[Nota de tapa] Después de la noche

El día que la Argentina dijo nunca más

Hace 20 años que la Conadep entregó su informe sobre la represión durante la dictadura militar. Génesis de un documento extraordinario, cuyo valor subsistió a las leyes de impunidad

Rubén A. Chababo

El 20 de setiembre de 1984, hace exactamente veinte años, la sociedad argentina asistía a uno de los acontecimientos más importantes de su historia contemporánea. En una emotiva caminata que unió la sede del Congreso Nacional con la Casa Rosada, más de setenta mil personas acompañaron la entrega del Informe Nunca Más redactado por los miembros de la Comisión Nacional para la Desaparición de Personas.

Al anochecer de ese día de comienzos de primavera, en un clima de lógica euforia y expectación, los militantes de los diferentes partidos políticos comenzaron a encolumnarse para una marcha que habría de ser histórica. La juventud radical, la juventud peronista y la Intransigente fueron quienes más personas aportaron a esa convocatoria seguidos por buena parte de los partidos y agrupaciones de izquierda. Sin embargo, las Madres de Plaza de Mayo, que desde el año 1977 habían sido la cabeza visible de la resistencia a la dictadura, estuvieron ausentes ya que habían manifestado a viva voz su negativa a avalar un informe cuyo contenido desconocían y que en el espíritu de la letra daba por muertos, antes de proceder a cualquier investigación, a sus hijos.

Al grito de "Castigo a los culpables" la multitudinaria columna avanzó lentamente por el corazón mismo de una ciudad que hacía sólo un año atrás había estado bajo el sitio de una de las dictaduras más sangrientas de la historia argentina. Raúl Alfonsín, quien recibiría de manos del escritor Ernesto Sábato el Informe final redactado por la Comisión, había ajustado todos los detalles en vistas a evitar cualquier tipo de provocación por parte de los servicios de inteligencia hacia la multitud reunida en la plaza: unas horas antes, sobre la base de la Pirámide de Mayo, manos anónimas habían escrito consignas intimidatorias hacia los organismos de Derechos Humanos y buena parte de la cúpula militar había manifestado su rechazo a cualquier intento de revisar su actuación en el pasado, lo que había contribuido a generar una atmósfera demasiado espesa en el contexto del primer año de vida democrática.

Ocho meses antes, más precisamente el 15 diciembre de 1983, el radicalismo, que había llegado al poder en las primeras elecciones democráticas luego de siete años de dictadura, había tomado la decisión política -para muchos inesperada- de investigar las violaciones a los Derechos Humanos cometidas por el régimen militar. La presentación del Informe que había requerido nueve meses para su elaboración simbolizaba el afán de una parte importante de la sociedad argentina por descorrer el velo de silencio en torno a situaciones aberrantes que habían sido silenciadas sistemáticamente por la dictadura militar. Si bien ya a esa altura buena parte de la sociedad era consciente de los atropellos a las libertades y garantías constitucionales cometidas por las diferentes juntas militares que se habían sucedido en el poder desde marzo de 1976, no eran muchos los que conocían en detalle el verdadero alcance y la dimensión de aquellos atropellos.

Hasta diciembre de 1983 la lucha por el reclamo de verdad y justicia había estado reducida a la labor de los organismos de Derechos Humanos, quienes habían elevado denuncias y reclamos de manera insistente, las más de las veces ante la indiferencia de buena parte de la sociedad civil. Las madres y familiares de detenidos-desaparecidos junto a las abuelas de niños apropiados y demás organizaciones civiles habían diseñado un derrotero en busca de la verdad que había permitido abrir una huella que ahora la democracia parecía decidida a profundizar.


CUESTION DE ESTADO
La decisión política de crear la Comisión investigadora lograba que por primera vez en la historia argentina el tema de los Derechos Humanos pasara a ser cuestión de Estado. Años más tarde, en sus memorias políticas, Raúl Alfonsín se encargaría de destacar la importancia de su decisión diferenciándose claramente del espíritu que hubiera guiado al peronismo de haber resultado triunfador en las elecciones de 1983: "Dos días después de asumir el gobierno, promoví la derogación ante el Congreso de la Ley de auto amnistía que consagraba la impunidad para los responsables de la represión. Y lo hicimos solos ya que el Partido Justicialista, a través de su candidato Italo Luder había afirmado la validez y constitucionalidad de esa auto amnistía, pretendiendo que no se podría someter a juicio a los represores, sin perjuicio de lo cual había recibido el cuarenta por ciento de los votos del electorado en las elecciones en las que recuperamos la democracia".

