La norma menemista en la mira de las universidades

Calidad y autonomía: jaque a la ley de educación superior

A nueve años de su sanción, la ley que regula la vida académica es el centro de los debates

Matías Loja

La dinámica social (y política) muestra por estos días, como una de sus facetas más interesantes, la revisión crítica de la década del 90. Y las universidades, con sus diversos matices, se hallan en la actualidad en un proceso más que saludable de redefinición de su rol en la sociedad.

Políticas de ingreso, permanencia y egreso universitario, evaluación institucional, financiamiento y articulación con la escuela media son, por así decirlo, los temas excluyentes de jornadas de debate que, en las últimas semanas, se vienen multiplicando en varias universidades del país, organizadas tanto por rectores, estudiantes y docentes, como por los propios funcionarios de la cartera educativa nacional.

Pero tal vez el tema que sucita la mayor atención de la comunidad universitaria en su conjunto es el referido a la cuestionada ley de educación superior. Dicho estatuto, sancionado hace ya 9 años fue, desde sus inicios, una de las "leyes del menemismo" más discutidas porque, entre sus puntos más ásperos, abrió el camino para el arancelamiento de las carreras de grado (que ya se aplica en varias universidades) y la restricción en el ingreso universitario (implementado en la mayoría de las facultades de medicina del país).

Ante esto, diversas propuestas referidas a la polémica ley universitaria se vienen barajando, aunque precisamente no son coincidencias las que afloran de estos debates, pues los proyectos sugeridos van desde una reforma minimalista hasta la derogación de la ley. Aunque es cierto también que, pese a que todos coinciden en la necesidad de revisar la actualidad universitaria, hay quienes han manifestado su preferencia en no introducir cambio alguno a la norma, pues parecen adscribir a aquella máxima que dice "más vale malo conocido que bueno por conocer".

Asimismo, es necesario destacar que, junto con la articulación, y la pertinencia (relación entre la educación superior con las necesidades del país) una de las cuestiones de mayor peso en los debates está centrada en el concepto de "calidad". Esta noción ha sido, en los últimos años, apropiada por aquellos sectores que, en pos de una "educación de excelencia" bregaron constantemente por la restricción, pues conciben que la masividad atenta contra la calidad, añorando tal vez aquellos "gloriosos" años en donde a la universidad sólo iba quien podía pagarla. El desafío hoy será, seguramente, recuperar el término "calidad" para vincularlo efectivamente con la pertinencia social y con la inclusión académica.

Pero por otra parte, también la noción de "autonomía" se pone en juego en este proceso de revisión pues, sumado a las recientes declaraciones públicas del ministro de Salud, Ginés González García, sobre la formación de psicólogos y médicos, varios funcionarios, tanto de la Secretaría de Políticas Universitarias como integrantes de la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (Coneau) se posicionan a favor de una intervención más activa del Estado sobre la educación superior, ya que sostienen que sólo así se puede garantizar el compromiso de tomar a la educación en general, y a la universitaria en particular, como una política de Estado.

En contra de esta postura otros actores, mayoritarios por cierto, no sólo defienden a rajatablas la autonomía universitaria, sino que además sugieren mayor poder para las casas de altos estudios, por ejemplo en la evaluación y acreditación, tareas hoy realizadas por la Coneau.

Varios parecen ser los temas que, como los gajos de una fruta, se desprenden del actual estado de revisión, necesario por cierto, de la ley de educación superior. Quedará por ver si para el 2005, cuando se cumplan los 10 años de vida de esta ley, se avanzó o no, en mejoras que posibiliten a futuro contar con una formación universitaria inclusiva, democrática, crítica y de calidad.