 64 presos condenados en comisarías, en Caseros hay 13, en San Lorenzo 11, en General Belgrano 4 y en Villa Constitución 3.

También hay convictos sentenciados por homicidio en Armstrong (es una mujer con perpetua que lleva allí cinco años) y en Las Parejas.

Muchos de ellos están en pequeñas comisarías de pueblo. En María Teresa, por ejemplo, hay dos. Y las seccionales de Chovet, Villa Cañás, Wheelwright, Teodelina y Elortondo tienen por lo menos un huésped cada una. Correspondería que estén alojados en una cárcel federal.

Muchos de estos detenidos llevan años cumpliendo condena en una comisaría de pueblo o de ciudades pequeñas, cuya situación edilicia no cumplen ni de lejos las condiciones de seguridad y albergue requeridas para albergar a detenidos sentenciados. En Melincué, por ejemplo, hay un hombre condenado a prisión perpetua por homicidio calificado que está allí desde el 7 de junio de 1996, y una mujer sentenciada por el mismo delito desde el 24 de octubre de 1997.

En total, según los datos reunidos por el fiscal Peña, hay 225 detenidos cumpliendo condenas en comisarías en los seis departamentos que dependen del juez de Ejecución Penal con asiento en Rosario.

El fiscal comenzó a reunir los datos cuando se conoció el caso de Salías, que cumple una condena desde 2002 por dos violaciones y un intento de violación cometidos en 1999. Salías estaba en la seccional 17ª de Donado al 900 luego de pasar por las cárceles de Coronda y la de Rosario. Había sido trasladado a la comisaría de Fisherton por orden del juez de Ejecución Penal Efraín Lurá.

El 3 de enero una joven de 18 años se presentó en esa seccional y denunció que un sujeto había intentado violarla. Pero hizo mucho más que eso: señaló como el presunto autor de ese ataque a un sujeto que acababa de entrar en la comisaría. Ese sujeto era Salías, a quien ella había seguido después de cruzarlo en las calles del barrio.

La denuncia automáticamente dejó al desnudo la irregular situación del preso, que nunca debió salir a la calle porque no tenía autorización judicial para hacerlo. El caso originó la apertura de dos causas judiciales, una para investigar la supuesta agresión perpetrada por Salías y otra para indagar sobre la responsabilidad del jefe, subjefe y varios oficiales de la comisaría 17ª en las condiciones de detención extremadamente benignas que favorecieron la salida del preso. Hoy están imputados de incumplimiento de sus deberes y además el jefe de la Unidad Regional II de policía, José Maldonado, los desplazó del cargo.

Quedó bajo la lupa, además, la decisión del juez Lurá de haber autorizado el alojamiento de Salías en la comisaría 17ª en abril del año pasado. El propio magistrado explicó luego a La Capital, en una entrevista exclusiva, que todo el tiempo debe ordenar traslados provisorios de presos condenados a las seccionales a la espera de que se generen vacantes en las cárceles del Servicio Penitenciario. Pero Peña le dijo a la Cámara Penal que ese argumento es inaceptable porque la ley de Ejecución Penal, es decir la norma que regula el cumplimiento de las penas, prohíbe expresamente esa posibilidad.

El diez por ciento de los presos en las comisarías rosarinas son condenados.