Si bien la decisión de impulsar la investigación sobre el pasado reciente fue bien acogida por buena parte de la sociedad argentina, el naciente gobierno radical debió imponer su voluntad tanto en el frente interno, respecto de aquellos que exigían la creación de una Comisión bicameral y desestimaban la importancia de la Conadep, como en el externo desde donde se recibían presiones de figuras como la del Presidente de Italia Sandro Pertini y de personalidades relevantes de la izquierda europea, quienes aconsejaban cerrar de manera definitiva la cuestión militar y no profundizar ninguna vía investigativa.

El Poder Ejecutivo nombró a diez personas para formar parte de la Comisión. El decreto de creación invitaba además a ambas Cámaras del Congreso a nombrar a tres representantes para que se incorporasen a la misma. Sin embargo, únicamente la Cámara de Diputados cumplió con el pedido. Así, la Conadep quedó conformada por trece miembros, quienes por unanimidad eligieron como Presidente al escritor Ernesto Sábato acompañado de once figuras públicas de reconocida trayectoria en el campo de los Derechos Humanos: el Obispo Jaime F. de Nevares, el Rabino Marshall T. Meyer, el ex Juez de la Corte Suprema de Justicia Ricardo Colombres, el cardiocirujano René Favarolo, el ex rector de la UBA Hilario Fernández Long, el obispo metodista protestante Carlos T. Gattinoni, el investigador Gregorio Klimovsky, el jurista Eduardo Rabossi, la periodista Magdalena Ruiz de Guiñazú y los diputados Santiago Marcelino López, Hugo Diógenes Piucill y Horacio Hugo Huarte. El Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel también fue invitado a ser parte de la Comisión pero rechazó la convocatoria manifestando diferencias con la política de Derechos Humanos que impulsaba el gobierno radical.

A pesar de que sean pocos los que hoy lo recuerden, algunos de los integrantes propuestos para formar parte de la Conadep fueron duramente cuestionados, en especial Ernesto Sábato, a quien buena parte de los organismos de Derechos Humanos no visualizaban precisamente como un referente ético en la compleja y ardua batalla por la recuperación democrática. El día posterior a la entrega del informe el escritor Osvaldo Bayer escribía en una columna de opinión: "Si bien en esa Comisión hay hombres incorruptibles que estuvieron desde el primer día en el frente de los Derechos Humanos, hay otros que coquetearon con los dictadores compartiendo sus almuerzos y sus aviones, o hicieron giras por el exterior hablando sobre la pureza de la lengua mientras en las calles argentinas se asesinaba a su mejor juventud y se quemaban libros". Una alusión directa al autor de "Sobre héroes y tumbas".

Si bien no con el mismo tenor de contundencia también se escucharon voces discordantes respecto a la inclusión de Magdalena Ruiz Guiñazú. No fue el caso del Rabino norteamericano Marshall Meyer o el del Obispo de Nevares, quienes habían fatigado los pasillos de las cárceles de la dictadura asistiendo a prisioneros o acercado consuelo a los familiares de los detenidos, incuestionables referentes de conducta ética en los años de oscuridad.

"Nuestra Comisión no fue instituida para juzgar, pues para eso están los jueces constitucionales, sino para indagar la suerte de los desaparecidos en el curso de estos años aciagos de la vida nacional. Pero, después de haber recibido varios miles de declaraciones y testimonios, de haber verificado o determinado la existencia de cientos de lugares clandestinos de detención y de acumular más de cincuenta mil páginas documentales, tenemos la certidumbre de que la dictadura militar produjo la más grande tragedia de nuestra historia, y la más salvaje" se lee en el prólogo que antecede la presentación del Informe. Esta declaración abría de algún modo la instancia al trabajo de los tribunales que juzgarían a los militares en el histórico juicio de 1985, además de delimitar los alcances de la labor de la Comisión.


LAS FUNCIONES
El Poder Ejecutivo había enmarcado de manera clara el objetivo esencial de la Conadep: esclarecer, tal como lo establecía el artículo primero del decreto presidencial, los hechos relacionados con la desaparición de personas ocurridas en el país. Para alcanzar ese fin se dotaban a la Comisión de las siguientes funciones: recibir denuncias y pruebas sobre aquellos hechos para remitirlas a la justicia en el caso de que estuvieran relacionadas con la presunta comisión de delitos; averiguar el destino o paradero de las personas desaparecidas como así también toda otra circunstancia relacionada con su localización; determinar la ubicación de niños sustraídos a la tutela de sus padres o guardadores a raíz de acciones emprendidas con el motivo alegado de reprimir el terrorismo, y dar intervención, en su caso, a los organismos y tribunales de protección de menores; denunciar a la justicia cualquier intento de ocultamiento, sustracción o destrucción de elementos probatorios relacionados con los hechos que se pretendía esclarecer; y emitir un informe final, con una explicación detallada de los hechos investigados, a los 180 días a partir de su constitución.

