Año CXXXVII Nº 48486
La Ciudad
Política
Economía
Información Gral
Opinión
El Mundo
La Región
Policiales
Cartas de lectores


suplementos
Ovación
Educación
Campo
Escenario


suplementos
ediciones anteriores
Salud 18/08
Autos 18/08


contacto

servicios

Institucional

 sábado, 21 de agosto de 2004

Ley de lemas, el día después

Daniel Germano (*)

Tras la decisión de la Cámara de Diputados, la ley de lemas está a punto de ser derogada en la provincia de Santa Fe. Recordar la implantación de este régimen, aunque muchos ya lo han hecho, puede ayudarnos a comprender cómo se trata en el presente.

En 1991 culminaba en la provincia el segundo mandato gubernamental del Partido Justicialista desde el reinicio de la democracia. Vernet y Reviglio habían sido elegidos legítimamente por la ciudadanía santafesina, previamente ungidos por los afiliados partidarios en internas cerradas.

Por entonces el partido gobernante atravesaba una situación interna complicada, con militantes ávidos de participar, pero también desconcertados, y las conducciones políticas estaban cuestionadas en su accionar. Vale la pena en la crítica resaltar situaciones que, sin justificar, permiten comprender. Dos hiperinflaciones, conflicto político y/o judicial por destitución del vicegobernador, primera gobernación y mitad de la segunda con signo contrario a las autoridades nacionales parecieran ser justificativos válidos.

Por el contrario, la otra fuerza política (UCR), en lo nacional no había podido cumplimentar su mandato y rearmaba sus cuadros internos, aunque en la provincia de Santa Fe sobresalía con notable imagen en la ciudadanía la figura de un líder, a quien internamente le esperaba una dura batalla, que lo obligaba -más allá de salir airoso en tal supuesta contienda- a abrir la lista al principal sector opositor. En 1991 Horacio Usandizaga apoya la implementación de la ley de lemas, por ser el instrumento que solucionaba sus inconvenientes en la interna partidaria, sin dar acceso en su lista al sector opositor, convencido de que su liderazgo era suficiente para alcanzar la gobernación de la provincia.

El justicialismo solucionaba también las diferencias internas dando acogida por entonces a un extrapartidario, pero resaltando lo que iba a ser una constante en el justicialismo en todos los actos electorales posteriores, esto es la participación de un sublema con apoyo nacional y otro con apoyo provincial.


Exito alternado de uno y otro
En 1991, tuvo apoyo nacional Carlos Reutemann, y apoyo provincial Fernando Caimi, más otros con menor caudal electoral que también fueron receptores del fervor de militantes justicialistas y de sectores independientes de la sociedad. En 1995, con apoyo provincial es elegido gobernador Jorge Obeid, derrotando al extrapartidario Héctor Cavallero, quien contaba con apoyo nacional.

En 1999 es electo Reutemann, ya líder indiscutido como expresión provincial, y compitió con Carlos Bermúdez, que contaba con auspicio nacional. Por último, en el 2003 Obeid resultó electo con apoyo nacional, con la participación de Alberto Hammerly, quien contaba con respaldo provincial. Pero lo cierto es que la alternancia de sublemas en el ejercicio del gobierno impidió, por la particular forma de conducir las actividades partidarias, que los militantes justicialistas encontraran espacios suficientes para expresar su participación, con lo que la única verdad es la realidad, y todos, legítimamente todos, los militantes justicialistas, y vale la pena recalcar la legitimidad, quisieron expresarse participando en los actos electorales.

La resultante fue la generación de una cantidad de boletas electorales en los últimos comicios que, por su elevado número, planteó en algunos casos ridículas situaciones. La oposición con hábil manipulación lo quiere presentar como trampa electoral, en clara impotencia ante la derrota sufrida en las urnas. Sin reconocerlo, y con cara de distraídos, gracias a la ley de lemas lograron conservar el gobierno en su principal bastión, la ciudad de Rosario, y no pocos se sorprendieron con la celeridad con que fue reconocido su triunfo por tan escaso margen.

Lo cierto es que haciéndose eco los medios de comunicación de la necesidad de la derogación de la ley de lemas, al parecer culpable de todos los males, los dos referentes máximos del Partido Justicialista, Obeid y Reutemann, han dado su opinión. El primero con un entendible cambio de postura, primero se expresó con sinceridad diciendo "lo que sirve no se tira" en clara alusión al reconocimiento de que con la vigencia de esta norma fue electo en dos oportunidades. Pero luego responde a una agenda impuesta por los medios antes que por la sociedad , proponiendo un proyecto que derogando la ley de lemas impulsa internas abiertas, simultáneas y obligatorias, aunque tal obligatoriedad tiene serias restricciones legales. Por su parte Reutemann, ante tal agenda impuesta, manifiesta también que el ciclo de la ley de lemas está agotado y que debe ser reemplazada. Ambos de una forma u otra son, sin herir la susceptibilidad de nadie, los que tienen el predicamento válido para incidir sobre quienes hoy recae la facultad para derogar o cambiar la ley de lemas: esto es los diputados y senadores provinciales.

Ocurre que la trayectoria justicialista de los representantes de ambas Cámaras los hace dudar del acierto o no de la derogación de este instrumento electoral que permitió el éxito por todos conocido. Humildemente creo que, más allá de la duda, Obeid y Reutemann deben estar tranquilos. Con la vigencia de cualquier instrumento democrático los militantes justicialistas sabremos afrontar el desafío.

Lo que sí no podemos permitir es que se nos imponga una agenda política siendo el partido mayoritario. Ello sería entrar en el juego que más conviene a la oposición, esto es, seguir con un debate al que sutilmente se lo presenta como la trampa electoral del justicialismo, siendo que nuestro partido ya ha pagado en la historia con muchas proscripciones en defensa de la democracia. Tal vez nuestros legisladores, y vaya como aporte, deberían como gesto hacia los militantes, a quienes también se deben, en votación secreta de bloque, dirimir la posición que en definitiva se asuma. Resuelta por mayoría cualquiera sea la resultante derogación o no, los peronistas sabremos democráticamente llevar adelante el ideario justicialista con alianzas programáticas que hagan a un plan de gobierno y no que respondan a intereses meramente electorales con los resultados por todos conocidos.

Para el día después, a la oposición en general y en particular al socialismo les quedará la tarea de demostrar que la militancia rentada con los impuestos que el pueblo paga generará la masa crítica suficiente para superar el fervor y la unidad peronista ante los grandes desafíos.

(*)Ex ministro de Educación santafesino

enviar nota por e-mail

contacto
buscador

  La Capital Copyright 2003 | Todos los derechos reservados