El Vaticano consideraría disuelto el concordato con el Estado argentino

Así trascendió de fuentes de la diplomacia eclesiástica. Es por el decreto del gobierno que desconoció a Baseotto

El Vaticano le notificaría en los próximos días al gobierno argentino que el decreto que desconoce a monseñor Antonio Baseotto como obispo castrense rescinde "unilateralmente" el concordato suscripto entre el Estado argentino y la Santa Sede.

La medida es analizada minuciosamente por estas horas en el Vaticano y podría oficializarse "mañana o tal vez el lunes", según adelantaron fuentes de la diplomacia eclesiástica. Luego aseguraron que el conflicto bilateral "no se distendió como se pretende hacer creer desde la Casa Rosada".

"Aquí está en juego la libertad religiosa porque a monseñor Baseotto se le está impidiendo el ejercicio de su misión pastoral", advirtieron los voceros oficiosos, en consonancia con los dicho el sábado por el director de prensa de la Santa Sede, Joaquín Navarro Valls.

Asimismo, denunciaron que el polémico prelado no pudo celebrar misa hoy en la catedral Stella Maris, en el barrio porteño de Retiro, por "sugerencia" de la Presidencia de la Nación, aunque la medida fue adoptada por el Obispado Castrense.

La versión de voceros gubernamentales de primera línea daba cuenta de que "si lo hubiera hecho (celebrar misa), el gobierno lo hubiera interpretado como una provocación". No obstante, el Obispado Castrense informó, mediante una nota de prensa, que "no estaba previsto" tal servicio religioso por Semana Santa y que los capellanes militares cumplían "normalmente" sus actividades pastorales.

La decisión que fue interpretada por el gobierno como "todo un gesto" por parte de la Iglesia que, sin embargo, salió a decir a través del titular del Episcopado y arzobispo de Rosario, monseñor Eduardo Mirás, que había una "campaña" en contra de esa institución.

La comunicación vaticana llegaría tras la negativa de la administración kirchnerista de poner por escrito que "no impediría el ejercicio pastoral" del obispo castrense, como se difundió a través de los medios de comunicación.

El pedido se lo formuló el lunes el nuncio apostólico, monseñor Adriano Bernardini, al secretario de Culto, Guillermo Oliveri, cuando éste le entregó el decreto presidencial junto a una nota del canciller Rafael Bielsa.

Pero desde la Casa de Gobierno no había anoche "ninguna intención" de recurrir a tal explicación formal por escrito. "Lo que dice el decreto 220/05 sólo puede modificarse con otro decreto. Pero no hay ánimo para hacerlo", amplió una fuente del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto.

En tanto, desde la Iglesia se sostiene que el punto 1 del decreto "dejaría caer en forma unilateral" -por eso es analizado puntillosamente en el Vaticano- el tratado de 1957 que establece las relaciones entre la Santa Sede y la Argentina sobre "jurisdicción castrense y asistencia religiosa a las Fuerzas Armadas", y el concordato de 1966 (ver aparte).

Nada objetan -revelaron las fuentes- del punto dos, que habla de la quita de atribuciones, como ser sueldo y condición de secretario de Estado.

El desplazado Baseotto.