María Julia sigue sumando causas penales en su contra

La Cámara Federal dio ayer impulso a una nueva causa penal contra la detenida ex funcionaria menemista María Julia Alsogaray, esta vez para que se investigue si cometió irregularidades en la privatización de la Empresa Nacional de Teléfonos (Entel).

Los camaristas de la Sala I rechazaron un recurso de nulidad que había planteado la defensora oficial Perla Martínez de Buck cuestionando una resolución del juez federal Norberto Oyarbide y un requerimiento de los fiscales federales Luis Comparatore y Patricio Evers.

En el nuevo sumario se va a investigar el papel de Alsogaray como interventora de Entel, a la luz de los contactos que mantuvo con el entonces representante de la compañía telefónica estadounidense Bell Atlantic, Pablo María Leclerc, en el marco de la licitación internacional para la concesión del sistema.


El peso del pasado
Desde mediados del año pasado Alsogaray está detenida en dependencias de la Policía Federal, en el barrio de Palermo, donde purga una condena a tres años de prisión efectiva por enriquecimiento ilícito durante su paso por el gobierno de Carlos Menem.

Pero además está procesada en otro puñado de causas judiciales, con lo cual si termina siendo condenada podría sumar más años de prisión. Por ejemplo, el juez federal Rodolfo Canicoba Corral ya elevó a juicio oral una causa por supuesto pago de sobreprecios en reformas a oficinas públicas.


Teléfonos pinchados
En esta nueva causa constarían escuchas telefónicas realizadas a Leclerc y en ellas se escucharía al ejecutivo develar el contenido de algunas de sus conversaciones con Alsogaray, a propósito de las circunstancias del paso a manos privadas de Entel, confiaron las fuentes.

Por eso los fiscales habían dictaminado que había mérito para investigar si la ex interventora de Entel "ha incurrido en algún ilícito penal relativo al hecho que se desprende de los dichos de Pablo Leclerc" y el magistrado impulsó esa pesquisa.

En cambio, la defensora Martínez de Buck hizo un planteo de nulidad, cuestionando errores formales, pero los camaristas federales Horacio Vigliani, Martín Irurzun y Eduardo Freiler consideraron que los fiscales "fueron sumamente claros" al elaborar su dictamen.