En foco. El 24 de marzo

Desindustrialización, especulación financiera (la plata dulce) y la instauración de un modelo basado en el liberalismo monetario expresan la síntesis del impacto económico que dejó la dictadura de 1976 en la Argentina, una herencia que todavía hoy ,a 31 años del golpe, el país sigue buscando remontar.

Aunque el neoliberalismo de los años 90 profundizó el programa económico cuya expresión más clara fue Alfredo Martínez de Hoz, el gobierno militar que arrancó el 24 de marzo del 76 empezó a desmantelar la estructura productiva de la Argentina.

Por caso, la pequeña y mediana empresa fue sacrificada y con la apertura de la economía y el ingreso de productos del exterior las industrias comenzaron a desmantelarse. En tanto, el ministro de Economía (por entonces miembro del directorio de Acindar, una de las empresas cuya deuda luego se estatizó) fue el encargado de pilotear un proyecto que fue apoyado por bancos extranjeros y organismos internacionales, basado en el fin del Estado intervencionista, la protección del mercado interno y al subsidio a empresas. El resultado de esta política se tradujo en un gran endeudamiento externo, industrias quebradas y al finalizar la dictadura una disparada de la inflación.

De hecho, durante el gobierno de la Junta Militar se produjo un aumento de los combustibles, la electricidad, teléfonos y gas, además del costo del agua y la tarifa ferroviaria de larga distancia respaldados en el decreto 1443 del año 79.

A principios de los 80, cuando el gobierno de facto comenzaba a derrapar tras la derrota en Malvinas, tomó una de las medidas que impactarían de lleno en la estructura financiera de la Argentina.

Se produjo la estatización de la deuda de las empresas privadas, una operación diseñada en 1982 por el entonces titular del Banco Central, Domingo Cavallo. Con esta movida, el Estado elevó su deuda externa de 26.341 millones de pesos a 40.703 millones en 1982.