Fallo del Tribunal Oral Federal de Rosario

Once personas condenadas por integrar una banda de narcos

Las penas van de los 13 a los 4 años de cárcel. Operaban en el norte de Buenos Aires y les incautaron 68 kilos de cocaína

Un padre y su hijo, que era corredor de autos, fueron condenados ayer a 13 años de prisión como organizadores y financistas de una banda dedicada a la comercialización de cocaína. Junto a ellos fueron juzgadas otras doce personas por su participación en un caso que tomó trascendencia por la particularidad de que entre los detenidos se encuentra una mujer de 70 años, suegra del hombre que se adjudicó la total responsabilidad de la maniobra en la cual en octubre de 2000 se secuestraron 68 kilos de cocaína proveniente de Bolivia.

Juan Carlos Carrasco, de 50 años, y su hijo Claudio, que solía correr en TC 4000, fueron acusados por la organización y el financiamiento de la banda. Además de los 13 años de prisión, los condenaron a pagar 15 mil pesos de multa. El conductor del camión en el que se secuestró la cocaína, Guido Sánchez Valdez, recibió una pena de 12 años ya que el tribunal consideró su segunda reincidencia. La mujer de Juan Carlos Carrasco, Amalia Pargoleti, junto a Rodolfo Diz y Adrián Diviase (empleados del principal acusado), Olga Pérez (tía de Claudio Carrasco), Sara Diz (hermana de Rodolfo) y los nicoleños Eduardo Alanis y Mariano Pérez fueron condenados por tenencia para comercialización, con penas entre 4 y 8 años de prisión. En tanto, la abuela de Claudio, Elsa Colauti, fue condenada por almacenamiento de estupefacientes, ya que en su casa de Hurlingham fueron secuestrados oficialmente 4 kilos de cocaína. El restante acusado, un hombre al que le secuestraron una dosis mínima de marihuana, fue el único absuelto.


Críticas al proceso
El proceso fue criticado desde la primera medida que permitió el inicio de la investigación. Una denuncia anónima por la cual se ordenó la intervención de la línea telefónica de Alanis, acusado por comercialización de estupefacientes. En su casa se secuestró una cantidad mínima de cocaína que de acuerdo a la defensa "no alcanza la dosis umbral", por lo cual la abogada, Beatriz Cavallero de Barabani, había pedido una condena por tenencia simple. Sin embargo, Alanis había sido relacionado a una causa anterior, en la que el Tribunal ordenó procesar a los policías a cargo del procedimiento; proceso que fue anulado en la Cámara de Casación y aún está pendiente.

Fuentes relacionadas a la causa señalaron que fue a partir de esa situación que Alanis se comunicó con Carrasco -a quien conoció en la cárcel-, cuyo número de teléfono consiguió a través de la operadora telefónica, y a partir de ese cruzamiento de datos la policía intervino los teléfonos restantes que permitieron desbaratar el envío y secuestrar el camión.

El vocero resaltó que en las escuchas surge claramente que la operación era por una compra de 30 kilos de cocaína, y no los 68 que fueron secuestrados. "Nunca se investigó para quienes era el resto -dijo-. Este grupo era una línea en la investigación y las otras se dejaron de lado", aseguró la fuente.

La instrucción de la causa estuvo a cargo del juez de San Nicolás Carlos Villafuerte Russo, aunque los secuestros -realizados a fines de octubre de 2000- ocurrieron en Campana, Zárate, Hurlingham, Glew y sólo algunos allanamientos se realizaron en San Nicolás, por lo cual la jurisdicción fue uno de los puntos discutidos en el proceso.

El Tribunal Oral Federal en lo Criminal Nº1, que fijó las penas, estuvo presidido por Otmar Paulucci, secundado por Santiago Harte y Laura Cosidoy, que votó en disidencia. La jueza se pronunció por penas de 15 años para Juan Carlos y Claudio Carrasco y pidió la prisión para Pargoleti y Colauti (en este caso, domiciliaria debido a su edad), que estarán en libertad hasta que la condena quede firme. El pedido de la jueza coincidió con la pena solicitada por el fiscal, Eric Warr.