Atrasados. Piden un pago adicional para normalizar la labor en tres semanas

Trámites

Para el profesional, hay una primera responsabilidad en todo este retraso. "Acá hay un patrón que es el Estado provincial -dice-, que debe atender los reclamos de los empleados, que pueden ser justos o no, no sé, pero deben solucionarse". Y va más allá con la crítica. "También hay que ver qué pasa dentro del Registro, me parece que falta amor propio. Hay 130 empleados, que trabajan medio día, están bien pagos y por suerte nunca les falta trabajo porque son cientos los profesionales que pasan allí por día. Piden premios y yo no lo comparto; si las cosas no se hacen en el tiempo necesario, ¿de qué premio me hablan? Y además ¿qué es eso del trámite de urgencia sino un recurso para cobrar más algo que se puede hacer con total normalidad?", se pregunta.

"Hay falta de organización"

Tampoco se queda atrás en la queja el presidente del Colegio de Procuradores, Carlos Mastruleri, quien también apunta la mira contra el gobierno provincial. "Si el problema del retraso es por dinero, que (Jorge) Obeid se ponga los pantalones", dice. Pero luego mira específicamente puertas adentro del Registro. "Hay falta de organización en el trabajo y hay empleados que no trabajan lo suficiente", remarca.

Para Mirta Cabullio, titular del Colegio de Martilleros, que el director del Registro pida disculpas por las demoras a través de una carta no basta. "Es el ciudadano común el perjudicado con toda esta demora", afirma, y da un ejemplo. "Realizo la subasta de un terreno baldío que alguien no pagó por años ni ocupó. Necesito un informe sobre si hay gravamen o inhibición sobre el inmueble. Antes eso se daba en simultáneo en menos de diez días. Ahora en ese lapso sólo se realiza la mitad del trámite", señala.

Pero haciendo caso omiso a esas críticas, el delegado gremial por la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), Daniel Gastaldi, da su versión de los hechos. "Esto es un caos porque tenemos cuatro tipos de empleados conviviendo, una situación irregular: los de planta permanente, los contratados hace 13 años, más contratados por amparo y que cobran cada muerte de obispo y los transferidos del ex Banco Provincial de Santa Fe", se queja.
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Para el profesional, hay una primera responsabilidad en todo este retraso. "Acá hay un patrón que es el Estado provincial -dice-, que debe atender los reclamos de los empleados, que pueden ser justos o no, no sé, pero deben solucionarse". Y va más allá con la crítica. "También hay que ver qué pasa dentro del Registro, me parece que falta amor propio. Hay 130 empleados, que trabajan medio día, están bien pagos y por suerte nunca les falta trabajo porque son cientos los profesionales que pasan allí por día. Piden premios y yo no lo comparto; si las cosas no se hacen en el tiempo necesario, ¿de qué premio me hablan? Y además ¿qué es eso del trámite de urgencia sino un recurso para cobrar más algo que se puede hacer con total normalidad?", se pregunta.

"Hay falta de organización"

Tampoco se queda atrás en la queja el presidente del Colegio de Procuradores, Carlos Mastruleri, quien también apunta la mira contra el gobierno provincial. "Si el problema del retraso es por dinero, que (Jorge) Obeid se ponga los pantalones", dice. Pero luego mira específicamente puertas adentro del Registro. "Hay falta de organización en el trabajo y hay empleados que no trabajan lo suficiente", remarca.

Para Mirta Cabullio, titular del Colegio de Martilleros, que el director del Registro pida disculpas por las demoras a través de una carta no basta. "Es el ciudadano común el perjudicado con toda esta demora", afirma, y da un ejemplo. "Realizo la subasta de un terreno baldío que alguien no pagó por años ni ocupó. Necesito un informe sobre si hay gravamen o inhibición sobre el inmueble. Antes eso se daba en simultáneo en menos de diez días. Ahora en ese lapso sólo se realiza la mitad del trámite", señala.

Pero haciendo caso omiso a esas críticas, el delegado gremial por la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), Daniel Gastaldi, da su versión de los hechos. "Esto es un caos porque tenemos cuatro tipos de empleados conviviendo, una situación irregular: los de planta permanente, los contratados hace 13 años, más contratados por amparo y que cobran cada muerte de obispo y los transferidos del ex Banco Provincial de Santa Fe", se queja.