Los perseguidos por la dictadura podrían acceder a la jubilación

Las personas que por razones políticas o gremiales tuvieron que abandonar su trabajo durante la última dictadura militar podrán acceder a su jubilación en forma completa si prospera un proyecto oficial, que procura computar los aportes previsionales de esos años.

La iniciativa es impulsada por el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y Racismo (Inadi), y fue motivada por una denuncia recibida en la sede del organismo.

El Inadi intenta así modificar un aspecto sustancial de la ley 23.278 en la Cámara de Diputados, y se establece el cómputo, sólo con fines jubilatorios, del período de inactividad producido por el cese de tareas durante el proceso militar.

Serían beneficiarias aquellas personas que por razones políticas o gremiales fueron declaradas prescindibles, cesanteadas o forzadas a renunciar a sus cargos públicos o privados.

La ley vigente reconoce las contribuciones patronales de ese período, pero no los aportes personales, por lo cual, para que se produzca el reconocimiento, estos aportes deben ser abonados al contado o descontados del futuro haber jubilatorio.

El Inadi considera que la reparación tiene que contemplar el aspecto previsional de forma completa, ya que "no se puede obligar a estas personas al pago de aportes sobre sueldos que jamás han percibido", indicó el organismo.

"Ellos deberían gozar de los mismos derechos que detentarían si no hubiesen sido víctimas de un hecho ilegítimo e injusto de cesantía, prescindibilidad o renuncia impuesta", señaló.

La iniciativa se lanzó el 28 de septiembre último cuando el vicepresidente del Inadi, Esteban Llamosas, interpuso una serie de propuestas ante la comisión de Previsión y Seguridad Social para que la modificación a la norma se ajuste de modo tal que no derive en un perjuicio de los beneficiarios.

La comisión consideró "de forma íntegra" el planteamiento expuesto por el Inadi, introduciendo modificaciones al proyecto de ley originado en dicha comisión, que fue aprobado por los diputados miembros el 9 de noviembre último.