Denuncia penal contra ediles y el intendente de Gualeguay

La oposición sostiene que fue irregular la aprobación de varias ordenanzas en una confusa sesión del Concejo

Gualeguay. - Los concejales Enedín Matorra (UCR) y Mario Moreno (Nuevo Espacio Entrerriano) de esta ciudad denunciaron penalmente al intendente José Salim Jodor, a la presidenta del cuerpo deliberativo, María Luisa Bentos Alvez, y a otros cinco ediles justicialistas por una polémica sesión celebrada el pasado 4 de mayo en la que se aprobaron varias ordenanzas, entre ellas el presupuesto municipal de este año.

Recientemente, los bloques opositores UCR, Nuevo Espacio Entrerriano y Militancia Social habían presentado un recurso de amparo porque "en la confusa sesión se sancionaron normativas sin tratamiento previo sobre tablas, es decir que los proyectos correspondientes pasaron directamente de comisión al recinto y sin el quórum suficiente".

El juez de Instrucción de Gualeguay, Dardo Tórtul, desestimó la presentación porque consideró que "el recurso de amparo no es la vía idónea en este caso y los denunciantes no estaban habilitados como actores para entablar la demanda", por lo que no se expidió sobre el fondo de la cuestión.

De todas maneras los acusadores presentaron una apelación ante la Sala Constitucional del Superior Tribunal de Entre Ríos, la cual tendrá la última palabra.

Por otra parte, Matorra y Moreno insistieron en la ilegalidad del procedimiento y apuntaron directamente contra el oficialismo en una denuncia que presentaron ante el fiscal Darío Crespo. La acusación alcanza al intendente Jodor "porque le pedimos que se abstuviera de promulgar las ordenanzas, dado que entendíamos que había una irregularidad y las promulgó igual", manifestó Matorra.

Para el edil radical, la presidenta del Concejo Municipal "no cumplió con sus deberes de funcionaria pública y tomó actitudes para las que no está facultada según el reglamento del cuerpo".

En cuanto a sus pares justicialistas, Matorra expresó que "hicieron caso omiso de nuestra forma de pensar. Cometieron un error interpretativo, aunque me parece que lo hicieron ex profeso. De cualquier manera hay incumplimiento de los deberes de funcionario porque el reglamento está dictado por una ordenanza que no se puede oponer jamás a la ley 3.001 de municipios. Incluso ésta dice que todo asunto fuera de una sesión debe ser aprobado sobre tablas con los dos tercios. No tenían quórum y cinco tipos aprobaron a mansalva cualquier ordenanza".

"La comunidad debe saber que acá se violaron los reglamentos y la ley y en una sesión irregular se enajenaron bienes municipales. Cualquiera que haya participado de una sesión sabe que hay un orden del día que respetar", dijo Moreno.

Mientras tanto, el Ejecutivo municipal puso en vigencia las normas en cuestión referidas al presupuesto para el año en curso -que asciende a unos 22 millones de pesos-, la venta de 200 parcelas y 2.600 nichos que se construyen en el cementerio, el nombramiento de un juez de faltas, el incremento de multas y el retiro de vehículos abandonados.

Al respecto, el único miembro del bloque Militancia Social, Aldo Benedetti, opinó que el Ejecutivo "no debería aplicar las reglamentaciones cuestionadas hasta tanto el Superior Tribunal resuelva sobre el fondo de la cuestión".


Un duro revés
Para el secretario de Gobierno, Gastón Justet, la resolución del juez de desestimar el recurso de amparo se trató de "un duro revés para la oposición, la cual debería dejar de ponernos palos en la rueda". Para Benedetti el fallo "no fue un revés porque el magistrado no resolvió la cuestión de fondo, que es la supuesta aprobación indebida de las ordenanzas. No entiendo el criterio aplicado de que los concejales no podamos reclamar ante la Justicia".

"Se demostró a las claras que hemos actuado acorde a la ley, que se ha cumplido con lo solicitado por la Justicia y que siempre hemos estado dispuestos a hacerlo. Otra vez salimos airosos de estas contiendas judiciales y los que tienen que dar explicaciones a la sociedad son los ediles opositores, porque esta actuación no beneficia a nadie sino que perjudica al intentar poner obstáculos al trabajo de la comuna y hostigar la administración que encabeza Jodor", enfatizó Justet.