Durante el proceso de investigación la Comisión tramitó un total de 8.400 legajos sobre personas desaparecidas y asesinadas. Cada legajo no se refería exclusivamente a una sola persona, sino que podía incluir un grupo o hechos colectivos. A partir de las denuncias recibidas los miembros de la Comisión realizaron reconocimientos en los diferentes sitios que los sobrevivientes señalaban en sus declaratorias como lugares de tormento o reclusión. Así, frente a los ojos de la Comisión, fue poniéndose en evidencia las características y alcances del plan de represión y exterminio diseñado por la dictadura. Sitios como la Esma, la Mansión Seré o el Olimpo, para el caso de la provincia de Buenos Aires, adquirieron entidad pública frente a los ojos de una ciudadanía que iba descubriendo poco a poco el espesor de una historia de carácter tenebroso.

Centenares de sobrevivientes y familiares de desaparecidos dieron testimonio, en muchos casos por primera vez. Cada una de sus denuncias sirvió de evidencia y prueba acusatoria en vistas al juicio futuro al que serían sometidas las cúpulas militares.

Ante la necesidad de avanzar en la resolución de casos de niños apropiados, reclamo central de las Abuelas de Plaza de Mayo, la Comisión auspició la visita al país de integrantes de la Asociación Americana para el Avance de la Ciencia, quienes revelaron los últimos adelantos en materia de análisis genéticos para la recuperación e identificación de personas; el mismo Comité orientó a las autoridades acerca de la posibilidad científica de determinar la causa de muerte de personas a partir del estudio de sus restos óseos, información clave para la compleja labor de pesquisa en las centenares de fosas comunes y enterramientos ilegales bajo las siglas NN que habían tenido lugar por orden de las fuerzas represivas.

Al mismo tiempo se obtuvo autorización por parte del Poder Ejecutivo para que se habilitaran las Embajadas y Consulados argentinos en el Extranjero con el objetivo de que los emigrados formularan allí sus denuncias o aportaran sus testimonios sobre desaparecidos.

En enero de 1984 la Conadep solicitó que los órganos competentes del Estado Nacional adoptaran medidas precautorias para asegurar que algunas personas cuyos testimonios pudieran resultar útiles a sus fines investigativos o al de los jueces, permanecieran en el país incluso por aplicación de reglamentaciones militares ya existente, para favorecer su comparecencia en caso de ser citados, al tiempo que resolvió la creación de filiales en las ciudades de Bahía Blanca, Mar del Plata, Córdoba, Rosario, Resistencia y Santa Fe. Así se establecieron cuatro zonas de trabajo: Litoral, Centro, Norte y Sur, cada una de las cuales centralizó información de importancia en vistas a la redacción del Informe final.


LA CONADEP EN ROSARIO
En nuestra ciudad fue habilitada una sala del Centro Cultural Bernardino Rivadavia, donde por espacio de dos meses una Comisión integrada por Israel Esterkin, Manuel Blando, Hugo Urcola, Ricardo Pegoraro, José Emilio Madariaga, Fidel Tonioli y Alberto Gabetta reunió testimonios y elaboró su informe final que se sumó al del resto de las delegaciones nacionales.

Ante el temor de resultar objeto de daño o destrucción, todos y cada uno de los documentos que iban siendo acuñados fueron fotocopiados y microfilmados resguardándolos en cajas de seguridad de bancos oficiales.

El informe Nunca Más agotó en su primera semana de aparición pública una tirada de cuarenta mil ejemplares y rápidamente se convirtió en un texto de consulta obligada de investigadores y lectores interesados en profundizar su conocimiento acerca de las dimensiones alcanzadas por el Terrorismo de Estado. Puso a la sociedad frente a la evidencia irrefutable de que el período 1976-1983 había significado un verdadero derrumbe civilizatorio al tiempo que reveló desde su mismo título el carácter de un compromiso contundente entre el informe de los hechos y la toma de posición moral hacia el futuro.

Leído en la perspectiva que prodigan los años, puede asegurarse que el trabajo de la Conadep permitió diseñar un primer relato acerca del horror que significó la última dictadura militar al tiempo que construir los primeros peldaños en vistas al juicio histórico de 1985. Las leyes de Obediencia debida y Punto final que le sucedieron en los años posteriores, si bien echaron por tierra buena parte de los esfuerzos que la sociedad había hecho por alcanzar la verdad histórica, no lograron esfumar la importancia de un documento que no tiene parangón en la historia social y política del continente americano.

Ernesto Sábato le entrega el informe a Alfonsín.