Piden no cambiar las condiciones para acceder a viviendas Fonavi

Diputados provinciales quieren que se respete a los preadjudicatarios. Suben al doble los ingresos exigidos

La Cámara de Diputados aprobó un pedido de comunicación al Poder Ejecutivo para que la Dirección Provincial de Vivienda y Urbanismo (DPVyU) no modifique la situación de preadjudicatarios de las llamadas viviendas Fonavi, la mayoría de Rosario, quienes fueron favorecidos por el sorteo de octubre de 2002, pero que ahora no accederían a sus casas al incrementarse casi el doble los montos de los ingresos familiares (requisito para acceder). El proyecto fue presentado por el bloque del Partido del Progreso Social (PPS), y en la sesión del jueves pasado fue aprobado por el resto del cuerpo frente a la solicitud de numerosas familias que por esta decisión del organismo provincial quedarían afuera de esta operatoria.

El diputado del PPS, Oscar Urruty, explicó al fundamentar el pedido, que el 24 de octubre de 2002 en la Sala Lavardén se efectuó un sorteo con orden de prioridad para la adquisición de viviendas Fonavi. En ese sorteo fue favorecido como preadjudicatario un conjunto de vecinos que ahora se encuentra a punto de no acceder a la vivienda al verse incrementados en casi el doble el monto de ingresos laborales que se exigen para acceder al beneficio.

El legislador cavallerista expresó que a principios de este año la Dirección Provincial de Vivienda convocó a los preadjudicatarios en cuestión para que vuelvan a justificar sus ingresos laborales y datos personales, debido a que los montos exigidos se habían modificado. Así, pasaron de 650 pesos a 1.600 para una vivienda de dos dormitorios, y de la suma de 800 a 1.800 pesos para una casa de tres dormitorios. Los vecinos expresaron que estas condiciones no se pueden cumplir.

Los afectados se reunieron en distintas oportunidades con funcionarios del organismo provincial de la vivienda a fin de analizar la situación y proponer soluciones, pero destacaron que no hubo acuerdo por "la intransigencia de los representantes oficiales con relación a los montos exigidos para la operatoria".

Precisamente en torno a esta situación los legisladores provinciales sostienen que no se puede desconocer el "legítimo derecho de los preadjudicatarios para obtener sus viviendas". También agregan que "en este tipo de ocasiones el accionar del Estado se asemeja más al de la banca privada que al de quien tiene el deber constitucional de tutelar el derecho a la vivienda de la población de la provincia".

Urruty sostuvo que "el gobierno provincial ha reconocido a sus trabajadores (maestros, policías y agentes públicos) un salario de 650 pesos y resulta que esta política de la Dirección de Vivienda le niega a esos mismos trabajadores la posibilidad de una casa digna".