Ex represores retornarían a la cárcel

Volverán a investigar la causa por la que fue condenado Camps

El caso se frenó en 1987 por las leyes de Alfonsín, apunta a Suárez Mason y estará en manos del juez Ballestero

La Cámara Federal ordenó reabrir otra megacausa por violaciones a los derechos humanos en la última dictadura militar, la bautizada causa Camps, en la que hasta la sanción de las leyes de obediencia debida y punto final se investigaron crímenes cometidos en La Plata, Bahía Blanca y San Martín, y que desde ahora estará a cargo, por sorteo, del juez Jorge Ballestero.

La resolución, de ocho carillas, fue tomada ayer por todos los camaristas federales porteños para garantizar el duelo y el derecho de familiares y seres queridos de las víctimas a obtener certezas de lo ocurrido.

Con la reapertura de este caso -también conocido como causa 44- suman tres las investigaciones reimpulsadas desde que el Congreso anuló las leyes de obediencia debida y punto final.

Las otras, reabiertas el 1º de septiembre pasado, se relacionan con lo sucedido en la Escuela de Mecánica de la Armada (Esma) y en el Primer Cuerpo de Ejército, y en las que ya se detuvo a no menos de treinta represores. Además, habría un millar de ellos -sobre todo de las segundas líneas- que podrían volver a prisión en todo el país, según se estimaba en la Cámara.

"Desde 1995 esta Cámara de Apelaciones ha desarrollado una intensa actividad destinada a obtener referencias sobre el destino final de las personas detenidas desaparecidas durante el período 1976/1983, en lo que se dio en llamar los juicios por la búsqueda de la verdad histórica", recordaron ayer los magistrados.

La causa 44, que también hace alusión al fallecido represor y único jefe militar de la Policía Bonaerense, Ramón Camps, se paralizó en 1987 apenas el gobierno de Raúl Alfonsín sancionó las llamadas leyes de impunidad. Entonces ya tenían condenas firmes Camps (a 25 años), el director general de Investigaciones de la Bonaerense Miguel Angel Etchecolatz (hoy preso por otra causa), y el médico de esa fuerza Jorge Bergés, acusado de atender a parturientas secuestradas en centros clandestinos de detención.

Todos fueron desprocesados con las leyes de Alfonsín o indultados luego por el ex presidente Carlos Menem, como el caso del represor Guillermo Pajarito Suárez Mason, último responsable de los centros de detención que investigó la "44".

Ballestero deberá avanzar principalmente sobre las responsabilidades penales de militares de segunda línea, que no alcanzaron a ser juzgados y están en libertad, según evaluó uno de los camaristas que impulsó la reapertura de la causa.

Pero como fin último todo apunta a volver sobre quien era el titular del I Cuerpo y responsable directo de los centros de detención, Suárez Mason, actualmente preso por robo de bebés nacidos en cautiverio.

Con las firmas de Martín Irurzun, Eduardo Luraschi, Horacio Cattani, Horacio Vigliani y Gabriel Cavallo, se advirtió que la pesquisa estará a cargo de la Justicia federal bajo el Código Penal y no del Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas, como pretendieron desde siempre los represores.