El gobierno acusó al binnerismo por buscar "ensuciar" el proceso electoral

El Frente Progresista Cívico y Social presentó ante el Ministerio de Gobierno de Santa Fe un pedido de revocatoria del contrato acordado con la ONG Democracia Representativa, observadora de los comicios de hoy.

   “La actitud y declaraciones del Frente Progresista constituyen la culminación de acciones psicológicas tendientes a ensuciar injusta y gratuitamente el proceso electoral santafesino, creando desconfianza en el gobierno provincial con vistas a encubrir una eventual derrota electoral”, replicó el ministro de gobierno, Roberto Rosúa.

   El sistema electoral establecido tiene un funcionamiento reglado por medio de normas constitucionales, legales y reglamentarias, procedimientos técnicos y administrativos, y la participación de funcionarios, ciudadanos y partidos políticos que garantizan la transparencia y legalidad de todo el proceso. Por ejemplo los 7.500 fiscales del candidato Binner, sostiene.

   

Detalles del proceso. El sistema instaurado en la provincia, en el que se conjugan el método de escrutinio provisorio en las propias mesas de votación con el escrutinio definitivo a realizarse por el Tribunal Electoral, funciona con la participación de funcionarios (en su mayoría docentes), que cubren los cargos de presidentes de mesa, que entre titulares y suplentes, suman la cantidad de 12.000 personas. A esto se agregan los jefes de locales y, “como garantía de imparcialidad”, se encomendó la seguridad de todo el desarrollo comicial a la Gendarmería Nacional.

   “Este mecanismo se sostiene en el andamiaje institucional severamente controlado por la participación de los partidos políticos, que intervinieron en todo el proceso previo”, dijo Rosúa. “En todo este andar participativo de los partidos políticos, ha tenido relevancia el accionar del Frente Progresista, como lo dan cuenta las actas. Los partidos políticos en definitiva son cogestores y corresponsables del desarrollo transparente y legal del procedimiento electoral. Ante la insistencia de participación de veedores u observadores de extraña jurisdicción, mas allá e independientemente de considerar que el propio sistema provincial brinda las garantías y seguridades necesarias, se realizaron gestiones a nivel nacional vía Ministerio del Interior, para obtener el concurso de observadores o veedores de la OEA como así del Cipec, ambas con la intervención del director electoral, Alejandro Tullio.

   Y continuó Rosúa: “Las gestiones con dichas instituciones no dieron resultado. No por que la provincia no lo deseara, sino por decisión inherente a la propia OEA, que se autoexcluyó, y la del Cipec por exigencia de Binner, quien la consideró factible solo si la OEA intervenía”.

   En la presentación, se solicita que el gobierno dé por concluida la relación con Democracia Representativa y reitera que ratifican que la responsabilidad del proceso comicial corresponde al Ejecutivo. “Vaya descubrimiento del Frente Cívico. El gobierno provincial es responsable del proceso comicial no por que dicho frente lo haya decidido o nos lo haga saber, es el responsable por imperio de la constitución y de la ley”, sostuvo.

   La presentación la realizó el apoderado legal del Frente, Raúl Lamberto, quien también cuestionó que dos observadores internacionales sean venezolanos. “La relación del gobierno nacional con el de [Hugo] Chávez es un dato que no se puede dejar de tener en cuenta”, merituó el diputado provincial socialista.